Hace algunos años, mientras Marlene Martínez y yo realizábamos una investigación, una fuente nos dio una entrevista que nos emocionó pues contaba muchos detalles desconocidos sobre el hecho que nos ocupaba, fue una entrevista grabada en video en la casa de esta persona. 

Sin embargo, días después nuestro entusiasmo se terminó cuando nos dimos cuenta de que no podríamos usar la entrevista, pues hacerlo pondría en riesgo a la fuente. Continuamos con la investigación y la publicamos, pero esa parte jamás vio la luz.

Traigo este recuerdo a colación porque hace unos días nos volvió a pasar lo mismo en LADO B, durante la investigación que publicamos hace unas semanas sobre la trata digital, un delito que, si bien no es nuevo, todavía es poco conocido y no es reconocido como tal, incluso por las propias autoridades. 

En la serie de textos realizados por Dafne García dimos cuenta del modus operandi de cibercriminales que, usando las redes sociales, han creado redes de explotación sexual de mujeres sin retenerlas físicamente.

La manera de enganchar puede ser desde un “amigo” que luego se vuelve novio virtual, links engañosos para acceder a las cuentas y contenidos íntimos u obtenerlos usando una identidad falsa. Pero el punto es el mismo: tener fotos privadas para venderlas y/o extorsionar (sextorsionar) con ellas a las mujeres o explotarlas sexualmente incluso a la distancia.

De acuerdo con los testimonios recogidos para dichos trabajos periodísticos, hay registro de la existencia de este delito desde hace diez años al menos, y aunque ahora en Puebla y en varios otros estados del país ya está tipificado, las autoridades ministeriales muchas veces lo ignoran, perpetuando así la impunidad.

Justo en la búsqueda de justicia, uno de los testimonios contenía muchos detalles no sólo de lo que había sucedido, sino incluso de la denuncia judicial, poniendo en riesgo el debido proceso, y la propia seguridad de la fuente. Decidimos no publicar esa información. 

Sin embargo no son prácticas recurrentes de los medios, no por dolo -en la mayoría de los casos-, sino porque no hay capacitaciones para saber: primero, que la publicación de ciertos datos también puede ser un delito; segundo, que las víctimas tienen derechos; y tercero, que aun cuando no haya delito ni se violen derechos, debemos ser responsables de nuestras palabras.

El periodismo no es un simple filtro, nuestro trabajo no se reduce a la repetición, nuestra práctica debe hacerse siempre con sentido crítico, ético, respetuoso de los derechos humanos y con perspectiva de género, pero también con sentido común y mucha conciencia de lo que significa denunciar en un país como México. 

Foto: Medialab Prado | Flickr