Glenda Girón | CONNECTAS

Ilustración: Moris Aldana

No es para llenar ficha de registro. Tampoco es para que forme parte de un cartel de bienvenida. Aquí, en esta sede de un programa de refuerzo escolar ubicado en la zona Occidental de El Salvador, no hay para las formalidades o el despilfarro. Pero, a cada niño que es admitido, le toman una foto. Lo hacen por si desaparece. Por si toca, con esa imagen en mano, buscarlo vivo, entre amigos; o muerto, entre matorrales.

Entre enero y julio de 2019, fueron reportadas como desaparecidas 1,798 personas en sedes de la Fiscalía General de la República (FGR) en El Salvador. De estas, en medio millar de denuncias la víctima tiene entre 0 y 17 años de edad. La Convención Internacional de los Derechos del Niño recoge, desde 1989, el concepto de interés superior del niño. De este principio garantista se desprenden medidas especiales de protección a la niñez vulnerable. Entre las que están las alertas inmediatas por desaparición.

En el Triángulo Norte, la región compuesta por tres países que son zona de tránsito y punto de partida de migraciones, estos sistemas de protección, como las amenazas de las que son víctimas los niños y adolescentes, no deberían limitarse por fronteras, así ha quedado escrito en varios informes. Cada uno de los sistemas de alerta inmediata de la región, sin embargo, funcionan con separaciones, diferencias y deficiencias.

En El Salvador, la alerta temprana recibió el nombre de Ángel Desaparecido y fue presentada en octubre de 2013, con la promesa de difundir los boletines “en noticieros de televisión, cintillos en programación por cable, mensajes de texto en teléfonos, cortinas radiales, espacios en medios impresos y digitales y difusión por medio de redes sociales”. De esto, a la fecha, solo está disponible, con cierta frecuencia, la parte de las redes sociales y algunas vallas en las calles.

La colección de fotos que se expone en la página web de la alerta Ángel Desaparecido  da la razón al personal del programa de refuerzo escolar. Las hay borrosas, rotas, con manchas. Hay niños a los que se busca a medio rostro. Marcados, hasta ahí, por la falta de oportunidades. No hubo quien les hiciera un retrato de carita.

“El tema de los desaparecidos, para nosotros, ha sido súper difícil por tema de recursos, porque requiere una investigación que nadie quiere hacer y porque nosotros trabajamos con familias que, aunque ahora sea más fácil por los teléfonos, de verdad, no tienen una foto de sus hijos”, cuenta la directora del programa mientras, afuera, un grupo de niñas juega fútbol.

La bulla por el desarrollo de una mañana deportiva es casi ensordecedora. En un rato, los estudiantes se calman y almuerzan todos en mesas colocadas al centro de una terraza, desde donde se puede ver un horario de actividades que va entre el arte, el refuerzo escolar y la ayuda con las tareas. El lugar desde el que habla la directora es una remodelación reciente. Hace poco tiempo consiguieron dinero para poner muebles a esta habitación calurosa. La adecuaron lo mejor que pudieron con colores, cojines, juguetes y un ventilador. Es un cuarto de crisis. Sirve para atender a los niños o a sus familiares cuando “algo pasa”. Ese “algo” es violencia intrafamiliar, violencia pandilleril, agresiones sexuales o la desaparición de una persona cercana.

En El Salvador no existe un delito de desaparición ligado a la violencia actual. Así que el grueso de casos que recibe la Fiscalía General de la República se canaliza por el delito de privación de libertad, que es en donde se acumulan, ante la falta de una figura adecuada, estas víctimas. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019 se han recibido más de millar y medio de denuncias este tipo.  De estas, 551 han sido por víctimas entre los cero y los 17 años de edad. Es decir, un 31 % de los desaparecidos ha sido menor de edad.

A los habitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras los acorralan problemas como la migración forzada y la violencia. Ambos muy ligados a las desapariciones. Pero, estas desapariciones actuales no tienen cabida en ninguno de los tres códigos penales.

“La desaparición es un ejemplo de cuándo importa que aparezca el cuerpo y cuando no importa. Si la desaparición no es delito, entonces es muy ‘útil’, entre comillas, para los actores violentos; lo hace funcional”, explica la investigadora y catedrática en el Centro de Latinoamérica y el Caribe, del London School of Economics en Inglaterra, Jenny Pearce, en una entrevista publicada en el medio digital guatemalteco Plaza Pública.

Estos países no han creado el delito ajustado al contexto de cómo esta amenaza ha crecido entre los habitantes. El Salvador y en Guatemala aventajan a Honduras solo en que sus códigos penales tipifican la desaparición forzada, que se distingue por la participación de cuerpos de seguridad estatales.

