Lydiette Carrión
En 37 escuelas de nivel preescolar de nueve estados del país se encontraron patrones que hacen pensar que es posible la existencia de redes de explotación sexual. Así lo documentó la Oficina de los Derechos de la Infancia (ODI) y un grupo de expertos que ha seguido los casos. Uno de los primeros casos ocurrió en Oaxaca en 2006, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, y los ministros entonces determinaron que quedara impune.
En aquel entonces, la defensa de los autores materiales (que agredieron, grabaron y lastimaron a un pequeño de cuatro años) la hizo uno de los bufetes de abogados más caros de México. La defensa la encabezó Humberto Castillejos Cervantes, cercano al procurador de la República en aquel entonces y quien posteriormente fue miembro del gabinete de Peña Nieto. También filtraron a la prensa nacional documentos para desacreditar a la madre del menor.
Redes de explotación contra niños de tres y cuatro
El informe es claro: no se trata del abuso sexual que cotidianamente, y lamentablemente, es cometido por miles contra niñas y niños en las escuelas del país. En este caso, los expertos identificaron un patrón de extrema crueldad física, sexual y psicológica contra pequeños de tres y cuatro. Por ello se presume la posibilidad de una red de explotación sexual, abuso y pornografía infantil coordinada. Se trató no sólo de casos aislados entre sí, sino de la colusión de varios trabajadores y profesores de escuelas públicas y privadas. Al menos 37 escuelas distribuidas en siete estados del país presentaron esto, con rasgos y modus operandi similares, durante los últimos 20 años.
Estos casos han ocurrido desde el 2001 a la actualidad. Los estados son: San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Estado de México, Baja California, Ciudad de México y Oaxaca. Sobre esta última entidad, hay dos casos registrados por la ODI.
El primero fue el ocurrido en el Instituto San Felipe en la ciudad de Oaxaca el 7 de noviembre de 2006; un año en el que Oaxaca sufrió gran convulsión social.
El 23 de mayo de 2007 se inició la denuncia formal ante el Ministerio Público especializado en delitos sexuales. La familia presentó peritajes hechos por especialistas y una muestra de semen en la ropa interior del pequeño. Sin embargo, denunciaron medios oaxaqueños, “la entonces titular trató de archivar el asunto e inclusive ofrecer un arreglo económico”.
Hubo tres autores materiales señalados: la profesora Magdalena García Soto (quien llevaba al niño a un gimnasio, donde era agredido); el esposo de ésta, Gabriel Hugo Constantino García, quien era copropietario y representante legal del Instituto “San Felipe”; y Salvador Adán Pérez Ramírez, profesor de computación. Estos dos últimos fueron los agresores directos.
“Con mucho esfuerzo y el apoyo de amplios sectores de la sociedad, logré que se consigne la averiguación previa, dando origen a la causa penal 133/2007″. Así lo señaló la madre del menor de edad, en aquel entonces. Esto permitió una sentencia de 10 años contra Magdalena García Soto.
Además, el Juez dictó dos órdenes de aprehensión contra Constantino García y Salvador Adán Pérez Ramírez, quienes se evadieron de la policía.
Pero si desde hubo influencias políticas en el caso, lo más sorprendente fue la defensa legal privada para los tres acusados.
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CANIJO CONEJO
