Foto: Marlene Martínez

Puebla contra la Corrupción y la Impunidad

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Operaciones financieras opacas, adjudicaciones directas de obra pública, la apropiación de tierra con prácticas ilegales, así como alianzas con poderes fácticos, es el legado del gobierno de Rafael Moreno Valle que el periodista Sergio Mastretta documentó en la investigación La Trama Audi, componendas de un gobierno autoritario.

El trabajo auspiciado por la organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad revela entre otras cosas el irregular proceso de adquisición de mil 667 hectáreas para la consolidación del proyecto. Dice Sergio en el prologo del libro: «Impunidad ha sido la marca. Corrupción la consecuencia.»

«La investigación sigue la pista de un proyecto estratégico de Estado, complejo en su proyección y en su desarrollo, impuesto por un gobierno que usa todos los recursos legales e ilegales que tiene a la mano».

En el libro también se narra el papel que jugaron funcionarios de primer nivel como Roberto Moya Clemente (antiguo empleado de Aspe Armella en Protego) y Antonio Gali en la entrega de la administración del impuesto sobre la nómina para el pago de la plataforma Audi a la empresa Evercore, de Pedro Aspe Armella.

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Publicamos la introducción de esa larga investigación. El libro que contiene el minucioso trabajo será presentado este martes en el edificio de la 3 poniente 711, en el centro de la ciudad de Puebla.

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El poder de los gobernadores inmobiliarios.

Impunidad la marca; corrupción, la consecuencia

Los procesos económicos, políticos y sociales en la historia reciente de Puebla han estado determinados por el papel fundamental que han jugado los sucesivos gobernadores. Impunidad ha sido la marca. Corrupción la consecuencia.

La construcción social que conocemos como “gobierno del estado de Puebla,” dependiente siempre de los poderes económico y político foráneos, al grito de “reordenamiento y modernización” ha sido la gran empresa impulsora, administradora, centralizadora, controladora del crecimiento económico industrial y urbanístico, concentrado en gran medida en el entorno metropolitano de la ciudad de Puebla. Ha sido así en el largo plazo con Aarón Merino Fernández en los años sesenta, con la llegada de la armadora automotriz Volkswagen como punta de lanza de la industrialización no textilera y la inversión en infraestructura urbana; con Manuel Bartlett en los noventa con el Programa de Desarrollo Angelópolis y el posicionamiento hegemónico del capital inmobiliario-comercial, y ha tocado el extremo con Rafael Moreno Valle en la segunda década del siglo XXI con la implantación de la empresa Audi de México S.A. de C.V. y el desarrollo territorial e inmobiliario de la región donde se ubicó.

Esta investigación de Puebla contra la Corrupción y la Impunidad, a.c. recorre la ruta de la implantación de la armadora alemana Audi y la nueva urbanización llamada Ciudad Modelo en San José Chiapa entre 2012 y 2019.

Intenta responder los interrogantes abiertos sobre el futuro del proyecto mismo –la confirmación desde el Estado de la apuesta por la industria automotriz como motor fundamental del modelo de desarrollo capitalista para la región–, en buena medida determinado por los procesos de poder autoritario que identificaron una era, la de Rafael Moreno Valle en el control absoluto de las instituciones públicas.

La investigación quiere plantear la perspectiva histórica para una sociedad que ha mirado inerme –sin capacidad de análisis crítico y debate democrático– el comportamiento de quienes han tenido bajo control las estructuras de poder y han tomado decisiones unilaterales que determinan absolutamente la vida de la colectividad.

La investigación sigue la pista de un proyecto estratégico de Estado, complejo en su proyección y en su desarrollo, impuesto por un gobierno que usa todos los recursos legales e ilegales que tiene a la mano. Se propone describir el proyecto Audi y Ciudad Modelo desde la perspectiva de la estrategia de poder desarrollada por Rafael Moreno Valle y sus implicaciones sobre presuntos actos de corrupción e impunidad.

