Enviado el 25/11/2020 Amparos, amparos, amparos
Por Lado B @ladobemx
25 de noviembre, 2020
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  Hoy toca, de nuevo, hablar de corrupción. 

Esta semana el nombre del juego es amparo. Esa figura legal que permite a las personas luchar contra las decisiones de la autoridad en un hipotético terreno de igualdad, pero ya sabemos que en este país todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros.

Pues resulta que una jueza de distrito de nombre Blanca Alicia Lugo Pérez –que acaba de ser nombrada jueza federal el año pasado, luego de una carrera judicial que desarrolló básicamente en Querétaro– decidió otorgar un amparo a José Refugio Alejandro León Flores, el juez que no debió serlo. 

Y al ampararlo ordena al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) primero que reinstale en su cargo a León Flores, reconociéndole todos sus derechos –entre ellos el del pago de su salario–, que deseche la resolución mediante la cual fue despedido del cargo y analice, en una nueva resolución, si ya prescribió, o no, la facultad del Consejo de la Judicatura de separar de su cargo al juez. 

Y ese amparo nos lleva a otro amparo, con otros actores y otros aires. Resulta que en Cancún, un tribunal colegiado –órgano que integran tres magistrados– decidieron otorgar un amparo de esos que llaman “para efectos”, es decir un amparo que atiende y soluciona problemas técnicos de alguna decisión de gobierno, a tres siniestros personajes: el exgobernador Mario Marín, el empresario Kamel Nacif y el exjefe de la policía judicial Adolfo Karam Beltrán.

Antes de continuar hagamos un poco –muy poco– de historia. En abril de 2019 la magistrada María Elena Suárez Préstamo giró órdenes de aprehensión en contra de Marín, Kamel y Karam, dentro de la causa penal 26/2018, acusados de ser los autores intelectuales de la tortura y detención ilegal de la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005 (sí, el caso lleva 15 años sin haberse resuelto aún).

Y vamos con un tercer amparo, esta vez de un tribunal colegiado de distrito de Jalisco.

De acuerdo con una investigación que realizaron Daniel Lizarraga y Laura Sánchez Ley, la DEA investiga desde hace algunos años si en la liberación de Rafael Caro Quintero hubo corrupción.

Y en esa investigación le puso foco a los tres magistrados que en el 2013 decidieron abrir las rejas a uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.

El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco, conformado por la magistrada Rosalía Moreno y los magistrados Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalos, consideraron que Caro Quintero debió ser juzgado en el fuero local por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y no en el federal, como sucedió. Y con ese argumento le abrieron la puerta de salida a Caro Quintero. 

Para leer completo el boletín que todos los miércoles realiza Ernesto Aroche para hablar sobre corrupción regístrate aquí.

 

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Lado B
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