El 23 de agosto de 2010, amanecimos con esta noticia: el hallazgo de los restos de  72 personas migrantes en el Rancho el Huizache, en San Fernando Tamaulipas, 58 correspondían a hombres y 14 a mujeres; eran personas de distintas nacionalidades (Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, India y Brasil) que buscaban llegar a los Estados Unidos.

A diez años de estos hechos, aún está pendiente la identificación de 9 personas (8 hombres y una mujer) y, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) procesó a 15 personas, aún no hay condenados.

Es en este contexto que se llevó a cabo el conversatorio virtual  “A una década del asesinato de 72 migrantes en San Fernando”, organizado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Colegio de la Frontera Norte, y la Coordinación Sistémica con Estudiantes del Sistema Universitario Jesuita, con el propósito de rememorar y reflexionar acerca de lo ocurrido en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. 

El foro estuvo dividido en dos partes, en las que se abordaron, desde distintas perspectivas –como la periodística, legal y académica– las consecuencias que, a raíz de la conocida como “Masacre de San Fernando” han afectado a los diversos involucrados que intervienen en el tema de la migración. 

Migración, problema repartido

Foto: Marlene Martínez

Para el miembro del comité asesor del tribunal internacional de los pueblos en movimiento, Julio Da silveira, la migración es un tema que involucra a tres actores: los países de origen, los países de tránsito y los países de destino. Da Silveira menciona que ninguno de éstos ha tomado acciones para evitar que crímenes como los de San Fernando se sigan cometiendo cada semana en América Latina. 

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En el caso de los países de origen, las responsabilidades estriban en no generar las condiciones económicas, políticas y sociales para que que menos personas tengan que migrar en búsqueda de mejores oportunidades. 

En tanto los países de  llegada, que en el caso de San Fernando como en muchos otros más es Estados Unidos, existe una contradicción que ayuda a seguir perpetuando omisiones a los derechos humanos de los migrantes, pues al mismo tiempo que los rechaza, demanda también su fuerza de trabajo. 

La situación del país de tránsito, en este caso México, resalta Da Silveira, debe ser analizada a detalle, rastrear la genealogía de la violencia en México para tener una interpretación más exacta de los hechos.

“Se debe comprender a fondo el tema y no sólo quedarse en que es un problema de cárteles o crimen organizado. San Fernando es parte de un proceso de guerra a las drogas que data de varios años atrás, de colusión entre estado y crimen organizado”. 

Así, para Ignacio Irazuzta, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la violencia a los migrantes es un fenómeno transnacional y por lo tanto debe ser tratado internacionalmente; sin embargo, menciona, la propia condición de ser migrantes dificulta la constitución de sus derechos debido a no ser sujetos reconocidos legalmente en los países fuera del suyo. 

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Esta condición, señalan los participantes del conversatorio, ha contribuido, precisamente, a que las autoridades mexicanas investiguen a fondo los hechos y busquen encontrar a los responsables, pues como se comentó con anterioridad, a diez años aún no hay condenados. 

Por parte de los Estados Unidos, resalta el abogado de inmigración Carlos Spector, existe una convicción por negar la existencia de la violencia migratoria, la cual no ayuda a tratar de hallarle una solución real.

“Se niega la violencia tratando de analizar toda situación mediante un término muy rígido: según el estado de derechos. Entonces si no es una violación a las leyes de asilo político no es violencia, y como el 99% de los que piden asilo político en Estados Unidos son rechazados, entonces casi no hay violencia”. 

Nada más alejado de la realidad, menciona Spector, puesto que todas las personas que piden asilo político sufren alguna causa de violencia, ya sea en su país de origen, de tránsito o de destino. 

Consecuencias a diez años de San Fernando

“No ha habido repercusiones desde entonces. Muchas cosas siguen igual”, refiere el presbítero y coordinador de la Casa del Migrante en San Juan Diego Matamoros, Francisco Gallardo.

Se creó el Instituto Tamaulipeco para el Migrante, pero para Gallardo parecen más “patadas de ahogado”. Así, resalta el presbítero, se necesita mayor incidencia de parte de las autoridades para que se enfoquen en el derecho de servir a las y los migrantes, pues no hay muchos activistas ni medios que den voz a esta población. 

Sin embargo, para Jeremy Slack, sí que ha habido repercusiones a raíz de San Fernando; pero estas apuntan hacia el recrudecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, pues las autoridades de Estados Unidos han aprovechado la masacre y, en general, el contexto de violencia de Tamaulipas, como zonas para deportar a los migrantes ilegales y que la misma violencia de esos lugares, se encargue de disuadirlos de intentarlo de nuevo. . 

“El gobierno se comenzó a apoyar en  la idea de exponer a las personas a la violencia criminal como una parte de la estrategia antimigratoria, en términos de disuadir a las personas a cruzar por la frontera de nuevo”.

La versión oficial y el olvido

Foto: Marlene Martínez

La versión oficial, comenta la periodista Concepción Peralta –quien llevó a cabo una investigación hemerográfica y de testimonios para reconfigurar lo sucedido aquel 22 de agosto en San Fernando–, habla de un enfrentamiento entre grupos armados del crimen organizado. 

Las autoridades mexicanas atribuyeron el crimen a los Zetas. Sin embargo, los testimonios de varios sobrevivientes refieren inconsistencias en esta versión. 

Para Carlos Marín Beristaín, en el texto “Diálogos sobre la reparación”, publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el acceso a la verdad y la justicia son elementos claves para que una sociedad o una familia, puedan alcanzar algún tipo de reparación ante la violación de sus derechos humanos.

En el caso de San Fernando, acercarse a algún tipo de reparación para las familias de las víctimas por parte de los países implicados en el proceso migratorio, se vislumbra lejano, ya que hasta el momento, se desconocen muchos datos para poder unir el rompecabezas llamado San Fernando y alcanzar la verdad y justicia.

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Por ejemplo, Roosemary Jacks, representante legal y acompañante de familias afectadas por la masacre, contó que, de acuerdo con los testimonios de algunas familias originarias de Guatemala, a las que acompaña, en la repatriación de los restos hubo muchas irregularidades que imposibilitan que las familias afectadas tengan certezas, tengan paz en sus duelos. 

“No hubo dictamen de causa de muerte, los féretros venían completamente sellados, no hubo opción a que las familias pudieran abrirlas y corroborar la identidad. Incluso relatan que personas iban vigilando y custodiando para que no abrieran los féretros”.

Lo más preocupante, concordaron los invitados al conversatorio, es que hechos como los de San Fernando no son aislados, puesto que 7 meses  después -en abril de 2011-, se hallaron 47 fosas con 195 restos de personas migrantes en el mismo municipio de Tamaulipas.

El tránsito por México no ha sido fácil para los migrantes; pero tampoco lo es permanecer en sus países de origen o llegar a su destino, concluyó Ignacio Irazusta: hechos como el de San Fernando, significan, a día de hoy, una deuda histórica de los gobiernos de los países que intervinieron, con las familias afectadas.

*Foto de portada: Marlene Martínez