Piden disculpa pública por encarcelamiento de Simitrio a manos del "juez que no debió serlo"
El abogado Tonatiuh Sarabia expresó que debe garantizarse la reparación de daños a las víctimas de procesos judiciales inconsistentes
Por Lado B @ladobemx
25 de octubre, 2020
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Rubén Sarabia, líder de la organización Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) «28 de Octubre», fue detenido en 2014 de manera arbitraria, ya que se le acusó de distribuir el 80 por ciento de la droga que se vende en la ciudad, operando desde el Mercado Hidalgo. 

Sin embargo, esto nunca fue comprobado. Rubén expresó que el juez de Cholula en ese entonces, José Refugio Alejandro León Flores, abrió el proceso 530/2014 en su contra con base en evidencias de averiguaciones previas de otras personas y una acusación de distribución de drogas en el Mercado Hidalgo, que ya ha sido desmentida por los integrantes de la UPVA. 

Así pues, el líder de la organización exigió una disculpa pública y la reparación de daños a su organización y a sus compañeros del mercado, quienes –comentó– fueron víctimas de persecución política por los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad. 

Actualmente hay 34 procesos de presos políticos, incluyendo el de Rubén Sarabia, que cayeron en manos de José Refugio Alejandro León Flores, quien por 30 años ejerció el cargo de juez penal en Cholula sin contar con un título profesional, evidenciando las deficiencias del sistema judicial para seleccionar a jueces y magistrados en Puebla.

En nuestra primera Noche LADO B –en modalidad virtual– presentamos el reportaje: El juez que no debió serlo, en conversación con Karen de la Torre y Ernesto Aroche, autores de la investigación. 

Rubén Sarabia y el abogado Tonatiuh Sarabia, quienes también participaron en la charla, expresaron su opinión acerca de este caso caracterizado por la opacidad de los sistemas político y judicial poblanos.

Las maneras de reparar el daño 

El líder de la organización 28 de Octubre recalcó la importancia de que las personas afectadas sepan que pueden buscar la reparación del daño que se les ha ocasionado, y que puede trascender más allá de una indemnización económica.

Por ejemplo, gracias a las denuncias puestas en contra del juez de Cholula ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, el 7 de noviembre del año pasado, se llevó a cabo una audiencia en su contra. Y si bien esta no trascendió, pues León Flores se protegió con un amparo, Rubén considera que se ha logrado que el estado de Puebla reconozca que no existe un sistema efectivo de atención a víctimas del delito.

A decir de Tonatiuh Sarabia, el Estado en general debe reconocer el daño que ha causado a víctimas y familias a causa de órdenes políticas arbitrarias, y debe erradicar estas prácticas que siguen vigentes y que difícilmente son castigadas. Es decir, el cambio debe venir de la propia consciencia del Estado sobre estas prácticas negligentes.

Piden disculpa pública por encarcelamiento de Ruben Sarabia "Simitrio" a manos del "juez que no debió serlo"

Pese a que la detención de Rubén fue calificada como arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU la Comisión Estatal de Derechos Humanos expresó que no hubo una violación de derechos en este hecho. Lo que, de acuerdo con Tonatiuh, demuestra un manejo deficiente de las instituciones de gobierno.

Así pues, el abogado expresó que «es necesario un estado de derecho que garantice que no se van a repetir [las detenciones arbitrarias y persecución política], que se castigue a los responsables, pero sobre todo que se mueva de fondo esta estructura que está podrida”. 

En este sentido, para Tonatiuh, la autonomía del poder judicial debería ir «más allá de sólo servir para deslindar de responsabilidades al ejecutivo».

El caso de Rubén Sarabia es uno entre los 34 casos de persecución política ligados con el juez León Flores, no obstante, este dictó, alrededor de 200 sentencias anuales a lo largo de siete años.

El trabajo del juez estuvo avalado por las instituciones judiciales a las que pertenecía, León Flores obedecía las órdenes dadas por las administraciones políticas que lo protegían y le permitieron ocupar el cargo público en el que estaba. Este juez que emitía sentencias a modo, y ejerció sin contar con el conocimiento y las capacidades para hacerlo, muestra tan sólo una pequeña pieza de un sistema político opaco concluyeron Ernesto Aroche y Karen de la Torre acerca del tema presentado en el conversatorio.

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Aquí puedes encontrar toda la cobertura en torno al caso de “El juez que no debió serlo”. Además, te dejamos el live de nuestra primera Noche LADO B:

 

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