“Me llaman [al celular] y me dicen que la cuota mínima es de 500 pesos. Te soy sincero, dije que sí por temor a represalias, a perder el trabajo; así que de manera pública no mostré mi desacuerdo”, asegura una de las personas que fue presionada para “donar voluntariamente” desde la Secretaría del Trabajo del Gobierno de Puebla.”
Así empieza la nota de Marcos Nuncamendi –-el nuevo fichaje periodístico de LADO B— en la que se documentó cómo los gobiernos del estado y de los municipios de Puebla y San Martín Texmelucan pidieron donaciones “v-o-l-u-n-t-a-r-i-a-s” a sus trabajadores y trabajadoras para atender la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, la COVID, pues.
Y no nos olvidemos que LADO B ya había documentado que el gobierno del estado obligó a sus empleados a armar despensastrabajando en espacios cerrados, sin condiciones de seguridad de salud, incluso en horarios o días no laborales.
La ayuda se agradece en momentos como estos, pero no puede ser impuesta, ni obligatoria, ni para después poder presumir lo mucho que se ha hecho por los menos tienen.
Claro, Marco les preguntó a los señalados sobre las acusaciones de los trabajadores y, como podía esperarse, lo negaron –o no nos contestaron– o nos dijeron que pudo ser un mal entendido.
La nota ahí está, las pruebas las tenemos pero no se publicaron para no poner en riesgo el empleo de los que decidieron contarnos y hacer pública su inconformidad.
La amenaza de la COVID-19 es tan global y totalitaria que a veces pensamos que el mundo está en suspenso, pero no es así. Este artículo de Alejandra Sánchez Inzunza y José Luis Pardo Veiras, los Dromómanos, revisa qué ha pasado con el crimen organizado en América Latina en el contexto de la pandemia.
Y el riesgo es grande, por un lado gobiernos nacionales frágiles, o que no han sabido aún como enfrentar a los grupos del crimen organizado, por el otro grupos que han ganando espacios o al menos haciéndose cada vez más visibles, como cuando salen a repartir despensas.
Recordemos Celaya en llamas el fin de semana pasado, o Culiacán en octubre del año pasado, cuando el fallido operativo para detener a los hijos del Chapo terminó cuando tuvieron que liberar a Ovidio Guzmán pues la ciudad pendía de un hilo.
La mayor parte del dinero se ha destinado para equipos e infraestructura, pero el mínimo para desarrollar y modernizar a policías con nuevo modelo. En estados líderes en violencia como Guanajuato o Colima no se ha gastado ni un peso, nos cuenta Arturo Ángel.
Se llama Marco Reyes, y su nombre aparece en sociedades mercantiles expuestas en escándalos de corrupción y auditorías del SAT.
Durante el peñismo, un diputado de Morena denunció a Reyes y demandó que la Función Pública investigará sus negocios con el gobierno priísta.
Compañías en las que este dirigente de un sindicato dedicado a la limpieza ha estado vinculado, desaparecen sin pagar impuestos, simulan competencia en licitaciones y hay correos suyos –publicados en 2017– donde negocia presuntas comisiones por millonarias asignaciones en Capufe.
Suena terrible, y el gobierno de la 4T no sólo no lo ha investigado, incluso lo están contratando. La historia la cuenta Raúl Olmos.
No, la corrupción en este país no se detiene ni barriéndola de arriba para abajo. Porque a la cuatrote los casos se le comienzan a acumular. Como las casas no aclaradas de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval –con todo y que el trabajo que presentó el portal de Loret tiene sus asegunes–; o las casas del director de la CFE, Manuel Bartlett.
Al parece a la escoba le faltan puas para barrer parejo la corrupción.
