Manu Ureste

César suspira al otro lado del teléfono y deja escapar un sonoro ufffff, que redondea con una risita nerviosa, incómoda, para a continuación repetir en voz alta la pregunta que le plantea el reportero: “¿Qué haría si sintiera síntomas de COVID? ¿Se lo diría o no a mi empresa?”

“Honestamente, es muy difícil responderte a eso”, responde al fin al otro lado de la llamada telefónica. “Porque si yo dijera que me siento mal, de lo que sea, lo que va a pasar en automático es que mandan a mi casa mínimo dos semanas sin goce de sueldo”.

“Pero… por otra parte… -vuelve a titubear durante unos segundos-. También soy consciente de que si no lo dijera estaría exponiendo a muchas personas que son mis compañeros. Así que es un dilema muy fuerte”.

César no se llama César. Pide que se le llame así porque teme represalias de la empresa para la que aún está trabajando: la maquiladora Eaton Cooper Bussman, compañía dedicada a la fabricación de fusibles que tiene una fábrica en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos.

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A continuación, el hombre se apresura a decir que sabe que lo mandarían a casa sin nada en los bolsillos porque, precisamente, eso fue lo que le sucedió hace un par de meses, cuando llegó a la enfermería de la compañía con los síntomas de lo que más tarde se confirmó que era una alergia.

“Me mandaron para mi casa una semana y dos días, y no me pagaron nada. Tenía cuatro días de vacaciones y los tomaron, y el resto de días también los tomaron como si yo hubiera pedido permiso sin goce de sueldo”, denuncia.

Y su situación, subraya el juarense, no es desde luego la única. “A mucha gente la están regresando así”, insiste. Y ahora que Chihuahua ha vuelto al semáforo rojo por el nuevo disparo de los contagios, agrega, el temor entre sus compañeros y compañeras es que los regresen con el argumento de protección, pero sin un centavo de un salario que, de por sí, es escaso: 198 pesos la jornada.

“Hay mucho miedo entre los trabajadores, y por eso nadie quiere dar un paso al frente”, asegura César, que explica que ese temor está fundamentado con lo que pasó en abril pasado. En ese entonces, las y los 500 empleados que laboran aproximadamente en esta maquila hicieron protestas denunciando que no había las medidas sanitarias necesarias para trabajar en pandemia. Por lo que pararon labores el 9 de abril exigiendo poder irse a casa con el 100% de su salario, hasta que las condiciones fueran las óptimas.

Pero la protesta fue contraproducente: “A muchos de los [y las] que levantaron la voz, los mandaron para recursos humanos y de ahí… para afuera. Luego, al tiempo, les hablaron para ofrecerle un poco de dinero para que no pusieran una demanda, presionando con que las demandas laborales se pueden tardar años en proceder, y eso fue todo. La mayoría aceptó el acuerdo porque no les quedó de otra”.

Y por eso, por el temor a alzar la voz y quedarse sin trabajo, César opina que muchos como él también se enfrentan al mismo dilema de avisar o no al patrón en caso de que su salud empeore en estos días de pandemia.

“La empresa no nos da esa seguridad, esa confianza. ¡Al contrario! -exclama, enojado-. Nos obligan a escondernos. A estar enfermos y no decirlo e ir a trabajar como sea. Porque sabemos que si decimos que estamos enfermos, de lo que sea, nos van a regresar y no nos van a pagar los días”.

Y ahora menos que nunca, recalca, pueden estar sin un sueldo, por mínimo que sea. Y menos aun pueden permitirse perder el seguro médico del IMSS; el único salvavidas al que millones de trabajadores se aferran para acceder a la salud pública en esta pandemia.

Se disparan las quejas en pandemia

Como expuso César, su caso no es único.

Al contrario, además de miles de pérdidas de vidas humanas -más de 97 mil en México hasta el 13 de noviembre-, la pandemia ha generado también una oleada de quejas y de denuncias por conflictos laborales.

Así se aprecia en las cifras oficiales de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet), un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo que, hasta octubre pasado, ha recibido 191 mil solicitudes de asesoría por quejas de trabajadores, un 25% más en comparación con todo 2019.

Y, de ese total, al menos 82 mil casos, el 42%, tuvieron lugar solo durante la pandemia, entre abril y octubre, cuando los trabajadores denunciaron principalmente casos de despidos injustificados, recortes arbitrarios de salario, impagos de indemnizaciones, entre otros motivos.

La avalancha de quejas y de solicitudes de asesoría legal ha sido tal que la Profedet tuvo que abrir en abril pasado una ‘Procuraduría Digital’, donde otros 11 mil 600 trabajadores reportaron a través de Internet conflictos laborales, también por despidos injustificados, recortes, etcétera.

Ante estas cifras, la Profedet explica que está privilegiando la conciliación amistosa entre empleados y patrones: hasta el momento, lleva más de 6 mil 100 conciliaciones, en las que sus abogados han logrado recuperar 385 millones de pesos para los trabajadores quejosos.

“En la Profedet, lo primero que vamos a hacer es tratar de llegar a un acuerdo amistoso entre las partes, porque si bien es cierto que hay patrones que están abusando, también hay empresarios que están teniendo problemas de liquidez muy graves, porque también ellos se han visto muy afectados por la pandemia”, plantea en entrevista Carolina Ortiz, titular de la Profedet.

Ahora bien, el otro gran objetivo de privilegiar la conciliación es no llegar a los tribunales, a la justicia laboral, donde el tamaño del cuello de botella es enorme: al millón de demandas no resueltas previo a la contingencia sanitaria -algunas con 25 años de antigüedad-, hay que sumar otras 3 mil 375 demandas interpuestas por la Profedet este 2020.

Carolina Ortiz dice que espera que, a partir del próximo 18 de noviembre, cuando entre en vigor el nuevo modelo de justicia laboral, que en su etapa inicial cambiará en ocho entidades del país las juntas de Conciliación por tribunales en los que se privilegiará audiencias rápidas de conciliación, sin llegar a juicio, la justicia acelere el paso.

Pero, mientras eso sucede, este cuello de botella es el ariete al que se están agarrando múltiples empresas en esta pandemia, denuncia Susana Prieto, defensora de obreros y obreras de la industria maquiladora en Chihuahua y Tamaulipas, en la frontera norte de México.

Es decir, explica la abogada laboralista, hay empresas que están utilizando el argumento de ‘pues denúnciame, tu juicio se va a tardar años’ para que los empleados acepten, por ejemplo, recortes de salario de hasta el 60%, o para que acepten irse a casa varias semanas sin goce de sueldo, o para despedirlos.

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*Foto de portada: Pikrepo