Empezamos el último lunes del mes con muchísima información y recordando lo que pasó el fin de semana: durante la madrugada del sábado, la Policía Estatal desalojó el plantón de estudiantes que desde la tarde del viernes se instaló en Casa Aguayo para exigirle al gobernador Barbosa que cumpla sus promesas de campañas relacionadas con el panorama educativo poblano.
Las notas sobre educación no terminan ahí, pues hoy millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país regresaron a clases presenciales.
Al parecer, el nuevo etiquetado de alimentos no le importó mucho a quienes se encargan del programa de Desayunos Escolares porque los empaques de las galletas y barras de avena y amaranto que entregan contienen sellos de exceso de azúcares y exceso de calorías, por lo que no contribuyen al objetivo de “disminuir la problemática de la mala alimentación en la población escolar”.
Ahora hablemos de acceso a la justicia. Resulta que aunque en Puebla se tipificó el delito de feminicidio en 2013, y desde entonces se han abierto 207 carpetas de investigación por ese ilícito, solo se han dictado 12 sentencias firmes —es decir, resoluciones que ya no pueden ser impugnadas mediante ningún recurso—.
Ayer, domingo, avanzaron por la carretera costera de Chiapas mientras los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) esperaban a quienes se rezagaban o cansaban para capturarles con sus vehículos.
Por otro lado, el domingo iniciamos con una serie de reportajes —en los que colaboraron diferentes medios de Latinoamérica, como POPLab y Ojo Público—, en la que se cuentan historias de mujeres trans y cómo la pandemia impactó en su empleo, economía cotidiana y acceso a oportunidades.
La primera entrega se sitúa en México y nos presenta a Angy, Claudia y Ruby, quienes se han enfrentado a la falta de oportunidades laborales y a la prácticamente nula atención médica que el país les ofrece (en parte porque no tienen acceso al seguro social, pero también por la discriminación que sufren por parte del personal de salud).
La entrega de hoy es sobre Colombia, donde a pesar de tener una de las legislaciones más progresistas de la región en derechos de las personas LGTBQ, eso no se ha traducido en unas mejores condiciones de vida, especialmente para muchas mujeres trans que a diario son víctimas de la discriminación y de distintos tipos de violencia
