Manu Ureste y Francisco Sandoval

Es viernes, 11 de octubre de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador camina por la alfombra de pasto artificial del estadio de Los Algodoneros de Guasave, el Francisco Carranza Limón, con los brazos alzados al cielo y saludando al graderío.

López Obrador está contento, sonriente. Feliz por ver una promesa de campaña cumplida: “El béisbol va a regresar a Guasave”.

Para hacerlo su gobierno invirtió 65 millones de pesos en remodelar el viejo Carranza Limón, a los que el gobierno de Sinaloa sumó 6 millones y medio y el empresario Alfredo Harp Helú otros 65 millones. En total, 136 millones de pesos para ampliar el aforo del estadio a 8 mil butacas, comprar una pantalla gigante y construir palcos nuevos y un estacionamiento.

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Además, el equipo ya tiene nuevo dueño, que era el último obstáculo para que la franquicia algodonera regresara a la Liga Mexicana del Pacífico tras cinco años de ausencia. Se trata del mazatleco Alfredo Aramburo Nájar, un empresario joven, reconocido en 2015 como el contador público del año en el sur de Sinaloa, y con experiencia en el mundo del béisbol tras su paso por Los Generales de Durango.

Aramburo, de hecho, no es un desconocido para el gobierno: es asesor externo de un comité de la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (ProBeis), que tiene como objetivo impulsar el plan del presidente de crear escuelas de talentos por todo el país. Y un mes antes de la reinauguración del Carranza, el 19 de septiembre, la Secretaría de Educación (SEP) benefició a una de sus empresas con otros 25 millones de pesos para que, en tres meses, buscara jóvenes promesas del béisbol.

“Nos comprometimos a que regresarían Los Algodoneros. Ya se cumplió”, presumió López Obrador en Twitter la noche del 11 de octubre, luego de que cortara el listón de reapertura del estadio, lanzara cuatro bolas rápidas y Aramburo, que hizo de ampáyer, gritara ¡strike!

Una fiesta redonda, salvo por un dato: Alfredo Aramburo, que recibió un estadio remodelado con dinero público y que además obtuvo la concesión para explotarlo económicamente durante 15 años, forma parte de una red de empresas denunciadas por el propio gobierno federal por defraudación fiscal y lavado de dinero.

El mecanismo del “gran fraude”

Alfredo Aramburo / Foto: Animal Político

El 23 de junio pasado, el gobierno federal denunció un “gran fraude” al fisco por 55 mil millones de pesos, operado por 43 empresas factureras.

Una de las empresas mencionadas es Costa Bella and Sands, en cuya documentación aparecen como dueños familiares de Alfredo Aramburo, otras empresas de su familia, y múltiples personas que trabajan para sus compañías.

La Procuraduría Fiscal denunció penalmente a esta empresa porque se trata de una facturera. Es decir, una compañía que no tiene instalaciones reales ni personal trabajando, ni activos, y que emite facturas falsas para hacer pasar por reales servicios que no existen, que simula ante Hacienda.

A partir de este mecanismo, las factureras inflan tanto esos gastos ficticios que llegan a exigir a la Secretaría de Hacienda que le devuelvan impuestos, obteniendo cientos de millones del erario.

Este mecanismo, además, incluye otras actividades ilícitas, como vender esas facturas falsas a cambio de una comisión a otras empresas que también buscan defraudar a Hacienda; y el lavado de dinero, es decir, usar las facturas para mover dinero de actividades ilegales, como sobornos a funcionarios públicos, o narcotráfico, por ejemplo.

Costa Bella, según la Procuraduría Fiscal, se especializó en el uso de estos mecanismos de fraude.

Detrás de ella, Animal Político documentó que hay un complejo entramado de 115 empresas que forman una red, es decir, que comparten socios, representantes, apoderados, comisarios y direcciones, siempre con sociedades de Alfredo Aramburo o de su familia en el centro.

Además de Costa Bella, en esa red hay más factureras o empresas fantasma, como también se las conoce coloquialmente. Un ejemplo: Skep Prácticas Administrativas, sociedad de los empresarios sinaloenses Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández, dueños del Grupo ARHE y de otro equipo de béisbol profesional, Los Leones de Yucatán, y socios de Alfredo Aramburo en múltiples compañías.

La red es tan extensa que incluye compañías en paraísos fiscales, como Panamá, o Nevada, en Estados Unidos; u otras empresas como Operadora Grupo Gas Mart: una de las cinco firmas que la Unidad de Inteligencia Financiera denunció en diciembre pasado por presuntamente triangular sobornos millonarios a Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad del expresidente Felipe Calderón, que enfrenta un juicio en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Una red muy familiar

¿Cómo se conecta Costa Bella and Sands, una de las principales empresas factureras de México, con el dueño de Los Algodoneros de Guasave, cuyo estadio fue remodelado con dinero público?

Los dueños de Costa Bella and Sands son personas físicas y otras empresas con las que, a su vez, comparte socios y apoderados, según documentos obtenidos para esta investigación en el Registro Público de Comercio.

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Una de las compañías dueñas de Costa Bella es MLX del Noroeste Inmobiliaria, fundada en agosto de 2014 por Guadalupe Nájar Huerta, madre de Alfredo Aramburo, quien tuvo el cargo de comisario en esta sociedad.

MLX del Noroeste, a su vez, es accionista de otras empresas de Alfredo Aramburo, como Fan Corporativo de Negocios, en la que aparece como socia su esposa, Liria Lorena Figueroa Tirado.

Promotora West Marine es otra de las dueñas de Costa Bella. En su documentación aparece como socio y administrador general Ildefonso Cristerna Vizcarra, esposo de María Guadalupe Aramburo Nájar, hermana de Alfredo. Ildefonso también aparece como socio de Costa Bella.

Al margen de la familia, en los documentos de Costa Bella y de las empresas que forman parte de su accionariado, aparecen personajes que ocupan cargos en otras empresas de Alfredo Aramburo.

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*Foto de portada: Presidencia