Roberto Alonso

@rialonso

Tomada de senado.gob.mx

Puebla llega tarde a la cita de legislar la participación ciudadana. La primera ley en la materia la aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 1995. A 24 años, aunque no existe una ley de este tipo a nivel federal, son 27 estados los que sí cuentan con una. Junto con Puebla, Campeche, Chiapas, el Estado de México y San Luis Potosí carecen de este marco jurídico. El mes pasado, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la nueva Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, una de las más completas al momento.

Que el estado sea uno de los últimos no es necesariamente una mala noticia, representa a la vez una valiosa oportunidad para contar con un marco jurídico que recoja las mejores prácticas en el país y coloque a Puebla a la vanguardia en este rubro. Como hemos visto en otros ámbitos, por ejemplo en el de la transparencia y el acceso a la información pública, una buena ley no basta, pero es condición importante para reconstruir la vida democrática en la entidad. Haber llegado tarde no confirma sino el clima adverso para la participación ciudadana y social en el morenovallismo.

Lo que sí desconcierta es la breve duración de los foros que tuvieron lugar en días pasados para escuchar propuestas rumbo a la construcción de la iniciativa. Sobre el tema, el gobernador Miguel Barbosa asentó que la ley sería producto de una “amplia consulta y participación social”. Tratándose de participación ciudadana, diez días de consulta a la sociedad sin suficiente información y difusión previa son insuficientes y contradictorios.

Como ha sido anunciada, la Ley de Participación Ciudadana de Puebla es una iniciativa en construcción que hará llegar el gobernador al Congreso local en el presente periodo legislativo. Por ello, fue la Coordinación Estatal de Participación Ciudadana la que convocó del 12 al 21 de septiembre a siete foros que se realizaron en la sede del Congreso y en los municipios de Tehuacán, Zacapoaxtla, Izúcar de Matamoros, Huauchinango, San Andrés Cholula y Teziutlán, sin contar los foros de inauguración y clausura.

Llevar esta reflexión al interior del estado es reflejo de una pauta acorde con el espíritu de la ley en cuestión, no así la manera exprés como transcurrieron los foros. A falta de un debate público más abierto y plural, la discusión en el Congreso puede ser muestra de la disposición y la voluntad institucional de procesar la iniciativa con buenas dosis de participación ciudadana.

Vale la pena retomar cómo están los niveles de confianza institucional para dimensionar la necesidad imperiosa de explorar fórmulas exitosas e innovadoras en orden a construir legitimidad pública. De acuerdo con el ranking 2018 sobre la confianza en las instituciones de Consulta Mitofsky, la clase política se encuentra reprobada, en los últimos lugares de las 18 instituciones medidas. Un cierto nivel de desconfianza resulta útil para cuidar la democracia y mantener alerta el sentido de control social sobre los representantes públicos, sin embargo, la brecha entre gobierno y sociedad es un reto mayúsculo para la participación ciudadana.

Entendida como la capacidad de intervenir en la vida pública y la toma de decisiones colectivas, es conveniente entender, y por tanto promover, la diversidad de formas que puede adoptar la participación ciudadana. Una revisión a las 27 legislaciones que hay en el ámbito subnacional arroja más de 40 mecanismos para impulsar este involucramiento de la sociedad en el espacio público, porque es de todos y a todos afecta. El plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, la iniciativa ciudadana y la consulta popular son quizá las formas típicas que regulan las leyes de participación ciudadana, instrumentos, por cierto, de la democracia directa. No obstante, no la agotan. El menú crece si la democracia representativa se complementa también con democracia participativa y deliberativa.

Así como lo pueden ser las leyes de algunos estados, un referente a considerar para la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana de Puebla es el Modelo de Ley Integral de Participación Ciudadana, que incluye 20 vehículos de participación, entre ellos el parlamento abierto.

La participación ciudadana es hoy un componente de la noción de apertura que está detrás de la idea de gobierno abierto. Junto a la transparencia, la rendición de cuentas y principalmente la colaboración, la participación ciudadana interpela a la administración pública, a la representación popular en los congresos e incluso al aparato de justicia. El gobierno abierto como nuevo paradigma de relación entre ciudadanos y autoridades para colaborar juntos en la resolución de los problemas públicos, favorece la multiplicación de canales para la participación ciudadana en todo el entramado institucional, dando pie a la exigencia de esquemas de parlamento abierto y justicia abierta. He aquí una oportunidad para enriquecer el debate y que Puebla sea ejemplo a nivel nacional.

Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.

*Foto de portada: senado.gob.mx