Culpables o no, delincuentes o no, los procesos de las personas recluidas en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Cholula en los que intervino José Refugio Alejandro León Flores, el juez que falsificó documentos para acceder a su cargo, son ilegales y por ende, podrían ser anulados. Lo mismo sucede con los procesos de las cientos de personas puestas en libertad por las sentencias que dictó.

La situación es grave. Tan grave como para demandar al Estado ante una corte internacional por no garantizar, para miles de personas, un debido proceso, iniciado por un juez competente. 

Son miles: sólo como juez penal en Cholula, José Refugio Alejandro León Flores dictó al menos 1,130 sentencias entre enero de 2012 y septiembre de 2019. A estos se deben sumar los procesos que vio como juez civil, familiar, mixto y penal en otros 13 distritos judiciales. Su carrera de juzgador, finalmente, se extendió por tres décadas.

El reciente anuncio de la destitución de León Flores es apenas el inicio de un proceso de reparación que debe emprender el Poder Judicial. Esta fue la autoridad que lo nombró, ratificó y mantuvo en el cargo; su trabajo no podría concluir antes de responder: ¿qué va a pasar con todos los procesos en los que intervino León Flores? Tienen una falla de origen. 

Foto: Marlene Martínez

Responsabilidad del Poder Judicial

“Lo más grave aquí es que no sólo se trata de alguien que no cumplía con los requisitos. No ha sido simplemente una omisión, una negligencia, o un error judicial. Hablamos de alguien que deliberadamente cometió una serie de delitos para acceder a un cargo público”, dice Simón Hernández, abogado especialista en derechos humanos y coordinador de la licenciatura en derecho en la Ibero. 

Hernández ha logrado resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reponer procedimientos y revertir sentencias por fallas de origen, además de violaciones graves a derechos humanos. 

Fue el defensor de Hugo Sánchez Ramírez, conductor de taxi, indígena mazahua, a quien la policía del Estado de México detuvo por delitos fabricados. La policía lo torturó. Luego de cinco años en prisión, la SCJN ordenó que fuera liberado. El abogado logró lo mismo para Israel Arzate, a quien acusaban por haber participado en la masacre de Villas de Salvárcar. 

Sobre las sentencias que dictó José Refugio Alejandro León Flores, Hernández explica que hay una referencia cercana con las discusiones que tuvo la SCJN por el caso Radilla Pacheco; ahí se habló sobre la autoridad no competente sustanciando procedimientos. 

La discusión, importante por su resultado, consideraba otorgar amparos para liberar lisa y llanamente a las personas presas por resoluciones con fallas de origen, aunque la SCJN decidió conceder amparos para reponer procedimientos. 

“Todo aquello que se hubiere tramitado por un juez no competente quedaba sin efectos y regresaba a un momento muy inicial, al auto de formal prisión. Entonces un juez distinto debía decidir si vinculaba o no a proceso”, detalla el abogado sobre la decisión de la SCJN.  

Con esa decisión, la SCJN abrió camino para desplazar la “tesis Vallarta”, denominada así porque Ignacio Luis Vallarta fue quien la defendió. En resumen, esa tesis establece que se conserven las resoluciones o sentencias de autoridades que llegan a sus cargos con irregularidades, la llamada incompetencia de origen.

Foto: Marlene Martínez

Es decir que existe la posibilidad de que todas las personas que fueron sentenciadas por el juez sin título se amparen, para que se reponga su procedimiento. Aunque a decir del abogado especialista en derechos humanos, el Poder Judicial, al ser la autoridad responsable de permitir que León Flores, fraudulentamente, ostentara el cargo de juez, debería reparar el daño que ocasionó.

“Me parece inobjetable que los procesos son ilegítimos y anulables por la falta de competencia formal y material del juez. Ahora, ¿cuál es la respuesta frente a ello? Es muy complejo, no se puede decir que se deben convalidar las resoluciones que dictó, sería apelar a imponer la tesis de Vallarta, a regularizar sentencias emitidas sin derechos básicos, como el de juez competente. La respuesta entonces tendría que venir desde el Poder Judicial. De no hacerlo, entraría en los márgenes de responsabilidad internacional”, afirma Simón Hernández.

José Refugio Alejandro León Flores fungió como juez en casi la mitad de los distritos judiciales en los que se divide el estado. 

Las personas que fueron sentenciadas por este juez están en Puebla, Tepeaca, Huauchinango, Ajalpan, Altepexi, Caltepec, San Gabriel Chilac, Izúcar de Matamoros, Chietla, Coatzingo, Epatlán, Xochiltepec, Xicotepec de Juárez, Atexcal, Chigmecatitlán, Coyotepec, Huehuetlán el Grande, Juan N. Méndez, Tepexi de Rodríguez, Huejotzingo, Chiautzingo, Domingo Arenas, San Martín Texmelucan, Calpan, Coronango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, Santa Isabel Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, San Miguel Xoxtla, San Nicolás de los Ranchos, San Pedro Cholula, entre muchos otros municipios.

Para Simón Hernández, que León Flores haya dictado sentencias penales es una situación particularmente sensible y grave. El derecho penal es la expresión más dura del Estado que lleva a las condenas de privación de la libertad. 

