“Tenemos una clase política que se ha construido en una cultura autoritaria, eso hay que decirlo, [a las y los gobernantes] no les gusta el escrutinio público [ni] les gusta la crítica”, señaló Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, durante el conversatorio “La violencia contra la prensa en Puebla” 一organizado por LADO B一, en referencia a la relación que los gobiernos actuales, tanto estatal como federal, han mantenido con la prensa.

Esto no depende del partido que esté en el poder, sentenció el director de Artículo 19, pues aunque ya están derogados los delitos de difamación y calumnia 一recursos legales utilizados para reducir la libertad de expresión por gobiernos pasados一, en el caso de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa y otros personajes políticos, han utilizado otros medios para inhibir la libertad de expresión de la prensa, tal y como lo hicieron sus predecesores. 

Entre estos medios de presión para reducir la libertad de expresión se encuentra el favoritismo para asignar publicidad oficial. Está se ha convertido en un premio para los medios con una línea editorial afín al gobernador, o a los diferentes poderes, pero en un castigo para los medios de comunicación críticos; a estos últimos, diversos funcionarios también les han aplicado hostigamiento judicial, además de privarlos de la publicidad mencionada.

Tal es el caso de e-consulta, medio de comunicación que enfrenta ocho demandas por algunos funcionarios en contra de su director Rodolfo Ruíz por “daño moral”, las cuales han mermado su capacidad patrimonial, situación que viven otros medios informativos. 

Esto genera un “efecto inhibidor para los demás medios; después de ver estas demandas pocos medios se atreven a decir cosas que puedan molestar al gobernador y eso es muy grave”, dijo la académica de la Ibero Puebla, Lilia Vélez Iglesias, quien además agregó que el discurso estatal ha sido alimentado con la postura en contra de la prensa que ha adoptado Andrés Manuel López Obrador, al llamar a los medios “sus adversarios”. 

“El gobernador Barbosa, y otros actores políticos, van mimetizándose con este discurso presidencial y entonces pretenden no tener crítica, y este talante autoritario se perfila perfectamente en ellos, porque no entienden que la crítica es un derecho en un régimen democrático; que los ciudadanos tenemos derechos a saber qué hacen, a cuestionar sus decisiones y las políticas públicas que emprenden”, expusó Lilia Vélez. 

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Por su parte, Flora Molina, integrante del equipo de e-consulta que también participó en el conversatorio, dijo que “se ha sofisticado la manera de presionar a un medio”, pues el estar atendiendo los requerimientos legales derivados de las denuncias a los medios de comunicación distrae a los periodistas de ejercer su labor de observancia de las acciones del gobierno de Puebla. 

De acuerdo con Molina, en el interior del medio en el que colabora “había una esperanza en que la gestión de Miguel Barbosa 一con la que han tenido diferentes desencuentros一 fuera más abierta en cuanto a la relación con los medios de comunicación, cosa que no ha sido así, y que nos ha generado esta presión para ejercer nuestro trabajo periodístico”.

Pero además de la publicidad oficial, el bloqueo informativo a ciertos medios durante las ruedas de prensa del gobernador, y otros funcionarios, en el que básicamente no se permite a reporteros y reporteras preguntar sobre temas que pudieran ser incómodos a las administraciones, también ha sido una estrategia utilizada por quienes están en el poder. 

Todas estas formas de inhibir el derecho a la libertad de expresión han provocado que de 2019 a 2020, Puebla pasara del cuarto al segundo lugar entre los estados en donde se ejerce más violencia contra la prensa, de acuerdo con el informe Distorsión: el discurso contra la realidad, publicado por Artículo 19, en donde un dato resulta alarmante: el 65 por ciento de las agresiones fueron cometidas por funcionarios, lo que “supera por mucho la media nacional”, que es del 49.5 por ciento, de acuerdo con Leopoldo Maldonado. 

Por otro lado, Lilia Vélez destacó que en la relación con la prensa de muchos gobiernos se aprecia un “anclaje autoritario reformulado o potenciado”, en el que pareciera que existe “una añoranza por ese viejo México en el que no había posibilidad de crítica y donde había la posibilidad de control de lo que se decía”.

Audiencias, la clave para no depender de la publicidad oficial

Ante un panorama complejo en el que pareciera que la utilización de la publicidad oficial seguirá siendo un método de control por parte del Estado, Lilia Vélez destacó que los medios de comunicación 一que pretendan tener una línea editorial independiente一 tendrían que buscar nuevas alternativas para fondear sus actividades periodísticas y ser más transparentes al informar de dónde provienen sus recursos, pues muchas veces los lectores ni siquiera saben que lo que están leyendo es patrocinado por el gobierno. 

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Y el hecho que la publicidad oficial sigue siendo un medio de control ocurre porque el poder mediático y el poder político siempre han crecido de la mano en México, de acuerdo con Leopoldo Maldonado, y por eso es que la discrecionalidad y la concentración en el otorgamiento de la publicidad oficial persiste, pues el 54 por ciento del presupuesto para comunicación de la federación se va a diez medios y el resto, el 46 por ciento, se divide entre 387 medios de comunicación.

Es esa concentración del presupuesto la que ha provocado que los grandes corporativos de medios de comunicación, quienes reciben una gran parte del presupuesto, presionen al gobierno para que no se regule la asignación de la publicidad oficial, pues de acuerdo con Lilia Vélez, “ningún político quiere aventarse a pelear con los medios porque finalmente eso les puede [significar] un costo político”, y ante ese miedo se sostiene el sistema de otorgamiento de recursos para publicidad.

Ante eso, Vélez Iglesias expuso que se tendría que modificar la forma en la que se hace periodismo en México, que en su mayoría se construye solo en declaraciones, y se “vuelven cajas de resonancia” de los discursos gubernamentales, tanto a nivel estatal como federal, y se debería dar voz voces de actores sociales o presentar cifras que contrastan con las declaraciones de los gobernantes.

Foto: Marlene Martínez

En tanto, Flora Molina destaca que un gran reto es encontrar nuevas maneras de monetización para que los medios de comunicación generen “un blindaje que permita transitar ante los cambios de humor de todas las gestiones, [pues] eso no va a cambiar nunca (…) En los estados necesitamos replicar estas discusiones en torno a cómo estamos comunicando los medios de comunicación pero también [sobre] cómo están los gobiernos, particularmente el de Puebla, comunicando hacia una ciudadanía que [necesita] información pero en donde (…) todas las campañas [están] orientadas hacia logros de gobierno”.

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Para eso, Lilia Vélez destaca que es necesario que exista un proceso de alfabetización mediática desde todos los niveles educativos, ya que la ausencia de esta alfabetización ha hecho que muchas personas no sepan contrastar la información,  interpretar los datos que se difunden desde las instituciones ni distinguir la calidad informativa de los diferentes medios; esto ha sido muy conveniente para los gobiernos para seguir manejando la línea editorial de los medios de comunicación.  

“Formar públicos también es relevante, públicos que sean capaces de valorar la información, de decir: ‘este medio me da buena información e incluso estoy dispuesto a pagar por [ella], porque creo que vale la pena que el medio sobreviva y que sea independiente’; nos hace falta mucho formar a los públicos (…) en esa parte tenemos mucho que trabajar y ahí las universidades y escuelas tenemos un enorme reto de formar públicos mucho más críticos y capaces de valorar la información”, concluye Vélez Iglesias.  

Aquí puedes ver el conversatorio completo.

*Foto de portada: Marlene Martínez