Esta semana la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) —esa que tanto prurito le causa al presidente— publicó un par de investigaciones sobre un aliado presidencial (otro de esos aliados que tienen claro que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error) y sus empresas fantasmas.
De acuerdo con el trabajo de las y los periodistas de MCCI, fue el SAT quien descubrió, a través de auditorias realizadas en 2019 y 2020, a seis empresas proveedoras del gobierno del estado de Chiapas que eran en realidad compañías de papel, y les pagaron más de 500 millones de pesos. En esos años Manuel Velasco era el gobernador.
Dice MCCI: “A pesar del hallazgo de esos actos de corrupción, Morena formalizó este año una alianza con el Verde y ahora depende de ese partido para mantener la mayoría en el Congreso. El propio Velasco refrendó el pasado domingo —día de la elección— su disposición a respaldar desde el Legislativo el proyecto político de López Obrador. ¿Se negociará el perdón a los desvíos del gobierno de su aliado?”
Las reporteras de MCCI visitaron los domicilios de los supuestos socios de las empresas en Chiapas y en Morelos, y constataron que se trata de personas de condición humilde, sin actividad empresarial, a las que presuntamente les robaron su identidad. Las direcciones fiscales tampoco corresponden a compañías; en un caso, el domicilio es una casa con techo de lámina y en otro un baldío.
Pero, como ya ha pasado en otros casos, esas empresas fantasmas que se usan para desviar o defraudar al fisco muchas veces aparecen con contratos no solo entre diferentes niveles de gobierno, sino incluso en otros estados. Y este caso no es la excepción.
Resulta que el portal e-consulta detectó que una de esas empresas, Operadora Zall, le facturó 2.6 millones a los ayuntamientos de Libres y de Puebla, por servicios de capacitación y talleres.
El 17 de marzo de 2016 el ayuntamiento de la capital, encabezado entonces por Luis Banck Serrato, firmó un contrato con Operadora Zall a cambio de “capacitación en las tecnologías de información para el desarrollo educativo en las comunidades con mayor índice de marginación en el municipio de Puebla”. Aunque el contrato fue firmado por Xabier Albizuri Morett, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el ayuntamiento capitalino.
De acuerdo con el contrato que publica el portal, Operadora Zall fue constituida en Puebla y tuvo un domicilio fiscal en la colonia San José Mayorazgo. En la misma dirección que otra empresa registrada en el padrón de proveedores de esos años que también tuvo contratos por cursos de panadería, carpintería, computación y hasta de zumba con el ayuntamiento de Libres. ¿Otra empresa fantasma?
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