Mariela Jara

El COVID ha precarizado tremendamente la vida de las mujeres en los países de América Latina y El Caribe. Se estima que unas 118 millones de ellas se hundieron en la pobreza en la región a consecuencia de la crisis económica y social generada por las medidas destinadas a enfrentar la pandemia.

Pero no es el único impacto, también se han incrementado los índices de violencia machista, la caída específica del empleo y la desigual distribución en el uso del tiempo por el incremento de las responsabilidades de cuidado, tal como han documentado diversos estudios de organismos regionales de las Naciones Unidas, haciendo más urgente el desafío de alcanzar la igualdad de género.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) detalla  en un documento publicado en febrero  que el desempleo femenino alcanzó 22,2 % en  2020 en la región, en un contexto de recesión económica y disminución de los ingresos en los hogares. Este panorama, se precisa,  marca un retroceso de 10 años de la participación femenina en el mercado laboral.

Por ejemplo Colombia registró al primer semestre del año pasado, tras las medidas de confinamiento dispuestas por el gobierno, una tasa de 24,6 % de desocupación femenina. “La mayor parte del trabajo perdido en el país ha sido el de las mujeres”, informó Beatriz Quintero, de la no gubermental Red Nacional de Promoción de la Mujer.

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El gubernamental Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de ese país reconoce que la crisis originada por la pandemia ha tenido mayor costo para las mujeres en relación a los hombres. Solo en el trimestre abril-junio de 2020 se produjo una pérdida cercana al millón de empleos femeninos.

Un efecto de esta masiva salida de las mujeres del mercado laboral es su desplazamiento a las ocupaciones de cuidado en sus hogares, las que antes eran probablemente parte de servicios contratados.

“El aumento de trabajo de cuidados, que es trabajo no remunerado, es uno de los impactos que más está golpeando a las mujeres. Ellas están confinadas al igual que las demás personas, pero la diferencia es que esta responsabilidad siempre ha recaído sobre ellas por la división sexual del trabajo”, explicó Quintero a IPS por una videollamada por WhatsApp desde Bogotá.

Efectivamente, una encuesta del Dane de agosto último arrojó que 39,6 % de las mujeres estaban más sobrecargadas con las tareas del hogar respecto a 20,0 % de los hombres.

La Cepal reporta que la respuesta de los Estados para contener el COVID-19 ha erosionado actividades económicas con alta participación de mujeres como la industria de manufactura, el comercio, el turismo y el trabajo doméstico remunerado, que representan casi 60 % del empleo femenino regional.

A ello se suma que algunos de estos sectores económicos están caracterizados por la informalidad, lo que se traduce en precarias e inestables condiciones laborales para las mujeres, como le tocó experimentar a María del Milagro Campos, una joven peruana que perdió su empleo como guía turística durante la pandemia.

“Yo vivía sola, con mi empleo de guía oficial de turistas podía pagar mi universidad y ser independiente. Con la pandemia me quedé sin trabajo, dejé la universidad y regresé a vivir con mis padres”, contó.

“Pero lo más doloroso de todo ha sido la muerte de mi papá por COVID”, explicó. El deceso se produjo cuatro días antes de su diálogo con IPS por WhatsApp desde Chiclayo, la ciudad del noreste del país donde vive su familia y está desde que su padre enfermó.

Violencia, la otra pandemia

Foto: Counselling | Pixabay

La violencia de género se retroalimentó con la pandemia y las cifras que exhibe la región son alarmantes al punto que del conjunto de 25 países con mayor número de feminicidios, 14 se ubican en esta parte del planeta según refiere el Banco Mundial.

Mientras el confinamiento avivó la violencia doméstica, en la mayoría de países las mujeres se enfrentaron al problema del cierre de los servicios de protección frente a la violencia durante los meses de cuarentena, quedando las mujeres completamente desprotegidas con sus agresores bajo el mismo techo.

En Perú, por ejemplo, las líneas y oficinas estatales atendieron más de 98 000 denuncias entre enero y noviembre del año pasado.

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*Foto de portada: En la finca familiar, en la comunidad de Muñapata, a 3158 metros de altura, en la región peruana de Cusco, Maribel Palomino cultiva un biohuerto, que le garantizan los ingresos necesarios para mantenerse ella y su hijo/ Foto: Cortesía de Maribel Palomino