La investigación identifica y describe a detalle los principales procesos involucrados, y sus actores, en la acción de gobierno: la expropiación y compra de tierra ejidal y privada a través del poco transparente Banco Estatal de Tierra y validada por el Registro Agrario Nacional (Capítulo 1); el “Contrato de Trabajo” firmado entre el Gobierno de Puebla y la empresa automotriz alemana en el marco del proyecto económico-político de Rafael Moreno Valle (Capítulo 2); la construcción de la plataforma Audi, los esquemas de operación de los mecanismos financieros conocidos como proyectos de prestación de servicios (pps) y asociación público-privada (app) desarrollados en alianza con poderes fácticos nacionales como Pedro Aspe Armella, la adjudicación de obra pública a particulares por miles de millones de pesos en adjudicaciones directas y operaciones blindadas al escrutinio público, y la radical transformación de la realidad de la región rural de San José Chiapa (Capítulo 3); la creación de un nuevo centro de población al margen de las poblaciones existentes, con un gasto superior a los 2,200 millones de pesos y con la creación de un organismo controlado por el gobierno estatal para la administración regional (el Organismo Público Descentralizado (opd) Ciudad Modelo) por encima de los derechos y obligaciones constitucionales de los municipios (Capítulo 4); la existencia del cluster automotriz en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala y su vinculación con el proceso propio de la armadora Audi, con el interrogante último sobre el sentido que tuvo su instalación en San José Chiapa, un municipio apartado del cluster _ya existente (Capítulo 5).

Finalmente, se presentan una serie de conclusiones que muestran cómo un proyecto estatal de esta envergadura tuvo finalmente consecuencias trascendentales para la región y el estado, con costos y beneficios, y deja ver procesos de corrupción e impunidad que envolvieron este proyecto gubernamental.

El esquema” Moreno Valle” y el proyecto Audi en San José Chiapa. La apropiación de la tierra

De entrada, la variable tierra se trata en el Capítulo 1. El proyecto Audi supuso la liberación por la vía de la compra de alrededor de 1,667 hectáreas divididas en el área de la planta armadora, Ciudad Modelo y el conjunto de obras de infraestructura energética, telecomunicaciones, agua-saneamiento y vialidades construidas. De ahí surge la interrogante de por qué se decidieron por San José Chiapa, por qué ese valle, quiénes y cómo son los beneficiarios de la especulación inmobiliaria en la compraventa de terrenos ejidales y particulares, y finalmente, qué consecuencias tiene para el largo plazo y para la realidad socioambiental de la región. Precios. Costos. Cómo compró y cuánto pagó el gobierno a través del Banco Estatal de Tierra y de la Secretaría General de Gobierno, a cargo, entonces, de Fernando Manzanilla. La manipulación de las asambleas ejidales, las violaciones a la Ley Agraria. Al final, la adquisición de al menos 680 hectáreas –440 de ellas adquiridas ilegalmente a cuatro ejidos de la región– para un proyecto que en el papel supone el traslado de dominio de más de 1,450 hectáreas (alrededor de 900 has. para las tres etapas de Ciudad Modelo y 460 para la Plataforma Audi).

Un proyecto de desarrollo, entonces, que se funda en la apropiación por el Estado de la tierra de ciudadanos que la detentan legalmente, ejidatarios o propietarios privados. Un acuerdo entre la corporación trasnacional y el gobierno de Puebla que supone un traslado de dominio, probado por esta investigación, de 680 hectáreas (440 ejidales y 240 privadas), 460 de ellas vendidas en dos millones de dólares (30 millones de pesos de 2013, es decir, 65,217 pesos por hectárea) a Audi de México, pero por las que el gobierno pagó 355.7 millones de pesos (523 mil pesos en promedio por hectárea –más de 10 veces lo que pagó por ellas–) a seis particulares, dos de ellos funcionarios públicos de la Dirección de la Tenencia de la Tierra en la Secretaría General de Gobierno, convertidos en ejidatarios con derechos y Dominio Pleno para este proceso, sin dejar de ser los operadores de la compra-venta con los ejidatarios originales. Una operación probablemente ilegal, según lo establecido en la Ley Agraria, para 440 hectáreas en las que se involucran estos dos funcionarios del gobierno estatal y una familia de agricultores chipileños que hace unos años compraron en el sitio y cuyos miembros, por la magia burocrática del gobierno estatal, se convirtieron también en ejidatarios. Una operación por la que a los ejidatarios propietarios originales se les pagó, por fuera de toda escrituración, a 8.50 pesos el metro cuadrado.

Un contrato para entender la implantación de Audi en San José Chiapa

El Capítulo 2 se concentra en el Contrato de Desarrollo firmado entre el gobierno del estado y la empresa armadora de capital alemán Audi. Su implantación en San José Chiapa ha supuesto para la historia de Puebla la mayor transferencia de recursos del Estado hacia la operación de una empresa de capital trasnacional a través de una compleja urdimbre de acciones políticas, legislativas y financieras bajo control absoluto del gobernador del Estado entre 2011 y 2017, Rafael Moreno Valle. Los términos del contrato Audi, sus condiciones, los interrogantes sobre los costos y beneficios. La escrituración de la tierra. La relación de la armadora con los municipios. La condonación de impuestos municipales y de nómina, entre otros.

