Arturo Contreras Camero

Entre 1994 y el 2018 546 mil hectáreas de tierras de uso comunal y ejidal de la península de Yucatán cambiaron su uso y fueron parceladas o privatizadas, en detrimento de la selva de la región. Si sumamos todas las tierras privatizadas, que están dispersas, su extensión supera a la del estado de Tlaxcala.

El uso fraudulento de la Ley Agraria por parte de una mafia agraria, integrada por funcionarios y empresarios, ha permitido la apropiación de estas tierras. Antes, al permanecer bajo el dominio comunal o ejidal, se preservaba el bosque, pues prohíben su tala o urbanización, detalla el informe Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán

“El documento da una idea de la privatización, parcelamiento de tierras de uso común. Lo vemos como un proceso largo que inició en 1992, cuando se activó el programa Procede, lo que permitió poner en el mercado la tierra de los ejidos”, detalla en entrevista la doctora Gabriela Torres-Mazuera, autora del informe. “Este proceso va ganando fuerza con la entrada de los empresarios y empieza a cobrar más fuerza entre el 2010 y 2015”.

El estudio hace un análisis de los datos brindados por el Registro Agrario Nacional. Así se pudo identificar un aumento inusual en el número ejidos que parcelaron sus tierras de uso común a través de cambios de destino de la tierra, convertirlos en uso urbano. En otros casos hubo cambios a dominio pleno (privatización total). Esto se efectuó en toda la península de Yucatán entre 2014 y 2015. A la par, la velocidad con la que sucedían estos trámites incrementó. Por su naturaleza, estos trámites llevan más de un año, sin embargo, la mayoría de trámites realizados en ese tiempo sucedían en un lapso menor.

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Estos cambios no solo vulneran la selva y el medio ambiente en la península; sino también dejan una fuerte repercusión social en la región. Las comunidades pierden su patrimonio rápidamente; la mayoría de ellos son jóvenes, mujeres y niños; se trata de sectores marginados de la toma de decisiones sobre los terrenos ejidales; a ellos, la venta de estas tierras afecta sustancialmente, pues no les deja herramientas o sustento para su desarrollo.

La mafia

Foto: Cortesía del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

“El asunto de la mafia tiene que ver en cómo surgen un grupo de asesores que conocen muy bien la ley y los ejidos. Este grupo de asesores vienen del sector agrario, de la procuraduría agraria, son personas funcionarias o exfuncionarias que participaron en el Procede; y empiezan a asesorar empresarios en términos de qué ejidos son de interés”, explica la doctora Gabriela Torres-Manuera.

“Ellos conocen a los comisarios ejidales, a los ejidatarios y saben cómo darle entrada a los empresarios; pero sobre todo, tienen la idea de cómo darle la vuelta a la ley que dice que las tierras de uso común son inalienables; y que además establece que las que tengan cubierta forestal (selva) tampoco se pueden parcelar”. Así lo asegura la también investigadora del Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, del Conacyt.

La receta, según explica la investigadora, echa mano de la capacidad de los ejidos para determinar zonas de asentamientos humanos. Los ejidos suelen tener núcleos urbanos, que pueden crecer según lo determine el consejo ejidal.

La Mafia Agraria descubrió que con esa acción podían evadir la restricción de la cubierta forestal: si creaban solares humanos.

Éstos dividen la tierra comunal en pequeños predios de propiedad privada. Este fenómeno se aprovechó sobre todo en zonas cercanas a la mancha urbana de Mérida y a la zona de expansión del turismo en la llamada Riviera Maya.

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*Foto de portada: Cortesía del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible