Chilpancingo

Traía el cabello revuelto, la ropa sucia y los tenis manchados.

Subió a la unidad de transporte público. No pagó. No platicó con nadie. Sólo entró y se sentó. Eran cerca de las cuatro de la tarde del lunes 6 de mayo.

Parecía atornillada a la banca y la mirada fija en un punto ciego.

Llegaron a la colonia, el último sitio de la ruta,  pero ella seguía pegada al asiento.

Los pasajeros le dijeron que ya habían llegado. Las voces la devolvieron a este mundo. No respondió el aviso. Sólo se bajó y se encaminó a su casa, en Chilpancingo,  de la que había estado ausente los últimos siete días.

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En Guerrero desaparecen a la gente, sobre todo a las niñas.

Aquí, las alertas Amber, para niños y niñas,  y Alba, para mujeres mayores de 18 años, se activan cada 48 horas en promedio.  Los hombres mayores de 18 años que desaparecen no entran en este conteo. Para ellos no hay protocolos de búsqueda.

La primera vez que se puso en marcha la alerta Amber en Guerrero fue el 23 de enero del 2017 por la desaparición de Santiago de la Cruz Ramírez,  de 17 años, de Acapulco, quien hasta la fecha no ha aparecido.

De los 126 menores con reporte de desaparición, entre enero del 2017 y mayo del 2019, 86 niñas y niños siguen perdidos, sólo 40 han sido recuperados, lo que establece que la alerta Amber tiene una efectividad del 30 por ciento, así se desprende de la página oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los 86 menores desaparecidos no son los únicos que se han perdido. Son los que fueron denunciados y la Fiscalía abrió el expediente de investigación. Guerrero es el estado con el mayor número de delitos no denunciados, seguido del Estado de México y en tercer lugar Tamaulipas, de acuerdo con el Índice de Impunidad 2018, elaborado por la Universidad de las Américas.

La mayoría de las niñas y niños perdidos de acuerdo a las veces que se ha activado la alerta Amber son de Chilpancingo, con 47 registros, de Acapulco 31,  Zihuatanejo 8, Iguala 7. El resto ha ocurrido en otros municipios, como Tixtla, Chilapa y Tecpan.

Chilpancingo es un hoyo negro para las niñas. Acapulco no se queda atrás. Algo pasa en la capital que las menores se pierden en lugares públicos. De la escuela a sus casas se esfuman. De calles muy transitadas como la Zapata, el principal andador peatonal de la ciudad,  se evaporan.

Es cierto que varias de las alertas Amber activadas son casos de menores que huyen de sus casas por problemas con sus progenitores como Christian Yamil Molina Godinez, de 13 años, por quien se activó el protocolo el 12 de mayo del 2018 y regresó 15 días después.

De acuerdo con el papá y la mamá de Christian, la FGE no llevó cabo ninguna investigación, nunca fue ningún policía ministerial a hacerles ninguna pregunta a ellos, a sus vecinos o a maestros y compañeros de su escuela. A la fecha, la FGE no ha desactivado la alerta pues desconoce que el menor volvió a su domicilio.

Pero hay casos de menores de quien sus familiares no han vuelto a saber nada de ellos.

Todo apunta a que las y los menores que no aparecen, en su mayoría, son víctima de trata, como el caso de Karla de los Angeles Villalobos Gómez, de 17 años, desaparecida el 30 de abril del 2017, en Acapulco. La madre de Karla  supo que su hija cayó en una red de prostitución en la que están inmiscuidos policías municipales del puerto, de acuerdo con su denuncia en la CDMX hecha a un medio.

El caso de Karla fue retomado por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina y El Caribe (Catwlac) la que consiguió que la Interpol emitiera la alerta roja, un aviso internacional sobre desaparición de personas. De esta forma Karla fue recuperada. La FGE  tampoco desactivó esta alerta.