Entre quienes recibieron sentencias de este juez habrá quienes ya hayan cumplido condenas de más de 20 años, incluso habrá casos de personas que no tengan más opción que cumplir su pena si su proceso está en calidad de cosa juzgada. 

Con el reconocimiento de que León Flores ostentaba irregularmente su cargo, el Consejo de la Judicatura da la posibilidad a cualquier persona que haya sido afectada por las sentencias de José Refugio Alejandro León Flores, de iniciar procedimiento civil para resarcir el daño moral o material sufrido.

El juez cometió delitos que se investigan de oficio

En la conducta del juez que no debió serlo, Simón Hernández encuentra una serie de posibles delitos conforme al Código Penal poblano: falsificación de documentos (199 Bis, frac III), suplantación de una cédula profesional, variación del nombre (257, frac III), usurpación de la función pública, usurpación de profesión (258, frac II y III). Además hay delitos contra la administración de justicia (207 y 208) y un ejercicio indebido de la función pública. El abogado no descarta la actualización de estos en una vertiente de corrupción.

Si bien la notificación del Consejo de la Judicatura sobre la separación del cargo para León Flores llega años tarde, la omisión de la Fiscalía es incomprensible al tratarse de delitos que se persiguen de oficio. 

De acuerdo con Simón Hernández, en la investigación que realice la Fiscalía podría haber una vertiente patrimonial por origen ilícito. El juez recibió sueldos y prestaciones a través de desempeñar un cargo que no tenía por qué desempeñar: “el Estado podría recuperar aquello que no debió haber erogado en un sentido público”, detalla el abogado. 

De hecho, la Fiscalía Anticorrupción tiene en su poder, desde noviembre de 2017 la denuncia de una de las víctimas de las sentencias arbitrarias de José Refugio Alejandro León Flores, la de Atltonatiuh Rubén Sarabia Reyna, hijo de Simitrio, el líder histórico y moral del movimiento de comerciantes “Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre”. 

Por cierto, Simitrio y Xihuel Sarabia, uno de los hermanos de Atltonatiuh, también han sido víctimas de las sentencias ilegítimas de León Flores. 

Atltonatiuh, considerado uno de los presos políticos del Morenovallismo, estuvo en prisión durante tres años, acusado por narcomenudeo, sin que la autoridad pudiera demostrar los elementos suficientes para sostener su acusación. 

La denuncia que Atltonatiuh interpuso ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no sólo vincula al ex juez de Cholula, también a otros funcionarios que participaron en su detención y persecución. La Fiscalía decidió archivarla por no encontrar delito alguno. 

A través de una sentencia de amparo, la defensa de Atltonatiuh logró detener que archivaran su procedimiento. El 7 de noviembre de 2019 tenía su primer audiencia pero al no comparecer agente de Ministerio Público alguno, ni los jueces, esta fue cancelada. Hasta el día de hoy esa audiencia no ha sido reagendada.

“No hubo ninguna investigación ni indagatoria por parte de la Fiscalía cuando decidió archivar el asunto”, asegura Atltonatiuh. 

Foto: Marlene Martínez

Separar al juez de su cargo ha sido un gran paso

Fernando Cadena, padre de Ricardo Cadena, el joven asesinado por un elemento policial en San Pedro Cholula, celebra la noticia de la destitución de León Flores. 

El juez falso afectó el proceso de justicia de su hijo al reclasificar el delito de homicidio doloso por homicidio culposo y establecer una pena bajísima.

La noticia también es celebrada por quien, siendo menor de edad, fue revictimizada luego de denunciar violencia sexual por su padrastro. 

Entonces León Flores desacreditó su testimonio, de niña, para decir que no había elementos que pudieran acreditar tal violación sexual, pero sí los suficientes para condenarlo por ataques al pudor. 

Ambos esperan que la justicia al fin se presente para el juez que pretendió impartirla durante 30 años, sin conocerla. 

Juan Carlos Flores, considerado también preso político, refiere que hace falta transparencia en la investigación contra León Flores y que sería bueno saber si ahora está libre y si lo seguirá estando. 

Tonatiuh Sarabia, hermano de Atltonatiuh y Xihuel, quien es abogado y lleva los procesos de Simitrio y Xihuel, se pregunta por qué la Fiscalía le permitió al juez seguir con sus funciones en lugar de capturarlo en flagrancia. 

También, en este sistema de omisiones frente a la conducta del juez, se cuestiona el hecho de que Roberto Flores Toledano sea hoy el titular de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura, cuando al ser presidente del Poder Judicial conoció el caso del juez y sus sentencias.

Flores Toledano, como se menciona en el reportaje ‘El juez que no debió serlo’, ordenó ocultar la cédula profesional falsa y responder a las solicitudes de información como si no existiera. Posteriormente clasificó como reservada la información contenida en el expediente del juez. A través de un recurso de revisión, LADO B logró desclasificarla.

Hay iniciativas ciudadanas interesantes en México para exigir el combate a la corrupción, dice Simón Hernández. Estos comienzan con la demanda de transparencia en los procesos.

*Foto de portada: Marlene Martínez