Alma Goméz Durán | Mongabay Latam

Abril es un mes especial para los purépechas que habitan Cherán.

Fue a mediados del abril de 2011, cuando este pueblo indígena de Michoacán decidió recurrir a su organización comunitaria para defender su bosque, expulsar a quienes lo talaban y, de paso, sacudirse a los partidos políticos y comenzar un proceso legal para que se reconociera su gobierno tradicional. En abril, también se realiza su fiesta patronal y es la época en que suelen llegar a la comunidad muchos de los migrantes que trabajan en Estados Unidos.

Pero este abril de 2020, fue diferente. Cherán suspendió todas las celebraciones. La medida se tomó en colectivo, siguiendo el proceso que, desde hace nueve años, se realiza para decidir cualquier acción que afecte a la comunidad.

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Desde marzo, cuando al Consejo de Keris —el Consejo Mayor de Gobierno— llegó la noticia de que la epidemia de COVID-19 se extendía por el país, se hicieron asambleas en los cuatro barrios de Cherán. Ahí se discutió qué hacer. “Había quienes decían que no era cierto eso del virus”, recuerda Alicia Lemus, habitante de la comunidad. Al final, en las asambleas se decidió que se suspendieran todas las fiestas y reuniones.

El 10 de abril se cerraron las entradas a la comunidad “hasta nuevo aviso”. Ese mismo día, a través de las redes sociales, se pidió a los migrantes que radican en Estados Unidos que no viajaran a la comunidad. “Si hay algunas personas que ya están en camino, se les estará canalizando a un lugar de aislamiento para estar en cuarentena”.

Además, se organizaron comisiones para vigilar las entradas del pueblo, para realizar las labores de limpieza en los espacios públicos y para fabricar gel antibacterial, jabón y tapabocas. Y se determinó que las personas que se empeñaran en salir de la comunidad, tendrían que firmar un documento haciéndose responsables de su salud.

Cherán es de las pocas comunidades indígenas en México que cuentan con un hospital rural, “pero es precario, no tiene capacidad, es muy pequeño y no tiene respiradores… Se están tomando todas las precauciones, porque si aquí hay un brote de esa enfermedad, nos acaba”, dice Alicia Lemus, purépecha y doctora en antropología social por la UNAM.

Desde hace nueve años, la comunidad purépecha de Cherán aprendió que “el sentido de comunidad ayuda a fortalecerse y a enfrentar el miedo”. Y eso es lo que hoy pone en práctica para impedir que se presenten casos de COVID-19 en su tierra.

Diversas poblaciones purépechas siguieron el ejemplo de Cherán y comenzaron a cerrar sus territorios. La medida también la han tomado otras comunidades indígenas en estados como Oaxaca, Chiapas, Chihuahua o Guerrero. Esta acción se intensificó a partir del segundo fin de semana de abril, cuando en el país había poco más de 5949 casos confirmados de COVID-19 y 611 personas fallecidas a causa de esta enfermedad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

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Ignorar a las comunidades indígenas

La comunidad indígena de Cherán, en México, tiene entre sus prioridades el cuidado de los mayores y de los niños. / Foto: Facebook del Consejo de Jóvenes de Cherán Keri

En México, los primeros casos con esta enfermedad se registraron, de acuerdo con los datos oficiales, a finales de febrero. A partir del 23 de marzo se puso en marcha el programa “Sana distancia”, para mantener un “aislamiento preventivo” en la población. Sin embargo, hasta el 20 abril no se había anunciado ningún plan de atención específico para los indígenas, pese a que representan el 21.5 % de la población, según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

“La desigualdad social de este país se expresa también en la forma en cómo las autoridades están comunicándose con la sociedad. Es una comunicación que está centrada en los cánones urbanos. Pero no hay una atención a las comunidades indígenas”, resalta Abel Barrera, antropólogo y quien desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acompaña a los pueblos indígenas na savi, me’phaa y nahuas de la región de la montaña y costa chica de Guerrero.

Francisco López Bárcenas, mixteco e investigador del Colegio de San Luis, dedicado a estudiar los temas de defensa de territorio y recursos naturales, destaca que en el contexto de esta pandemia a las comunidades indígenas se les discrimina una vez más al no existir mensajes y acciones de gobierno dirigidos a esta población.

Esta emergencia sanitaria, resalta la antropóloga Alicia Lemus, muestra una vez más la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos indígenas, sobre todo en materia de salud. “Todo está pensado —subraya— para el México urbano y no para el México rural e indígena. Hay un abandono y una discriminación histórica. Y ante situaciones como estas, una epidemia así nos puede borrar”.

“Siempre ha habido una ausencia del Estado”, en la atención de las comunidades indígenas. Y en esta emergencia sanitaria, esa ausencia persiste, dice Georgina Méndez, indígena ch’ol y docente de la Universidad Intercultural de Chiapas.

Para Abel, Alicia, Francisco y Georgina, el gobierno comenzó muy tarde, y en forma limitada, la difusión de información en lenguas indígenas sobre la epidemia y las medidas de prevención.

Fue hasta el 9 de abril que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) emitió un comunicado en el que informaba sobre la difusión de mensajes en 35 lenguas indígenas. “Ese número es solo la mitad de las lenguas que se hablan en el país”, resalta Georgina Méndez.

En México, de acuerdo con datos del INEGI, se hablan 68 lenguas con 364 variantes en todo el país.

Mongabay Latam solicitó una entrevista con algún funcionario del INPI para conocer qué acciones realizan para atender a las poblaciones indígenas en esta emergencia. Hasta la publicación de este texto, no se tuvo respuesta.

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*Foto de portada: Facebook del Consejo de Jóvenes de Cherán Keri