En el arranque del año un lector o lectora de LADO B nos pidió revisar lo que se señalaba en un video de tiktok que andaba rolando en redes. 

Lo que se mencionaba en el video era que la Sedena había asignado de manera directa, y sin concurso de por medio, un contrato de 122 millones de pesos para la compra de colchones matrimoniales a una tienda en Puebla.

El detalle, que igual se menciona en el video, es que la tienda a la que le asignaron la compra no es una tienda de colchones sino una tienda de bicicletas que se llama Bicicletas Monk. La compra, insisto, fue por asignación directa no por concurso.

El video fue subido a TikTok por un usuario llamado EconomistaLeón el 13 de enero, un día antes la información había sido publicada en Twitter en la cuenta @ArtiHerrera, usuario que autodefine como “economista y consultor de marketing político”, por las fotos se trata del mismo usuario.

En LADO B seguimos la ruta planteada en el video y en los tuits y confirmamos que en la base de datos de Compranet hay un contrato por 122 millones de pesos para la empresa Ata Toys SA de CV para la adquisición de colchones matrimoniales para atender a personas damnificadas de Chiapas y Tabasco.

El link del contrato en Compranet no ofrece más información al respecto más allá de que fue un procedimiento de la subdirección de adquisiciones de la Sedena y se adjudicó el 8 de enero.

Como siguiente paso Arturo Herrera buscó en internet la empresa Ata Toys y encontró una dirección: Puebla, 7 norte No. 1203, Centro, código postal 72000, y luego buscó esa dirección en internet y encontró que en esa dirección está la tienda de bicicletas.

El portal poblano MTP se presentó en la tienda y habló con uno de los empleados que reconoció que tuvieron un contrato con la Sedena, y que si bien son una tienda de bicicletas también son una comercializadora y venden de todo, el problema es que no hay documentos públicos ni en el sitio en línea del Registro Público de la Propiedad que permita conocer el alcance de la empresa ni en Compranet.

De vuelta la burra al trigo. Ayer el gobernador Luis Miguel Barbosa volvió a decir que su gobierno ha sido transparente en el gasto COVID y señaló su página de transparencia COVID como el espacio en donde se concentra esa información.

“Es un asunto de miles de millones de pesos, y todo está en el portal que tenemos nosotros puesto para su consulta de todos ustedes”.

El problema es que esa página ofrece información incompleta, primero está actualizada sólo hasta septiembre, y segundo si bien ofrece rubros y montos gastados por secretaría no hay datos desglosados, contratos o facturas, ni información de empresas contratadas. 

Así la transparencia se queda sólo en el discurso, en la simulación, y en la poca voluntad política de permitir que la ciudadanía pueda verificar y auditar los gastos y las decisiones de gobierno.

Y tan es un asunto de voluntad política que mientras el gobernador presume en ruedas de prensa que todo está en el portal, desde mayo pasado sigue pendiente de atenderse una solicitud por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, esto fue lo que se pidió en mayo:

“Solicito me informe el monto del gasto destinado a la atención de la epidemia COVID-19 en la entidad (que incluya reconversión de hospitales, equipamiento de dichos hospitales y equipamiento en general). Pido también un listado de las empresas a las que se ha contratado para atender ese gasto”. Casi ocho meses, y contando, esperando la respuesta.

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