En Puebla estamos a oscuras. Muy al principio de la pandemia el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo –y sigo sin entender porqué– que la COVID le venía como anillo al dedo a su administración, no sé si siga pensando lo mismo.

A quién sí le vino como anillo al dedo la situación de salud que atraviesa el país y el mundo fue al gobierno de Luis Miguel Barbosa porque encontró la justificación perfecta para oscurecer su administración, mientras se llena la boca hablando de transparencia.

El informe de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad que se publicó hace unos días nos recuerda las varias ocasiones en las que Luis Miguel Barbosa ha presumido en su discurso y sus ruedas de prensa la transparencia de su gobierno, y también le pone números a su opacidad.

El trabajo que hicieron Itzel Jiménez y Sergio Mastretta no se detiene en la opacidad gubernamental, una política de gobierno de los últimas administraciones estatales, sino que escarba en lo publicado en el 2019 y en lo poco que hay del 2020 y demuestra con números y con información dura que la actual administración que tanto presume de combate a la corrupción tiene prácticas que se parecen mucho a la de sus antecesores.

Y vamos por partes, Jiménez y Mastretta retoman lo que dicen la OCDE y el Banco Mundial sobre los procesos de contratación y su vulnerabilidad a la corrupción en todo el mundo y revisan la manera en que la actual administración (incluída la parte que le tocó encabezar al priísta Guillermo Pacheco Pulido) ha contratado obras y servicios.

Quienes nos dedicamos al periodismo (y seguramente mucha gente más) sabemos que la corrupción puede saltar en cualquier modalidad de contratación, pero mientras más cerrada es la modalidad se incrementa la posibilidad y explico por qué.

Cuando un gobierno lanza una licitación abierta cualquiera que tenga las condiciones puede participar, pagas las bases, preparas tu propuesta y concursas en, digamos, igualdad de condiciones.

En las siguientes modalidades comienzan a cerrarse las posibilidades a los competidores hasta que llegas a la adjudicación directa, en donde el gobierno asigna a dedo a la empresa o persona a contratar.

Y aquí es donde más fácilmente el proceso se puede corromper. Claro, la ley señala algunas condiciones para que se pueda asignar por adjudicación directa, pero pues siempre se encuentran maneras de brincarse las trancas.

No olvidemos que en la estafa maestra usó una modalidad legal para desviar el dinero público. Es decir que era legal que el gobierno federal asignara de manera directa contratos, lo ilegal fue la manera en cómo los usaron y el esquema de defraudación que construyeron.

Más allá de la afirmación del columnista de que “en los primeros días de diciembre pasado, se presentó ya el primer paquete de demandas en contra del magistrado Jorge Benito Cruz Bermúdez, que en este caso se trata de 9 querellas por presuntos delitos que rebasan los 500 millones de pesos” y de que se trata de un asunto vinculado con el uso de empresas fantasma para simular recursos públicos.

Lo que sí me consta, porque lo documentó LADO B, son las irregularidades en el gasto del organismo que encabezó Cruz Bermúdez: “Moreno Valle y Gali presupuestaron 13.9 millones y gastaron 218.5 en Capcee” y el uso de empresas fantasmas por ese organismo: Crean empresa fantasma, gana 24 mdp con gobiernos de Puebla y 3 años después se disuelve.