Foto: Jesús Dorantes

Marlén Castro | Amapola Periodismo

Cada kilómetro de la carretera entre Chilapa y José Joaquín de Herrera, dos municipios nahuas de la Montaña baja, está salpicado de sangre. Alcozacán, de donde son los diez hombres asesinados el viernes 17 de enero, entre ellos un niño de 15 años, está a la mitad de este corredor mortal.

Israel Tolentino Ahulicán, de 24 años, uno de los asesinados, se había ido de Alcozacán para alejarse de la violencia, como lo han hecho muchísimos habitantes más de este y otros pueblos. Toda la familia de Israel se fue de Guerrero a Morelos.

Israel regresó dos viernes atrás, el 3 de enero, porque la comunidad lo eligió para ser policía comunitario por un año. Se integraría a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) este sábado 18 de enero. Israel no era músico, ni el resto de las víctimas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ante la nula información sobre cómo ocurrieron los asesinatos, aseguró que la única certeza que tenían es que los 10 eran músicos. Pero no se trata de los integrantes del grupo Sensación musical, sino del personal que carga los instrumentos, los que fueron rentados al grupo Conquistador, contratado para tocar en la fiesta patronal de Tlayelpan, a tres horas de Alcozacán, a cuatro desde Chilapa.

En septiembre del 2014, varios de los pueblos de esta ruta, crearon la policía comunitaria para defenderse de las incursiones del grupo criminal Los Ardillos. Los Ortega Jiménez, familia a quien las autoridades ubican como quien maneja el negocio local, es la cuna de Bernardo– tres veces diputado local, una de esas, incluso fue coordinador del Congreso–, no han sometido a 16 pueblos nahuas para hacerse del control total de un área que abarca ya cinco municipios: Quechultenango (donde empezó su historia criminal), Mochitlán, Tixtla, Chilapa y José Joaquín de Herrera.

La ruta

Un día después del asesinato de los 10 habitantes de Alcozacán, el retén militar en el crucero a Ayahualulco, a unos 15 minutos de Chilapa, está sin vigilancia. Este crucero tiene un camino de terracería que conecta con Mochitlán y Quechultenango, el primer feudo de los Ortega Jiménez. Hay sólo dos soldados del lado izquierdo de la carretera. Puede pasar libremente todo aquel que vaya de Chilpancingo a Chilapa o de Mochitlán-Quechultenango a Chilapa. Del lado contrario de la carretera quizá no sea así, los soldados de aquel lado, detendrían a quien resulte sospechoso.

No es día de tianguis. Los sábados, la ciudad con el mercado de origen prehispánico, luce tranquila, podría decirse que semivacía. La gente de Chilapa, testiga de una disputa cruenta entre Los Ardillos y Los Rojos– los segundos languidecen, de acuerdo a la FGE– se ha acostumbrado a los hechos violentos. No hay rostros afligidos. Una noticia sobre 10 asesinados no perturba su vida.

Unos 10 minutos adelante de Chilapa hay una desviación que lleva a Hueycatenango, la cabecera de José Joaquín de Herrera, y mucho más allá también a Quechultenango, en otro camino de terracería que muy pocos transitan. El primer poblado que aparece es Atzacualoya, a 20 minutos de Chilapa, la puerta de esta ruta funesta.

Google vomita cosas siniestras sobre Atzacualoya cuando se escribe este nombre en su plataforma. En el camino de Chilapa a Atzacualoya han aparecido los restos de hombres de Chilapa: desmembrados, degollados, decapitados, como el caso del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Jahaziel Gálvez Ayate, el 8 de mayo del 2017.

El 24 de noviembre del 2015, adelante de este poblado, asesinaron a una familia que iba en una unidad del transporte público. El 26 de febrero del 2018, la precandidata del PRI a la diputación local, originaria de Atzacualoya, Dulce Nayeli Rebaja Pedro, su primo Crescencio, su tío Francisco y su tía María del Refugio, aparecieron asesinados, poco antes de llegar a la población.

Los pueblos nahuas, como Alcozacán, quedaron en medio. Para blindarse, en septiembre del 2014, 16 comunidades originarias, encabezadas por Rincón de Chautla, crearon la CRAC-PF. Como esta policía ha repelido ataques de Los Ardillos en sus comunidades, hay quienes de forma automática, la asocian con Los Rojos.

