En sesión extraordinaria las y los diputados locales acordaron reponer el proceso de renovación del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, pues la selección no cumplió con los estándares de transparencia, de paridad de género y de apego a los protocolos, y además se incluyó en la propuesta a funcionarios públicos.

La propuesta de reposición fue presentada al pleno por la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, Estefanía Rodríguez Sandoval, luego de las críticas y cuestionamientos que acompañaron el proceso de selección.

Los señalamientos comenzaron el mismo día en que la comisión que encabeza Rodríguez Sandoval dio a conocer a los seleccionados para conformar el Consejo Consultivo de la CDH Puebla: Jesús Muñoz Castellanos, Elis Aurora Huerta Hernández, Christian Reyes Hidalgo, Erika Limón Mendoza y Jorge Reyes Negrete.

Uno de los primeros cuestionamientos fue la inclusión de Muñoz Castellanos en la quinteta, quien además fue el mejor calificado de acuerdo con un listado que se dio a conocer el Congreso, pues carga con el señalamiento de haber sido denunciado por agresiones en la vía pública. 

56 activistas y 17 organizaciones circularon en redes sociales un comunicado en donde hicieron un llamado al Congreso del Estado de Puebla a revertir la evaluación pues detallaron: “contraviene los principios de legalidad y transparencia, repercutiendo de manera negativa en la protección de los derechos humanos de las personas en la entidad”.

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Los firmantes condicionaron que para una designación transparente se debía emitir una nueva convocatoria, evaluarla con paridad de género y con un principio de equidad entre quienes pertenecen a la academia, al ejercicio del derecho y a la defensa de derechos, y hacer públicas las cédulas de votación de los perfiles seleccionados. 

Además, pidieron se haga una difusión extensa de dicha convocatoria incluyendo el principio de no discriminación, incorporando la lengua de señas mexicana, el braille y las lenguas originarias del estado.

“Lo más importante es tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos hicieron por parte de sociedad civil –dijo Estefanía Rodríguez en entrevista con LADO B–, justo para que sea completamente incluyente y que se pueda abrir para todas y todos los interesados, no solamente en la capital, también desde otros municipios lejanos”. 

“Ya estaremos anunciando próximamente las reglas del procedimiento, también se van a hacer públicas. Yo creo que es una gran lección y una oportunidad para que podamos reponer algunos de los errores que se cometieron en el proceso anterior”.

Inelegible: organizaciones

En su pronunciamiento las organizaciones señalaron: “existen pruebas contundentes de que Jesús Muñoz Castellanos no puede ni debe formar parte del Consejo Consultivo. Quienes somos defensoras de derechos humanos no podemos confiar en alguien que no respeta las normas de convivencia, responda violentamente y amenace”.

Las organizaciones hacen referencia a lo sucedido a Viridiana Lozano. La periodista tuvo un altercado con Muñoz Castellanos cuando transitaba por una calle cercana a su oficina, ahí se encontró con el señalado quién manejaba en sentido contrario.

“[Muñoz] se emparejó y comenzó a aventarme el carro –cuenta a Lado B la periodista–, bajó la ventanilla y empezó a decirme ‘señora’ de una forma despectiva, como si fuera una ofensa, eso se ve en los videos [como pruebas], pero cuando yo quise dar vuelta en Plaza del Sol Finanzas, él me aventó gas pimienta desde su carro”.

La periodista llamó al 911, para pedir auxilio, pero desistió para apresurarse a lavarse la cara porque la picazón que sentía en los ojos le produjo miedo. 

“En ese momento entré a mi oficina en periódico Central y subimos la nota de que había una persona utilizando gas pimienta a la menor provocación, al otro día llegó esta misma persona acompañado de su mamá a reclamarnos que bajaramos la nota, que lo que me había rociado su hijo era desodorante, dijo que ‘así como esa señora denunció a mi hijo yo ya sé quién es y la voy a arrastrar’”, recordó la afectada.

Viridiana Lozano interpuso una denuncia contra Jesús Muñoz Castellanos y su madre Cristina Castellanos Robles ante la Fiscalía del Estado de Puebla el 4 de abril de 2017 por lesiones y amenazas con número de carpeta CDI-5040/2017/ZC. El proceso no llegó a una sentencia, ya que la periodista prefirió la vía de conciliación.

A pesar de la agresión en vía pública que cometió Muñoz Castellanos, y que no posee ninguna experiencia en la materia de Derechos Humanos reflejada en su currículum, el licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en Ciencias Penales, quien también se desempeñó como policía “A” para la Secretaría de Seguridad Pública durante dos años, fue el mejor calificado por la comisión de Derechos Humanos del Congreso.

Otro de los seleccionados fue Christian Reyes Hidalgo, quien se desempeña como delegado de gobernación municipal de Puebla, llegó con el respaldo del partido Morena y de algunos académicos. Cuestionado por este medio reconoció que al proceso en el que resultó seleccionado le faltó exhaustividad en la investigación de los perfiles.

Un patrón en las designaciones en Puebla

Roberto Alonso Muñoz, responsable del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero Puebla, comentó en entrevista que las prácticas de designación que ha seguido el Congreso poblano, incluidas las de la fallida selección del Consejo Consultivo de la CDH Puebla mantienen una constante, el cuestionamiento, opacidad y la poca legitimidad.

“Venimos de una tradición de procesos de designación sumamente cuestionados no solamente los que hemos acompañado desde este equipo de abogados, sino que desde hace ya varios años en paralelo con otras administraciones estatales; otras legislaturas hacia atrás, se han dirigido procesos de designaciones sumamente opacos”, detalló.

El académico puntualizó como indispensable que la Comisión de Derechos Humanos sea un contrapeso para el gobierno en turno, además de que es preocupante el involucramiento de funcionarios públicos (la legislación sólo permite 2 en el Consejo Consultivo) en un organismo autónomo que “tiene la responsabilidad de vigilar y dar acompañamiento; hacer observación, escrutinio y  evaluación del poder”.

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Y más cuando se trata de un institución que además pasa por una crisis de legitimidad por su falta de resultados en la protección de los derechos, como han evidenciado la toma de las instalaciones en la ciudad de México o la clausura de las instalaciones a nivel local por parte de grupos feministas.

Sobre el proceso, Brahím Zamora, integrante del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de Puebla (Odesyr), dijo “lo que ya no vamos a admitir es que sigan actuando en un estado de simulación y que piensen que la ciudadanía no les está observando y evaluando eso me parece que es muy importante, no se están enfrentando a la ciudadanía de hace 10 años ni a la de hace 15 es una ciudadanía mucho más informada, mucho más madura con más herramientas, hemos conseguido justo que haya pluralidad democrática”, concluyó