A 15 años del encarcelamiento ilegal de la periodista Lydia Cacho, la justicia parece estar cada vez más lejos, quizás hasta inalcanzable, por una decisión del Tercer Tribunal Colegiado de Cancún, a cargo de la magistrada Selina Haydee Avante Juárez que obliga a revisar nuevamente el caso. Una decisión que la organización internacional Artículo 19 califica de “extraña”.
Esto se suma a la resolución judicial del pasado 30 de octubre, mediante la cual descongelaron unas cuentas bancarias de los hijos de Mario Marín, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenara (acuerdo 43/2020 de marzo de este año) que fueran aseguradas bajo la presunción de que eran cuentas que manejaba el exgobernador.
¿Alguien dijo justicia?
Y para seguir documentando el optimismo, seguramente supieron que la semana pasada un tribunal de Distrito otorgó un amparo al juez José Refugio Alejandro León Flores, sí, ese que ejerció por 30 años con título y cédula falsos, y que encarceló a una treintena de opositores a los proyectos del entonces gobernador Rafael Moreno Valle.
El amparo ordena restituirlo en su cargo y pagarle las quincenas caídas.
En Puebla, denunciar un delito sexual puede tomar hasta siete horas y seguramente la víctima deberá narrar los hechos más de una vez, recibirá un trato hostil e intimidante e incluso será señalada como responsable de la agresión en su contra por las/los agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales.
Estas y otras deficiencias que violan los derechos humanos de las personas denunciantes se reflejaron en el monitoreo ciudadano anualde Agencias del Ministerio Público que realizan el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (Ccsjp) y México Unido Contra la Delincuencia AC (MUCD), que presentaron la semana pasada.
Además de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, el monitoreo también evaluó la Unidad de Atención Temprana Metropolitana y la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos, de la Fiscalía de General del Estado (FGE), en estas dos últimas el tiempo de atención máximo es de 90 y 60 minutos respectivamente.
Hoy publicamos además una historia de permisos irregulares aprobados por funcionarios municipales, que permiten a inmobiliarias ofrecer lotes y construcciones en la Sierra Norte, pese a la creciente inconformidad de los habitantes que, al ver en riesgo su forma de vida y a pesar de ser amenazados en sus personas y sus familias, ya se organizan contra el boom inmobiliario.
Como cada lunes, recomendamos lacolumna de Juan Manuel Mecinas quien hoy advierte el cambio de discurso del gobierno de AMLO que se evidenció con su decisión de rescatar a Salvador Cienfuegos de las cárceles de los Estados Unidos, con lo que manda un mensaje devastador en el terreno de la impunidad: la milicia es intocable; es impune.
Gracias por leer y muchas gracias por adelantado, si nos recomiendan.