“En Puebla no hay impunidad”; esta es una frase que el gobernador Miguel Barbosa ha repetido en diversas ocasiones. El día de hoy, volvió a decirla al ser cuestionado sobre las acciones que su gobierno ha emprendido para responder a las demandas de las mujeres que se manifestaron en el marco del Día internacional de la mujer; en lugar de dar una respuesta concreta al cuestionamiento,  Barbosa y su gabinete asumieron una postura de criminalización de la protesta y minimizaron las razones de la movilización, acusan feministas y especialistas. 

Pero no sólo el poder Ejecutivo asumió esa postura sino también el Legislativo, ya que la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Nora Merino Escamilla (Morena), reprobó los incidentes ocurridos en diferentes edificios gubernamentales, aunque la omisión de este poder es una de las causas de las manifestaciones, pues una de las consignas de la marcha exigía la discusión de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Ambos discursos sólo se enfocaron en los daños provocados pero no en las exigencias de las mujeres. Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19, dice a LADO B  que para los gobiernos es más fácil emitir discursos de criminalización 一como los expresados por el gobernador y la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, quienes anunciaron denuncias en contra de algunas manifestantes一, que atender la profundidad de las causas que generan esa movilización.

“Hay un enojo [por parte de las manifestantes que participaron en las movilización del 8 de marzo] por los agravios históricos cometidos en contra de las mujeres, y por la situación actual de violencia que se sigue agudizando, [la cual] no se atiende, [pues solo] se recalcan, se enmarcan y se descontextualizan [los daños a la propiedad pública y privada] para evidentemente tratar de criminalizar [la protesta]”, señala Maldonado Gutiérrez.

Una muestra de esa falta de atención a los problemas que viven las mujeres la dio el gobernador al declarar en su rueda de prensa diaria: “Hemos mejorado mucho las condiciones de seguridad de las mujeres”, cuando Puebla ocupó el sexto lugar en feminicidios a nivel nacional, con 52 presuntos casos, y la misma posición en el delito de violación, al registrar 756 casos, de enero a diciembre de 2020. 

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Además, aún hay decenas de mujeres cuyo paradero es desconocido, de acuerdo con colectivos de búsqueda de personas, pues de las 779 mujeres que fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas ante la Fiscalía General del Estado en 2020, 151 todavía no vuelven a sus hogares.

Asimismo, a través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró que “cumplió con el 100 por ciento de las acciones establecidas en la Alerta de Género emitida por la (…) Conavim”; sin embargo, el gobierno de Barbosa no ha accedido a reunirse con las colectivas feministas que acordaron una mesa de discusión de la AVGM, tras la toma pacífica del Congreso, para profundizar en los avances de este tema, aun cuando ha recalcado que su gobierno ha estado abierto al diálogo. 

La manifestación en la coyuntura electoral y la posible represión 

Foto: Marlene Martínez

Aunado a la criminalización de la protesta, integrantes de Coatlicue Siempre Viva, REDefine y la Coordinara Feminista de Puebla dijeron en rueda de prensa, que se ve un uso de la coyuntura electoral para deslegitimar las movilizaciones de las mujeres, pues el gobernador y la secretaria de Gobernación señalaron al Ayuntamiento de Puebla por presuntamente estar detrás de los incidentes ocurridos en la manifestación de 8 de marzo, acusaciones para las sólo dijeron que “ya se estaban haciendo las investigaciones”. 

Pero esta no es la primer vez que se responsabiliza al Ayuntamiento por alguna movilización feminista, ya que la toma del Congreso también se le adjudicó al goberno de Claudia Rivera Vivanco, argumento que fue utilizado por el gobierno estatal para no acudir a los llamados para entablar un dialogo. 

Así también, medios de comunicación han contribuido a la difusión de las imágenes de las presuntas responsables de los incidentes en diferentes espacios; esto viola el principio de presunción de inocencia, aunque actualmente no hay una ley para castigar esta práctica, explica a LADO B Viridiana Valgañón, litigante de Equis Justicia para las Mujeres.

Las integrantes de las colectivas feministas antes mencionadas destacaron que el responsabilizar al Ayuntamiento de Puebla, con el cual el Estado y el diputado Gabriel Biestro一quien busca la candidatura a la presidencia municipal de Puebla一 han tenido diferentes confrontaciones, les priva de la capacidad de organización que han tenido durante todos estos años. 

Además, dijeron que con la llegada de Ardelio Vargas Fosado a la Secretaría de Gobernación “es seguro que la represión alcance dimensiones grotescas“, pues recordaron el papel que tuvo en las represiones de Chalchihuapan, en 2014 y Atenco, en 2006, ya que fungía en ese entonces como secretario de Seguridad y jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, respectivamente.

Y denunciaron que la filtración de nombres y fotografías de mujeres que presuntamente participaron en los incidentes registrados también constituye un acto de violencia institucional y mediática hacia estas mujeres, para lo cual las colectivas feministas ya se están asesorando jurídicamente para acompañar a sus compañeras, pues señalan que muchas de las acusadas ni siquiera estuvieron en las marchas.

Asimismo, Maldonado Gutiérrez mencionó que la postura del Estado para desvirtuar las causas de este movimientos recuerda a los viejos gobiernos que responsabilizaban a agentes externos y ajenos a los colectivos y movimientos sociales por las protestas, con el objetivo de deslegitimar las exigencias del movimiento; de esta forma buscan eximirse de la responsabilidad de resolver las problemáticas que originan las manifestaciones. 

Pero además, Leopoldo destaca que lo más preocupante es que la postura del gobierno del estado prepara el camino para dar paso a la represión de las manifestantes, algo que ocurrió en la Ciudad de México el día de ayer; la colocación de vallas para impedir el ingreso de las protestantes a diversas calles del Centro Histórico fue un primer paso para limitar el libre tránsito de las manifestantes.

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Por otro lado, Miguel Calderón Chelius, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero Puebla, dijo a LADO B que las pintas y otras acciones de protesta que se vieron en la marcha del 8 de marzo están presentes en las manifestaciones de otros sectores 一como el de las personas que están en contra de megaproyectos一, pero el gobierno de Barbosa sólo ha hecho mucho énfasis en estas formas de protesta en las movilizaciones de las mujeres. 

“Endosarle a las manifestaciones de las mujeres este tipo de situaciones, o [decir] que son violentas, es un error, porque no es un asunto [exclusivo] de las manifestaciones de las mujeres, al contrario, es una [situación] que se está presentando en el conjunto de expresiones públicas de descontento que se están viendo en México”, puntualizó Calderón Chelius. 

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Ante el panorama de criminalización de las protestas, colectivas feministas anunciaron una campaña a través del hashtag #NosCuidamosTodas para diseñar mecanismos de protección y vinculación entre los movimientos feministas, LGBTTTI+ y grupos de izquierda que luchan en contra de los abusos. 

Por último, las y los integrantes de REDefine, Coatlicue Siempre Viva y la Coordinadora Feminista, se deslindaron de las confrontaciones contra la Unión de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre y de las pintas con dichos transfóbicos que fueron colocados en algunos edificios y vehículos al rededor del Congreso, ya que puntualizaron que por motivo del Día de la Mujer hubo diversas manifestaciones, pero al menos en las que ellas participaron no ocurrieron estos incidentes.

*Foto de portada: Marlene Martínez