En el caso de El Salvador, la alerta Ángel Desaparecido es un intento por reducir ese vacío en el que caen las denuncias. Activar una alerta debe implicar compartir información con la Policía Nacional Civil, con la Dirección Nacional de Migración y Extranjería y con medios de comunicación en las primeras horas de denuncia. Está estipulado que la emergencia alta dure 48 horas, tiempo en las que la institución debería recoger información para realizar un posible rescate y también para investigar y procesar a posibles responsables. Tras este plazo, el aviso no desaparece, se mantiene, en teoría, activo.

Muy lejos de los 551 casos de menores de edad desaparecidos incluidos en los registros a julio de 2019, en la página web, la FGR tiene activas alertas nada más 25 niños. Para los otros 526, el 95%, la página web no da cuenta ni de cartel ni de alarma. Es en este amplio porcentaje es que caben historias como la de Nelson, un adolescente que ya lleva casi año y medio desaparecido sin que se le haya creado un boletín.

En el caso de Nelson, al menos, está contado entre los registros de la zona metropolitana de San Salvador. Hay otro grupo aún más silenciado. Estos son los niños que viven al margen del sistema de protección y para los que ni siquiera se ha podido generar una denuncia. Han desaparecido sin dejar rastro en ninguna parte. Son casos como los M, A y C, adolescentes todos, que residían en los cordones vulnerables y pobres del interior del país.

M, A y C eran parte del programa de refuerzo escolar. Son de los que forman parte de ese grupo de beneficiarios que, recuerda la directora, se le han desaparecido durante la última década. “Entre las familias que atendemos, el principal problema para buscar un cuerpo es que no tienen fotografías”, explica desde el pragmatismo.

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No puede haber precisión en lo que se publique sobre M. Baste acá comenzar en la misma salita de crisis en el que la directora calcula en tres el porcentaje de niños del programa que han desaparecido sin que se pueda denunciar ante la Policía o ante la Fiscalía.

M vive. Es uno de los dos casos del programa que, recuerda la directora, han podido volver de una desaparición. M todavía no es mayor de edad, y lleva cicatrices que le atraviesan el cuerpo en zonas vitales. Habla suave, despacio, sin alteraciones y, casi siempre, mira hacia cualquier lado, menos a su interlocutor.

Hubo una época en la que M estudiaba y venía al programa. Lo hizo hasta donde pudo. Hasta cuando tuvo que ayudar a su mamá con la venta para pagar la luz, el agua, la casa, y la comida para sus  hermanos menores. Así, comenzó a vender ambulante. Así, un mal día, se salió del límite. Llegó al territorio de la pandilla contraria a la que predomina cerca de su casa y fue interceptado.

Pasaron varios días sin que su familia supiera de él. En ese tiempo, fue torturado. Sus captores lo lastimaron hasta darlo por muerto. Solo así, lo abandonaron en una vereda. Alguien lo encontró y fue llevado al hospital. Para ese momento, cuando su familia ya había pasado varios días buscándolo, no había una denuncia y , por ende, tampoco había movilización institucional para hallarlo. M nunca fue un Ángel Desaparecido.

“Lo primero que hacemos es pasar un aviso a toda la red de apoyo que tenemos”, explica la directora y asegura que no obligan a ninguna familia a colocar una denuncia en la fiscalía o en la policía, porque, reconoce, es un riesgo. La sede del programa es una especie de tregua en una zona en donde la institucionalidad es la pandilla. Acercarse a una delegación es un riesgo cuyos beneficios es necesario evaluar.

“Activamos las redes sociales anunciando que tenemos a un desaparecido y empezamos a hacer una pequeña labor de investigación con la trabajadora social. Nos acercamos a la gente de las pandillas locales para saber si nos pueden dar alguna información”, continúa. La directora cuenta que cuidan a las familias del maltrato que puedan recibir en las instituciones, como la policía, al obtener respuesta del tipo “era pandillero”, si la víctima es niño; o el “ha de estar con el marinovio”, si la víctima es niña. Y cuidan también a las familias de correr otros riesgos.

“Ha habido casos en los que hemos logrado saber, preguntando a la gente de aquí cerca, en donde han ido a dejar el cuerpo, pero la familia no lo puede ir a sacar, porque también la matan”, en estas situaciones, cuenta la directora, queda dar atención psicológica y acompañar. Lo hacen acá, en la salita de la crisis que ahora, escuchándola, se hace tan indispensable. “El sistema no funciona para personas como las que llegan a nosotros. Si vamos, nos dicen que busquemos en Medicina Legal. Le dicen a la familia que busque a sus niños muertos”.

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*Ilustración de portada: Moris Aldana