Otras comunidades, también de origen nahua, principalmente Zelocotitlán, en 2015, crearon otro grupo de policías comunitarios, a los que denominaron Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia. Desde entonces, los encontronazos son entre estos dos grupos. Hay comunidades enemigas, con posiciones irreconciliables, y otras divididas, porque algunas familias apoyan a la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia y otras a la CRAC-PF.

Una mujer de 63 años de edad, originaria de Tula, uno de los pueblos adheridos a la CRAC-PF, tiene una hija que se casó con un joven de Colotepec, simpatizante de la otra policía comunitaria. Una vez su hija se atrevió a hablarle por teléfono. Escuchó a sus nietos llorar porque querían verla. También su hija lloró porque no puede reunirse con ella. Le dijo que si ella iba a Tula o al revés, ambas, corrían peligro. Después de la llamada borró el número. Le dijo que los de la Policía Comunitaria revisan sus celulares, para saber con quién se comunican.

En Tula la CRAC-PF exige para su panteón un punto militar. La gente cuenta que sólo a 800 metros hay dos campamentos de sus enemigos. Les apuntan directo, como si fueran francotiradores. Y les llaman enemigos porque los quieren exterminar, no es que para ellos lo sean.

Un episodio cruento ocurrió el 27 de enero del 2019. Ese día, 12 policías del grupo Paz y Justicia fueron emboscados y asesinados. Llamaron refuerzos e intentaron irrumpir en Rincón de Chautla, otra de las 16 comunidades que resisten al grupo criminal a 30 minutos de Tula, pero la CRAC-PC repelió la incursión, mató a otro integrante de este grupo y se apropió de equipos de comunicación, camionetas y armas.

Siguieron más ataques, más asesinados, más desaparecidos, entre ellas mujeres. En julio del 2019, dos mujeres originarias de Zacapexco, integrantes de la CRAC-PF, aparecieron asesinadas a la orilla de la carretera de Atzacualoya. Esta policía sostiene que Los Ardillos y su grupo encubierto de policías comunitarios les han asesinado a 38 integrantes, dos mujeres.

Rincón de Chautla saltó a las noticias internacionales en mayo del 2019 cuando difundieron un video de niños entrenando para defenderse de Los Ardillos.

Bloquean para que les entreguen los 10 cuerpos

Foto: Jesús Dorantes

Después de Atzacualoya, siguiendo la carretera, aparece Mexcaltepec, poco después Colotepec, más allá Tula y después Alcozacán. Desde el asesinato de los 10 hombres, habitantes de las 16 comunidades integradas a la CRAC-PF, se volcaron al crucero de este pueblo que queda en medio de la ruta para bloquear el paso a Hueycatenando.

Antes del bloqueo, a unos 100 metros hay un retén. Este retén es vigilado por pocos hombres, unos 20, pero bien armados. Lo que tienen en las manos no son escopetas de un solo tiro. En el crucero de Alcozacán está la mayoría de comunitarios, llevan escopetas, algunos solo machetes. Hay mujeres con hijos en brazos, algunas embarazadas, niños, adolescentes y ancianos. Alrededor de 300 habitantes realizan este bloqueo, aunque Bernardino Sánchez Luna, uno de los fundadores de la CRAC-PF, afirma que alrededor de 1,500 habitantes de los 16 pueblos participan en la acción.

Uno de los coordinadores de la CRAC-PF, Nicolás Marcelo Rodríguez, llama a los habitantes dispersos en el crucero. Lo hace porque hay medios de comunicación y quiere para mandar un mensaje al gobernador Héctor Astudillo Flores. Exige que a las víctimas las lleven hasta Alcozacán, porque cercados, como están por Los Ardillos y la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia no pueden salir. De hacerlo, habría más de 10 asesinados.

También piden al Ejército y a la Guardia Nacional que instalen retenes en dos puntos de esta ruta, en el crucero del Jagüey, además del otro en el panteón de Tula. Mientras Nicolás Marcelo expone las demandas, se oyen los lamentos de varias mujeres y niños. Son las esposas, madres y los hijos de las víctimas.

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*Foto de portada: Jesús Dorantes