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Jhovany Amastal

@JhovanyAmastal

En 2018 Puebla se ubicó en la posición 30 de 32 estados en materia de protección efectiva de los derechos fundamentales, de acuerdo con el reporte del World Justice Project (WJP). Lo que, a decir del documento, representa una clara “insuficiencia de mecanismo para garantizar el cumplimiento de las normas que lleven a una organización efectiva de la sociedad y gobierno”.

No es un hecho aislado, puntualiza Roberto Alonso, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Puebla: “La Comisión Estatal [CDH Puebla] no ha sido una institución a la altura de las problemáticas que ha vivido nuestro estado en materia de derechos humanos y, pese a su autonomía constitucional, ha carecido de independencia frente al poder gubernamental”.

Y los datos recabados por el Observatorio lo confirman: en el sexenio de Rafael Moreno Valle se vivió una “captura institucional” del organismo encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos por parte del poder ejecutivo, puntualizó Roberto Alonso. 

Durante el mandato del panista, el número de recomendaciones tuvo una disminución del 83% al pasar de 66 registros en 2011 a 11 a finales de 2016, a pesar de que su administración estuvo señalada por el alto número de personas encarceladas por oponerse a proyectos de gobierno.

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Por ello, el Observatorio junto con el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), que dirige Galilea Cariño Cepeda, plantearon la necesidad de que el Congreso del estado defina a la persona que encabezará a la CDH Puebla a partir de un perfil que apueste por la independencia del poder político.

Foto: CDH

Probidad, experiencia y conocimientos: principales características del ombudsperson

Cabe mencionarse que el pasado 13 de septiembre se cerró la convocatoria para la elección del futuro ombudsperson en el estado.

Para poder evaluar la idoneidad de los 25 candidatos presentados: 14 hombres y 9 mujeres,  los académicos de la Ibero propusieron los siguientes atributos:

• Conocimiento amplio sobre los derechos humanos con enfoque de perspectiva de género, interseccionalidad y sectorialidad, bajo los principios de progresividad y máximo uso de recursos disponibles, así como de casos de violaciones graves a derechos humanos y dominio de los estándares e instrumentos internacionales.
• Conocimiento del contexto y la realidad de los derechos humanos en el estado, incluyendo los retos actuales, las particularidades de grupos específicos y experiencias de acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos.

• Conocimiento del sector de las organizaciones de la sociedad civil en materia de promoción y defensa de los derechos humanos, colaboración con ellas y trayectoria reconocida por ellas.

• Experiencia y capacidad de interlocución con actores sociales diversos, entre ellos, instituciones nacionales e internacionales, colectivos de víctimas, sociedad civil y academia.
• Experiencia de gestión en instituciones u organizaciones; y
• Probidad y rectitud.

Distancia del poder

Galilea Cariño señaló la importancia de una actitud crítica por parte del posible titular pues, “es el primer contacto que tienen las personas para asegurar el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos”.

Para ello, uno de los principales retos, señaló la investigadora, es el fortalecimiento de la confianza de las personas en las instituciones, así como la socialización de las normas y reglamentos a cargo de la CDH Puebla. 

Ya que, generalmente, se piensa en “violaciones reiteradas como a la libertad o la personalidad jurídica”; sin embargo, existen otras ilegalidades relacionadas a condiciones de vivienda, salud y/o alimentación que también están relacionadas con las funciones de la comisión pero no se han establecido en el imaginario colectivo.

Asimismo, se apeló a la Comisión a realizar estudios más detallados sobre grupos vulnerables: indígenas, niños y adolescentes, defensores de derechos humanos, periodistas y mujeres, dado que, en la actualidad, no se cuenta con un diagnóstico claro ni preciso.

Por su parte, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, responsable de Comunicación del IDHIE, recordó que el proceso de designación en curso representa una oportunidad única para la construcción de una institución clave en un régimen democrático.

Por ello, insistió en la necesidad de que el Congreso local considere llevar el proceso por  “cauces de apertura, participación y transparencia, a fin de generar confianza”.

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