Contra la inversión de la empresa alemana de 1,300 millones de dólares, los poblanos hemos transferido al proyecto por la acción del gobierno en seis años alrededor de 1,321 millones de dólares contados en territorio y obra pública en infraestructura, impuestos condonados y una retahíla de condiciones firmadas con el consorcio VW-Audi el 5 de septiembre de 2012. Este contrato, con el proyecto añadido llamado Ciudad Modelo determinará para las siguientes generaciones el derrotero socioambiental y económico de la región central del Estado de Puebla, una región que no había visto mayor acción desde la época de las haciendas en el siglo xix. Tal movimiento involucra una gran variedad de actores y le permite a Rafael Moreno Valle conformar una compleja red de intereses económicos y políticos locales, regionales, nacionales e internacionales para su propio proyecto político.

Un contrato que ejemplifica, por igual, la debilidad económica y política de una sociedad como la nuestra frente al capital extranjero y la actuación impune de un gobernante que lo firma –por la vía de sus secretarios Fernando Manzanilla (Secretaría General de Gobierno) y Roberto Moya (Secretaría de Finanzas)–.

Este contrato, entonces, montado en la irregularidad e ilegalidad en el traslado de dominio de la tenencia de la tierra que lo sustenta, que compromete a la empresa a generar al menos 3,800 empleos de tiempo completo para el 31 de diciembre del 2018, provoca una compleja trama jurídica, financiera, económica y política urdida entre 2011 y 2017 con leyes, reformas y decretos, convenios políticos, licitaciones, adjudicaciones y contratos privados, nuevos organismos y fideicomisos para la habilitación de la obra pública requerida para la construcción de la plataforma Audi y la Ciudad Modelo.

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La cuenta es larga: una nueva ley y tres reformas constitucionales, diez decretos, tres nuevos fideicomisos, cinco convenios, dos nuevos organismos estatales, seis contratos, siete escrituras, siete permisos, cuatro estudios. Y contra lo que pudiera pensarse, sólo tres amparos ante la justicia federal contra este aluvión de procedimientos legales.

La implantación de la plataforma

El Capítulo 3 analiza el proceso de licitación y construcción de la obra, así como el esquema financiero del gobierno del estado con Audi para cumplir con el contrato firmado con la empresa alemana el 5 de septiembre del 2018.

En el capítulo se considera el papel de los funcionarios Roberto Moya Clemente (antiguo empleado de Aspe Armella en Protego) y Antonio Gali en la adjudicación directa (presuntamente ilegal) a una empresa constructora queretana y la creación del Fideicomiso 0144 que otorga a la empresa Evercore, de Pedro Aspe Armella, la administración a través de un contrato irrevocable del impuesto estatal sobre la nómina para el pago de la app creada para la obra.

También se considera el papel del dirigente de la ctm, Leobardo Soto, su cacicazgo en la región de Lara Grajales, su participación como gran contratista del movimiento de 20 millones de metros cúbicos de tierra.

Y en ese ámbito del movimiento de miles de camiones materialistas, la proliferación del huachicol a partir justamente de ese año 2013 y el presunto involucramiento de las autoridades. Y lo ocurrido después en Nopalucan, un proceso claramente pervertido por la realidad del crimen organizado que se ejemplifica con el asesinato en septiembre del 2018 del alcalde electo, Félix Aguilar Caballero.

La vocación inducida

El proceso llamado “Nuevo Núcleo Urbano Ciudad Modelo” se analiza en el Capítulo 4. En el capítulo se revisa el estudio para el Plan de Ordenamiento Territorial, realizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la buap que fue contratado en un inicio por el gobierno como consultor para el ordenamiento territorial de la región Audi.

Dicho estudio propuso un proyecto de crecimiento planificado a partir de las fortalezas de las comunidades existentes, una ruta contraria a la idea de una “ciudad modelo”, el cual fue desechado. La participación de la empresa española idom y sus estudios ocultos hasta el día de hoy a la opinión pública, hechos bajo la premisa de ordenamiento a partir de una nueva “ciudad rural” con una “vocación inducida”.

También se revisan los contratos y las adjudicaciones que siguieron para la construcción de infraestructura, vivienda y edificios públicos que superan en gastos comprobados por esta investigación los 2,198 millones de pesos.

La realidad fantasmal de Ciudad Modelo (apenas el 2 por ciento de las 25 mil viviendas contempladas en el proyecto de idom ha sido construido, y no hay más de 97 viviendas habitadas), que obliga a cuestionar el planteamiento mismo de la existencia de Audi como fuerza motriz para el desarrollo socioambiental de la región.

El gobierno ha tratado de impulsar la región a través del establecimiento de instalaciones de la Secretaría de Marina en Ciudad Modelo y las fábricas de la Secretaría de la Defensa Nacional en Oriental.

