Mientras en casi todo el mundo se alaba la labor médica, en Puebla el gobernador les tacha de criminales y ordena investigaciones judiciales en su contra. La razón: el fallecimiento de dos recién nacidos por una supuesta negligencia médica.
Los “ataques mediáticos”, como han calificado a las declaraciones que hizo Miguel Barbosa la semana pasada, en las cuales incluso dio nombres (¿y la presunción de inocencia, apá?), genera un ambiente hostil hacia el gremio, se quejaron mediante un mensaje en redes sociales.
En protesta por la conducta del gobernador, este domingo, alrededor de 40 personas que trabajan en IMSS, Issste, Issstep y la Red Hospitalaria de los Servicios de Salud, marcharon del Paseo Bravo al zócalo portando sus batas blancas.
Ahí manifestaron que las denuncias penales no resuelven el problema de fondo: la falta de equipo, infraestructura y personal. “A los gobernantes se les hace fácil cortar la cabeza de dos o tres médicos y ya, dejan las cosas como están y piensan que con eso ya se resolvió el problema, pero [el asunto] real es que se necesitan hospitales e insumos”.
Y para dimensionar la labor del personal médico, qué mejor que echar un ojo al análisis semanal de las cifras oficiales de COVID-19, que marcan un aumento del 48 por ciento en contagios, respecto a la semana anterior.
Una práctica común de los órganos auditores es anunciar investigaciones en contra de personajes que el poder en turno considera de oposición, pero “cuando pasa el momento político resulta que la investigación se cierra y no hay nada de lo que se pueda acusar”, señala Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política y académico del Itesm.
Casualmente, la Auditoría Superior del Estado anunció que hay 48 denuncias fundadas en contra de presidentes municipales de Puebla que podrían prosperar, pero la única que ha sido llamada a comparecer, en dos ocasiones, ha sido la alcaldesa poblana Claudia Rivera.
“En los hechos esperaríamos otro comportamiento de estos actores [la ASE], pero repiten vicios y patrones anteriores”, dice el académico de la BUAP, Hervey Rivera.
Sergio Rivera es un defensor del territorio que se opuso a la construcción de una hidroeléctrica en la Sierra Negra del estado, y que desapareció en 2018.
Hace unos meses, los 3 sujetos imputados por el delito de su desaparición fueron liberados, pese al señalamiento directo de 12 testigos.
La semana pasada, finalmente y después de dos años, hubo una acción de búsqueda con autoridades nacionales, estatales y el ejército. Y aunque en esta primera expedición no hubo éxito, sus compañeros de lucha y las comunidades que se oponen al megaproyecto que afectaría el río Coyolapa continuarán resistiendo y exigiendo su aparición.
Gente querida, ya saben que estamos en campaña de recaudación de fondos, por favor ayúdenos, se los vamos a agradecer un montón.
Donen, cualquier cantidad hace la diferencia.
Y, también, pasen la voz. #SacaTuLADOB
Para cerrar, te invitamos a que te eches una chela en compañía de Mely Arellano y Ernesto Aroche, que mañana a las 19:00 horas te platicarán -vía FB Live- de los proyectos de LADO B en el año y rendirán cuentas del dinero que nuestra querida comunidad nos donó este año.