Otros menores desaparecidos son víctimas de las organizaciones criminales. Adrián Ayala Abarca, de 17 años,  es uno de ellos. El menor desapareció en Acapulco el 9 de abril del 2019. Su cadáver desmembrado apareció días después en una bolsa negra. La FGE también mantiene la alerta. La institución se calla cuando hallan asesinado a un desaparecido con alerta.

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Alrededor de las once de la noche del martes 30 de abril del 2019, la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía General del Estado (FGE) activó la alerta Amber por la desaparición de Danna Ofelia Ramos González, de 16 años, en Chilpancingo.

Gabriela González, mamá de Danna, la buscó desde las tres de la tarde, cuando llegó del trabajo y se enteró que no había regresado de la clase de baloncesto a la que asiste de siete a nueve de la mañana, a la Preparatoria número 9, de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).

Con el caso de Danna, la Fiscalía Especializada activó por trigésima novena  vez la alerta Amber en lo que va del 2019, protocolo para la búsqueda de niños y niñas.

Con Danna, la alerta Amber había sido activada 106 veces, de acuerdo a los registros históricos en la página oficial de la FGE, aunque estos no coinciden con reportes de la misma dependencia.

Gabriela González estaba desesperada desde que comenzó a marcar a Danna y su número mandaba a buzón. En los primeros cuatro meses del año, habían ocurrido 59 probables desapariciones, de 39 menores de edad y de 20 mujeres de 18 años en adelante, casos en los que se activa la alerta Alba. 

Las redes sociales difunden a cada rato información sobre una nueva persona desaparecida y pocas veces reportan cuando son localizadas. Gabriela se presentó a la Prepa 9 a ver si Danna fue a clases en el turno vespertino, en el que está inscrita. Estuvo en la puerta del salón a ver si llegaba. Platicó con los compañeros de su hija. Llegaron también los familiares de José Manuel Marcial Gómez, de 15 años, estudiante de la misma escuela del turno matutino quien tampoco había regresado a su casa ese día.

A las nueve de la noche, cuando se terminaron las clases en el aula de Danna, Gabriela acudió a la FGE a denunciar la desaparición de su hija. Fue la alerta número 39 del año. Se activó de manera inmediata, como marca el protocolo. Pero no siempre es así, no todas las personas a las que se les pierde un familiar tienen posibilidades de ser escuchadas, sobre todo si llegan solas.

En el caso de Gabriela fue distinto. La abuela de Danna es una activista de derechos humanos. Pidió apoyo a organizaciones. De inmediato, el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello acompañaron a la madre y a la abuela.

Al día siguiente, la FGE activó también la alerta número 40 del año por la desaparición de José Manuel.

En la Prepa 9, maestros y estudiantes consideraron que Danna y José Manuel no estaban desaparecidos, que habían huido juntos.

El protocolo de la alerta Amber, aprobado en el Congreso local en 2015 pero puesto en marcha hasta enero del 2017,  establece que éste se activará sin dilación alguna, “previa evaluación de las circunstancias de las que se trate”,  y que se priorizará la búsqueda inmediata en áreas donde sea más probable encontrar al desaparecido.

La búsqueda inmediata de la que habla el protocolo parece que es una cuestión subjetiva como la evaluación previa de las circunstancias de cada caso. Las primeras indagatorias que realizó la Fiscalía Especializada en el caso de Danna las llevó a cabo hasta el viernes 3 de mayo. El jueves 2 de mayo los familiares y las organizaciones que las acompañaban anunciaron que harían una marcha para exigir la búsqueda, porque el 1 de mayo como era un día de asueto la Fiscalía Especializada no realizó ninguna actividad para dar con  la menor. La madre, la abuela y otros familiares tapizaron las calles céntricas de la ciudad y alrededor de la Prepa 9 con el anuncio de la alerta por la desaparición de Danna y preguntaban a la gente si la habían visto.

Gabriela colocaba una fotografía en un poste del andador Zapata cuando un policía municipal la abordó para tener más información.