La lógica de la industria automotriz

Nuestra investigación analiza también en el Capítulo 5 la ubicación de Audi México en San José Chiapa desde la perspectiva de lo que significa la existencia del cluster automotriz en el entorno metropolitano de la ciudad de Puebla: ya sea por razones de mercado, localización o política pública, entre los alemanes y Rafael Moreno Valle se tomó la decisión de implantar a la armadora en una zona económicamente atrasada y alejada del cluster automotriz de la zona metropolitana de la capital poblana.

Se vislumbró a Audi como la unidad motriz generadora del desarrollo, pero San José Chiapa queda fuera de la zona donde ya se había formado previamente un cluster de empresas de la industria automotriz y eso, en la práctica, ha hecho difícil que nuevos proveedores se hayan instalado alrededor de Audi México.

Sólo aquellos proveedores obligados a entregar en secuencia sus productos a la armadora se instalaron desde un principio en la propia plataforma Audi. Desde entonces no ha habido nuevas empresas que se hayan instalado en el lugar previsto para ello.

La red y la mecánica construida por Moreno Valle

Tres líneas estratégicas configuran el mecanismo de poder generado y desarrollado por Rafael Moreno Valle en las últimas dos décadas: el control del dinero, el sometimiento de los poderes y la oscuridad absoluta de los procesos. La investigación, con el análisis de lo ocurrido con la implantación de la armadora Audi en San José Chiapa, se propone entonces alumbrar el proyecto de Estado más importante de las últimas décadas desde la perspectiva de los procesos de poder en la era Moreno Valle. La compleja red de relaciones tejida para el fortalecimiento de su proyecto político personal, que estuvo acompañado de actos de corrupción y evidente impunidad.

[pull_quote_left]Contra la inversión de la empresa alemana de 1,300 millones de dólares, los poblanos hemos transferido al proyecto por la acción del gobierno en seis años alrededor de 1,321 millones de dólares contados en territorio y obra pública en infraestructura, impuestos condonados y una retahíla de condiciones firmadas con el consorcio VW-Audi el 5 de septiembre de 2012.[/pull_quote_left]

La instalación de Audi fortalece la relación histórica de la ciudad de Puebla con la corporación trasnacional Volkswagen ag. Para Audi misma, la ubicación mexicana forma parte de su estrategia de penetración en el mercado norteamericano. De paso, aumenta la importancia del Sindicato Independiente de Trabajadores de vw, al otorgarle el contrato colectivo.

El proyecto Audi afianza la relación de Rafael Moreno Valle con el gobierno de Enrique Peña Nieto y grupos de poder fáctico vinculados a él. Con Audi, Moreno Valle fortalece los vínculos con las élites político-financieras de trayectoria priísta como las que representan Pedro Aspe Armella y Carlos Hank Rohn; impulsa también alianzas particulares con grupos políticos nacionales ligados al pan –como el que representa en su momento el gobernador Francisco Domínguez en Querétaro–, siempre con la mirada de convertirse en un actor principal en la ruta de la carrera presidencial del 2018. Y ese tipo de alianzas se producen también en ámbitos regionales y locales, sin prejuicio por la filiación política del vínculo. El mejor ejemplo de ello es el que representa la participación de la ctm priísta en la operación del movimiento de tierra para la construcción de la plataforma Audi. Con Audi, Moreno Valle se posiciona también en el entorno vital de cualquier político, el de la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario ligados a las adjudicaciones de la obra pública.

El proyecto coincidió con la explosión del llamado huachicol en la región de Tepeaca-Tecamachalco entre el 2013 y el 2014, y sus presuntos vínculos con las autoridades municipales y el gobierno estatal.

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¿Cómo se produce este proceso?
¿Qué consecuencias tiene en los ámbitos políticos, sociales y económicos de la región y del estado?
¿Quiénes son los beneficiarios y quiénes los perdedores principales?
¿Cómo debería llevarse a cabo un proceso de esta naturaleza?

Esta investigación apunta a las consecuencias que tiene para el largo plazo de la vida de la sociedad poblana esta apuesta total por la industrialización automotriz a cualquier costo. En San José Chiapa se ha impuesto una vez más un modelo de desarrollo sin el más mínimo atisbo de análisis crítico y debate colectivo, porque tal es el grado de opacidad, de indefensión de la sociedad, incapaz de generar desde los grupos civiles organizados una respuesta informada, crítica, democrática contra una acción impune del Estado. Es por ello necesario abrir al debate democrático sobre el Estado que tenemos y la posibilidad de construir políticas públicas verdaderamente fundadas en el interés colectivo.