Gloria Alvitres

“Podrán matar uno, dos, tres de nosotros, pero otras y otros vendrán a defender el bosque, no nos van a exterminar”, dice Marisol García Apagüeño, lideresa kichwa del Bajo Huallaga en San Martin, Amazonía de Perú. Es la única dirigente mujer de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha) y aunque se siente orgullosa de ocupar ese cargo, sostiene que es no nada fácil, y se vuelve más complicado y peligroso cuando eres es la voz de 14 comunidades amenazadas por el tráfico de madera, el narcotráfico y la falta de titulación.

La lideresa indígena tiene el cargo de secretaria de actas en la Fepikecha desde el 2018, cuando fue elegida para representar a las comunidades indígenas kichwas del Bajo Huallaga. Desde su comunidad en Chazuta ha impulsado una campaña para hacer públicos los problemas de los pueblos indígenas y denunciar sobre todo las actividades ilegales. Cuenta que usa todos sus conocimientos, entre ellos sus estudios de diseño gráfico y computación, para lograr este objetivo.

Ella logró también crear la radio comunitaria Voces de la Selva – Fepikecha y apoyó el lanzamiento de una página de Facebook de la federación. Eso, sin embargo, le ha traído también  advertencias y amenazas indirectas de las mafias instaladas en la zona.

“Sigo tocando puertas, me he presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contar del peligro que estamos viviendo, también nos hemos reunido con organizaciones de derechos humanos, porque mis hermanos están amenazados, han secuestrado a defensores indígenas y yo sé lo que es vivir con miedo, que no puedas salir ni de tu casa porque te pueden matar”, dice la dirigente kichwa.

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Marisol García Apagüeño recuerda muy bien su infancia en Chazuta, hace 30 años, cuando el Huallaga era conocido como una zona de alta producción de cultivos ilícitos de hoja de coca y de pasta básica de cocaína. Sin embargo, este panorama cambió con el despliegue de numerosas campañas de erradicación lideradas desde el Estado en la década de 1990 y 2000 como señala el estudio titulado El Modelo de Desarrollo Alternativo de la Región San Martín publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). A partir del 2005, dice la lidereresa indígena, las personas habitantes de la zona empezaron a recuperar la tranquilidad y a vivir convencidas de que esa pesadilla se había terminado. Pero el enemigo otra vez acecha a las comunidades indígenas.

“Por eso si puedo hablar, lo haré, porque los problemas solo han crecido con la pandemia y no nos escuchan, las autoridades no hacen nada”, asegura Marisol García Apagüeño.

Pobladores de la zona, con los que pudimos hablar para este reportaje, confirman que las amenazas han vuelto y que al narcotráfico se suma el crecimiento de otras actividades ilegales como la tala de árboles en territorio kichwa.

Sin títulos de propiedad

Madera extraída ilegalmente en territorio de Santa Rosillo de Yanayaku/ Foto: Rondas indígenas del Bajo Huallaga

El territorio para los pueblos indígenas es parte de la herencia de sus antepasados y antepasadas, ocupantes originarios que domesticaron plantas y se adaptaron a las condiciones ambientales. Marisol García heredó de su abuelo y abuela ese territorio, así como la técnica para trabajar la cerámica y hacer cántaros que conservan el agua fría. Heredó también el conocimiento de las plantas, del cultivo de cacao, el uso de plantas medicinales. Aunque los kichwas han ocupado el Bajo Huallaga por miles de años, de las comunidades asociadas a Fepikecha ninguna comunidad de las 14 tienen títulos de propiedad sobre sus tierras y tres de ellas no están reconocidas como indígenas, a pesar de haber iniciado el proceso de reconocimiento. Este —aseguran los dirigentes de la federación— sigue en manos de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de San Martín (GORE San Martín).

“Somos más antiguos que la Constitución política —señala la lideresa kichwa—, hemos llegado a esta tierra antes que cualquier legislación incluso, por eso tenemos derecho”.