—Me di cuenta que la Fiscalía no manda la alerta a todas las policías, como dice. Ese policía me preguntó sobre Danna porque no sabía nada. Dijo que no estaban enterados y tomó una foto con su celular. Mandó un mensaje a un grupo de Whatsapp que tienen los policías para que estuvieran pendientes.

El jueves iban a hacer la marcha pero la Fiscalía Especializada le dijo que tenían datos de ubicación del celular de Danna y le pidieron que fuera a las oficinas. La marcha se suspendió. El viernes pasó lo mismo. El sábado de nueva cuenta le llamaron por la tarde para que estuviera en la Fiscalía, pero sus familiares ya no la dejaron ir y la marcha se llevó a cabo.

—Me hablaban para que  no hiciéramos la marcha, —acusa.

La Fiscalía no pegó en ningún lado la alerta por la desaparición de Danna, sólo difundió en los medios, aseguran los familiares. Todas las fotos en las unidades del transporte público, en la terminal y en los sitios concurridos las pegaron la mamá, el papá y la abuela.

El sábado, después de la marcha, en la que participaron otros familiares de desaparecidos y organizaciones afines, avisaron a Gabriela que el lunes a las dos y media de la tarde la iba a recibir el fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.

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En Guerrero, 500 personas desaparecieron en tres años y medio  dice el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), razón por la cual este barril sin fondo encabeza  la lista de las entidades del país con el mayor número de desaparecidos.

Esta es la entidad en la que una sola noche  desaparecieron 43 estudiantes. Varios aún eran menores. Cinco años después aún no se sabe nada de ellos.

También es aquí donde ocurrió la primera desaparición forzada en México. Se trata de Epifanio Avilés Rojas, desaparecido el 19 de mayo de 1969, en Las Cruces, en Acapulco. A partir de su caso, las organizaciones conmemoran los 50 años de la desaparición forzada en México.

De enero del 2014 a julio del 2018, se reportaron 2, 795 víctimas de desaparición y 1,394  de desaparición forzada en todo el país. El Renavi hizo una distinción interesante en el tema de desaparición. Llama víctimas de desaparición a las personas que se cree fueron sustraídas por particulares, como organizaciones criminales.  Aquellas personas en las que se cree participaron funcionarios públicos, como policías por ejemplo, son víctimas de desaparición forzada. ¿Cómo nombrar el caso de Karla de los Angeles Villalobos Gómez? La mamá de la menor denunció que su hija fue víctima de una organización criminal, en la que hay policías municipales de Acapulco involucrados.

Con 500 casos, Guerrero encabeza la lista de víctimas de desaparición. En segundo lugar Veracruz con 278, tercero Sinaloa con 130, cuarto Tamaulipas con 107 y quinto Zacatecas con 61.

Es decir, históricamente en estas tierras se llevó a cabo la primera desaparición forzada y ahora se va a la cabeza de las víctimas de desaparición.

Lo siguiente es parte de la explicación.

El informe Justicia fallida en el estado de Guerrero, de la organización Open Society Foundations, con sede en Nueva York, publicado en 2015, indica que en 200 de 239 casos de desaparición documentados por organizaciones civiles existen indicios de involucramiento de funcionarios públicos estatales y que en 38 casos hubo participación de policías ministeriales de la Fiscalía.

En el estado con más número de desaparecidos en todos el país, las alertas Ambar y Alba son protocolos que se activan de forma inmediata o con mucha dilación, según los contactos que tengan las familias de la víctima y la presión que ejerzan. En algunos casos las desapariciones sólo quedan en las prealertas ¿Has visto a…?

Gema Antúnez, del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia Minerva Bello, el que apenas se creó en agosto del 2018, indicó que sólo en estos ocho meses, han acompañado 208 casos.

“Aquí en Guerrero la Fiscalía ignora a las familias que denuncian a un desaparecido. Sólo hace caso si vienen muchas personas acompañándolas para hacer presión. Si vienen solas nunca les hacen caso”, denunció.

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*Fotos: Jesús Eduardo Guerrero