A lo largo de estos dos primeros años de su gobierno, el presidente aseguró reiteradamente que llegado el 1 de diciembre de 2020 estarían sentadas las bases de su proyecto de transformación. Así lo declaró —antes y aun en medio de una pandemia que no ha cedido en nuestro país— hasta convertirla en una expresión manida, tanto que sobre ella giraron en días pasados titulares, balances y críticas.

“Lo más importante —sostuvo Andrés Manuel López Obrador hacia el final de su discurso con motivo de su primer tercio de sexenio– es que ya están sentadas las bases de la transformación, a dos años de ocupar la Presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo”.

¿Pero en qué consiste ese piso firme? En sus propias palabras, los cimientos de su transformación se resumen en que se respeta la Constitución; hay legalidad, democracia, transparencia plena y derecho a la información; están garantizadas las libertades y el derecho a disentir; no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales; el gobierno representa a todas y todos sin distinción de clases, culturas y creencias; se gobierna con austeridad y autoridad moral sin tolerar la corrupción ni permitir la impunidad; ya no hay privilegios y se le da preferencia a los pobres; se protege la naturaleza; se favorece la igualdad de género y se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo; se fortalecen los valores morales, culturales y espirituales; y se cuida y promueve el patrimonio cultural e histórico.

De estos ingredientes estaría hecha la Cuarta Transformación, de modo que el listado constituye un buen parámetro para evaluar si este proyecto realmente avanza, con qué velocidad lo hace o si está atorado en más de un carril. Sin embargo, el listado no es exhaustivo, toda vez que uno de los fundamentos que sostienen a la 4T son las Fuerzas Armadas, las cuales se han involucrado o hecho cargo de tal cantidad de nuevas faenas que además de militarización hemos tenido que comenzar a hablar de militarismo.

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El análisis de cómo las Fuerzas Armadas han tomado el control de la seguridad pública (militarización) no basta para explicar su protagonismo en el actual paisaje mexicano, una presencia cada vez mayor en esferas que trascienden el sector de seguridad y defensa (militarismo). El presidente no lo disimuló en su mensaje del pasado 1 de diciembre, en el que reconoció y agradeció la entrega y el “respaldo incondicional de los soldados y marinos”, no sólo en labores de seguridad pública sino en tareas de construcción de obra pública como el aeropuerto y las sucursales del Banco de Bienestar, la administración de puertos, la vigilancia de aduanas y hasta el cultivo de árboles.

De hecho, abrevió López Obrador seguido de un aplauso a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, las Fuerzas Armadas “están inaugurando una etapa nueva en su función de servicio a México”. Una nueva etapa, por cierto, en la que la Sedena recibirá el año entrante 112 mil 557 millones de pesos, el presupuesto más elevado de su historia con 18 mil 528 millones de pesos más que en 2020.

En sus palabras y en los hechos, el Ejecutivo federal y su primer círculo no dejan lugar a dudas. Si con un aliado cuenta la 4T esas son las Fuerzas Armadas, con la contradicción que ello supone en el marco de un proceso de transformación de un gobierno que llegó al poder con una bandera de izquierda. No por menos se ha llegado incluso a conjeturar que para cada problema en el país hay una solución militar, siendo soldados y marinos la primera respuesta del gobierno para atender prácticamente cualquier crisis o emergencia.

Veamos esta secuencia. A mediados de octubre, en el contexto de la discusión pública sobre los 109 fideicomisos que extinguió la fuerza legislativa de la 4T, los recursos de los fideicomisos de la Sedena fueron incrementados cuantiosamente; un mes después, a mediados de noviembre, el gobierno de la 4T intervino diplomáticamente para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos retirara los cargos penales contra del exsecretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos, por vínculos con el crimen organizado.

Un par de semanas después, a principios de diciembre, López Obrador anunció que la Sedena y la Semar serán los ministerios responsables de definir la operación y distribución de la vacuna contra la COVID-19. Y apenas este 14 de diciembre, en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes del Estado mexicano decidieron no moverle una coma a la versión oficial que en 2007 concluyó que Ernestina Ascencio, mujer indígena nahua de 73 años originaria de la sierra de Zongolica, murió por una “gastritis crónica no atendida” y no como víctima de la agresión sexual de miembros del Ejército.

Con el caso de Ernestina Ascencio no estaríamos solamente frente a un episodio vergonzoso más del Estado mexicano rindiendo cuentas a la CIDH, sino ante una prueba singular de una 4T militarista que prefiere proteger al aliado antes que hacer justicia.

*Foto de portada: Gobierno de México | Facebook