William Ríos, director de la Dirección de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural del GORE San Martín, confirma que hay un peligro de invasiones y de actividades ilegales que corren las comunidades al no tener título de propiedad. “Estamos haciendo lo posible por titular, aunque los costos son altos. Por cada comunidad se estima un gasto de 33 mil soles para realizar el proceso, pero estamos tratando de avanzar dentro de nuestras posibilidades”, indica.

La situación de las comunidades se agrava cada día, sobre todo cuando denuncian que el tráfico de madera ha ido en aumento en plena pandemia por el COVID-19, y advierten que el narcotráfico ha reaparecido para amenazar de nuevo la vida de estos pueblos.

“¿Cómo es posible que nos digan que no somos indígenas? «, dice molesta Marisol García Apagüeño. Fue el alcalde Geyner Silva Macedo del distrito de Huimbayoc, en San Martín, quien afirmó en diciembre del 2020 que comunidades kichwas que no hablaban el idioma nativo no merecían ser reconocidas, y desconoció la existencia de pueblos nativos en la zona. Esa negación no es casual, señala Luis Hallazi, abogado especialista del Instituto del Bien Común (IBC).

En el caso de San Martín, Hallazi indica que no se ha avanzado mucho en la titulación de tierras de comunidades indígenas. El especialista del IBC dice que el problema está en la superposición de algunos de los territorios indígenas con áreas protegidas, como es el caso del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.  En total son 8 comunidades de  Fepikecha, en el área del Bajo Huallaga, superpuestas con esta ACR, según informa el presidente de la federación Wilger Apagüeño Cenepo.

Marisol García reunida con mujeres kichwa de San Martín siempre buscando informar e impulsando el liderazgo de mujeres/ Foto: Fepikecha

“Sin título de propiedad no podemos reclamar nada, porque cuando vamos al Gobierno Regional nos preguntan por documentos que no tenemos”, dice Marisol García.

William Ríos afirma que en el caso de la superposición con el ACR Cordillera Escalera quien tiene la última palabra es la Autoridad Regional Ambiental. Añade que ellos han empezado un proceso de mejora de su sistema para titular a las comunidades y van a revisar el caso de Fepikecha.  El especialista Luis Hallazi insiste en que el Gobierno Nacional ha impulsado áreas de conservación regionales y privadas sin respetar los límites de los territorios indígenas.

Para Hallazi existe una relación directa entre las actividades ilegales y la falta de titulación, pues sin un documento legal que avale la propiedad de sus territorios, no solo no pueden reclamarle al Estado por invasiones, sino que se les niega sus propios derechos. Explica que, en San Martín y en la Amazonía en general, grupos de colonos suelen asentarse en los territorios de las comunidades, deforestan, venden madera y empiezan a sembrar coca. Cuando están instalados, ya es difícil sacarlos de las tierras, y los peligros se vuelven latentes.

Marisol García afirma que este el caso de dos de las comunidades que más apoyo le han solicitado, Santa Rosillo de Yanayacu y Anak Kurutuyacu, cuyos problemas por deforestación y la invasión de terrenos para cultivos ilícitos de coca se han agravado en los últimos cuatro años. “Es tan grave que no pueden salir, se encuentran como secuestrados por las mafias, los siguen, están al tanto de todos sus movimientos”, afirma.

Para la lideresa kichwa, si las comunidades tuvieran un título de propiedad podrían presionar para desalojar a los invasores. “Pero nos discriminan constantemente, nos piden explicaciones de que somos realmente indígenas, nos cuestionan si somos originarios”, asegura en alusión a las palabras del alcalde Geyner Silva Macedo. Añade que ya no saben qué hacer ante el aumento del tráfico de madera y el narcotráfico en el contexto de la pandemia.

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*Foto de portada: La defensora ambiental kichwa Marisol García en su comunidad de Túpac Amaru/ Foto: Cortesía Marisol García