“Mi gobierno nunca hará ninguna vigilancia, espionaje, ni seguimiento en materia política”, presumió el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ante el escándalo nacional por la vigilancia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a decenas de periodistas y defensores de los derechos humanos mediante el software Pegasus.
No hay certeza, más allá de la palabra del mandatario estatal, de que su gobierno no haga espionaje político —como lo hizo su predecesor, el ex gobernador Moreno Valle—, de lo que sí hay certeza es de que cuentan con un equipo de seguimiento llamado Geomatrix.
El portal e-consulta halló que en diciembre de 2019, ya en el periodo de gobierno de Barbosa, el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a petición de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, contrató una licencia de software que permite geolocalizar y rastrear en tiempo real teléfonos celulares a partir del número asignado. Y pagó por ello la friolera de 18.8 millones de pesos.
Un año después, el 22 de septiembre del 2020, se hizo un nuevo pago a Neolinx de México, intermediaria de la empresa italiana especializada en la venta de software de vigilancia, Hacking Team, por un millón de pesos.
Que un gobierno tenga herramientas digitales de seguimiento para temas de seguridad pública no es un problema, pero es más que sabido el uso político que se le suele dar a esas herramientas por encima del interés público. Ahí está lo sucedido con Hacking Team, LADO B documentó hace unos años que los objetivos del gobierno de Moreno Valle fueron políticos antes que criminales.
#LeyDesapariciónPueblaYA: ¿corrección o imposición?… Primero dijeron que sí, que se comprometían con las familias de las personas desaparecidas a legislar una ley local para el tema, después se olvidaron del asunto, ahora el gobernador Barbosa, presionado por movilizaciones y actores nacionales, mandó una iniciativa y el Congreso se alista para aprobarla.
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