El 15 de septiembre el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (ITAIP) publicó un acuerdo ordenando la reanudación de los plazos y términos “para la totalidad de los integrantes del padrón de Sujetos Obligados respecto de las solicitudes de acceso a la información”, para el ejercicio de los derechos ARCO, así como recursos de revisión, denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia y un etcétera que engloba los procedimientos que deben cumplir los entes de gobierno y que manejen recursos públicos.

Con ese documento se terminaba, por fin, la pausa de seis meses que el virus SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19 le puso a la transparencia. 

O eso creímos quienes hacemos uso constante del derecho a la información. En realidad el ITAIP nos había dado atole con el dedo y tardamos más de un mes —el tiempo máximo que puede tardar en responderse una solicitud de información— en darnos cuenta.

Esa pausa, en realidad, no se ha terminado, no al menos para casi la mitad de los Sujetos Obligados, entre ellos más de la mitad de la estructura del gobierno del estado, incluido el gobernador, el DIF o la secretaría de Finanzas; pero también el ayuntamiento de Puebla y el 80% de los partidos políticos con registro en el estado siguen sin atender las solicitudes de información y con los procesos del Derecho a la Información detenidos.

El organismo encargado de velar que se cumpla el derecho a la información en Puebla decidió que fuese los Sujetos Obligados quienes dijeran si querían regresar o no a informar a la ciudadanía. Es tanto como si el sistema judicial en Puebla dejara que los ciudadanos decidieran en qué momento quieren comenzar a acatar y cumplir la ley.

En un acuerdo previo (de fecha del 4 de octubre) pidió a los Sujetos Obligados le dijeran quienes tenían, en ese momento, suspendidas sus actividades, en qué fecha pensaban reanudarlas o sí la suspensión era indefinida. Un mes después, cuando acordaron dar por terminada la prórroga a los plazos y términos, permitieron que aquellos que les informaron que seguían en suspensión se mantuvieran así, ignorando el derecho a la información de la ciudadanía (acá está la nota que se publica hoy en LADO B).

LOS TERRENOS DE CHIPILO

A principios del siglo, ahí por el 2003, en el Instituto Poblano de la Vivienda (IPV, hoy Comisión Estatal de Vivienda, un organismo de gobierno) tomó la decisión vender los terrenos que tenían para que empresas desarrolladoras de vivienda construyeran ahí casas de interés social para las familias que el IPV tenía empadronadas.

Esa era la condición que tendrían que cumplir las personas interesadas en comprar los terrenos que el gobierno del estado tenía escriturados y eran patrimonio del IPV, pues esa era la función del organismo, planear, instrumentar y darle seguimiento a la política estatal de vivienda, una política que en la ley estatal en la materia reconoce como derecho humano el derecho a la vivienda digna.