Ilustración tomada de Distintas Latitudes

Georgina González | Distintas Latitudes

El 21 de diciembre de 2019 Óscar Silvera Martínez, ministro de justicia de Cuba, anunció que hasta diciembre de 2021 se discutiría en el Parlamento una posible modificación al Código de Familia. Dicha reforma al Código es la que podría legalizar el matrimonio igualitario en la isla.

Esto surge luego de que el proyecto de la nueva Constitución Cubana fuera sometida a consulta popular. La discusión a la nueva Constitución, proclamada en abril pasado, incluyó cambios que van desde eliminación de artículos, frases y palabras hasta la adición de nuevas leyes. Una de esas modificaciones fue la de matrimonio: en el primer borrador se definía como “la unión de dos personas”, pero en la versión final, es decir, lo que quedó vigente, define al matrimonio como:

Artículo 82: El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges”.

En otro apartado de la nueva Carta Magna se señala que “todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, … (artículo 42)”. Es la primera vez que se agrega el término identidad de género dentro de las disposiciones de principio de igualdad.

Sin embargo, aunque esto podría parecer un avance para los derechos de las personas LGBTI+, Cuba no cuenta actualmente con una ley contra la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género; el Código Penal no tipifica los crímenes por odio o prejuicio contra la población LGBTI+; y tampoco contempla la orientación sexual e identidad de género como agravantes de homicidio.

La única normativa de protección está alojada en el Código de Trabajo que en 2014 se agregó como derecho a la no discriminación en el ámbito laboral a la orientación sexual. La mención a la identidad de género quedó fuera.

En Cuba no existe proyecto ni ley de identidad de género. Cambiar el nombre y sexo registral es posible solo cuando una persona se haya sometido a una cirugía de reasignación de sexo y haga reconocer su identidad ante un tribunal. Quizá uno de los pocos avances sucedió en 2013, cuando el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), adscrito al Ministerio de Salud, logró que el Ministerio del Interior admitiera el cambio de fotografía que refleje la identidad de género de las personas en los documentos de identificación.

Foto: Wikimedia Commons

Cuba es un país que ha tenido una transición lenta en su narrativa alrededor de los temas LGBTI+. Pasó de recluir, entre 1965 y 1968, a cerca de 800 hombres homosexuales en Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) —un experimento social con la intención de no sólo de disponer de mano de obra obligada al corte de caña, sino de “higienizar el país de todo aquel que no encajara con el molde del hombre nuevo”—; a crear, en 1972, el Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual (GNTES) que en 1990 fue rebautizado como el CENESEX, una organización estatal dedicada a la educación e investigación sobre sexualidad que desde su fundación ha buscado incidir en los derechos de las personas LGBTI+ de Cuba.

El CENESEX es dirigido por Mariela Castro Espín, senadora e hija del expresidente Raúl Castro. Los avances impulsados en favor de las personas LGBTI+, por la institución que encabeza Mariela, son pocos. Activistas y organizaciones sociales independientes han denunciado por años que esa institución no responde a los intereses de las personas LGBTI+ de la isla.

El derecho de asociación: una limitante al activismo LGBTI+

La Constitución cubana declara en su artículo 56 “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.

La Ley de Asociaciones de Cuba es considerada por los activistas y personas dedicadas a defender los derechos humanos como limitada y obsoleta a los tiempos actuales. Si bien existen organizaciones de activistas que buscan defender los derechos de la población LGBT+, en los hechos, necesitan estar vinculados al CENESEX y gozar de reconocimiento oficial para trabajar.

“En Cuba no funciona el Registro de Asociaciones ni se cumple la Ley de Asociaciones. Los grupos LGBTI, como tantos, trabajan en una zona ilegal, sin personalidad jurídica. Este escenario ha propiciado la extinción de algunos grupos y la decadencia de la mayoría”, explica el periodista Maykel González, citado en el e-book Imparables. Radiografía de organizaciones, medios de comunicación y estado de los derechos de las comunidades LGBTI+ en América Latina de Diego Pérez Damasco.

Según el último informe sobre Cuba de Human Rights Watch, el gobierno cubano todavía se niega a reconocer la existencia de organizaciones que se dediquen a defender los derechos humanos en la isla. “Ha sido habitual que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos”, señala el documento.

La norma vigente solo permite crear sociedades científicas o técnicas, culturales y artísticas, deportivas, religiosas, de amistad y solidaridad y otras que “se propongan fines de interés social”, sin dejar en claro la definición de “interés social”.

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*Ilustración de portada tomada de Distintas Latitudes