Aranzazú Ayala Martínez | Dafne Betsabé García Mendoza

@aranhera | @DafneBetsabe2

Los delitos sexuales son los únicos que han mantenido una tendencia a la alta en el municipio de Puebla desde 2011, esto es, del gobierno de Eduardo Rivera al de Antonio Gali que terminó Luis Banck, y los primeros meses de Claudia Rivera.

La alta incidencia de estos delitos registrada en las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), coinciden las especialistas consultadas por LADO B, está relacionada con la impunidad y la normalización de la violencia y el abuso sexual que afecta sobre todo a mujeres.

Galilea Cariño, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Ibero, dijo en entrevista para LADO B que se deben considerar las dificultades que enfrentan las mujeres en el sistema para acceder a la justicia: “parte de lo que hemos identificado es que pese a las denuncias, son muy pocos los casos judicializados; en un periodo de 2015 a 2017, por ejemplo, puede haber como un 35% de casos judicializados”.

A lo anterior se suma que cuando los operadores de las instituciones revictimizan a las mujeres se afecta la continuidad de las investigaciones.

En efecto, las cifras oficiales están lejos de representar la realidad, pues de acuerdo con el portal Semáforo de Cifra Negra, cuyos datos más actualizados son del 2015, tan solo el delito de violación tiene un 71 por ciento de cifra negra, lo que significa que 7 de cada 10 casos no se denuncian.

“Para mí una de las cosas que principalmente hacen que este delito se mantenga es el tema de la impunidad y otra, la cultura de la violencia machista, que ha permeado tanto que no se llega a la denuncia o que se minimice la violencia sexual. Tanto el abuso sexual como la violencia sexual son delitos que están normalizados, y en su mayoría de los casos los agresores son familiares de la víctima, entonces hace mucho más complicado la denuncia”, explicó a LADO B Rubí Cervantes, activista y psicóloga de El Taller AC.

La situación se agrava también por los mitos que rodean la violencia sexual, por ejemplo, la creencia de que una agresión sexual sólo existe cuando hay un acto de violencia física, invisibilizando otras modalidades de violencia sexual.

La omisión de las últimas administraciones municipales panistas, que ha permitido el aumento de delitos sexuales, se hace evidente al no existir registro de evaluaciones o resultados de programas para su disminución, impulsados desde el entonces Instituto Municipal de las Mujeres, hoy Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género.

Al respecto, la Doctora Galilea Cariño, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Ibero, dijo que es muy importante identificar de qué manera cierran los programas y proyectos del gobierno cuyo objetivo es disminuir cualquier tipo de violencia contra las mujeres, ya que se requiere que haya una rendición de cuentas respecto al avance y resultados que tienen, ya sea a mediano o largo plazo, pues si no hay un resultado de entrega para la siguiente administración se pierde la continuidad impidiendo que haya avances.

En ese sentido, el único programa del que el actual ayuntamiento tienen registro se llevó a cabo en 2017 y 2018, en el marco de los esfuerzos para conseguir que se emitiera la Alerta de Género en la entidad, llamado Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas en el municipio de Puebla, realizado con la participación de ONU Mujeres, la UAM y el Ayuntamiento de Puebla, en ese entonces gobernado por Luis Banck.

El objetivo era que, mediante la participación de estos organismos y organizaciones de la sociedad civil, se impulsaran políticas públicas y acciones específicas que ayudaran a crear espacios públicos libres de violencia hacia las mujeres y niñas.

De acuerdo con el informe realizado durante enero de 2018 por la UAM, el Ayuntamiento de Puebla y ONU mujeres, con este programa se llevó a cabo un análisis cualitativo y diagnósticos enfocados en seis rubros principales: Percepción de inseguridad, victimización por acoso sexual, estrategias de enfrentamiento, actitudes frente a la denuncia, efectos del acoso sexual en la vida urbana de las mujeres y dimensiones físico-ambientales.

Según ese documento, a partir de estos resultados se definieron cuatro ejes de acción y se hizo un cronograma con diversas acciones programado entre septiembre de 2017 y abril de 2018, sin embargo, pese a tener programadas diversas actividades a realizar, no hubo un seguimiento como tal y sólo se hizo una campaña contra el acoso sexual en el zócalo de Puebla y una mesa de trabajo con varios organizaciones de la sociedad civil.

Tomada de periodismohumano.com/

Violencia familiar, un foco rojo

Brenda Elguea Zanella, directora de información y atención ciudadana del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, dijo a LADO B que pese a que la violencia familiar no es un delito sexual, sí guarda una relación con este tipos de agresiones.

Para la analista, una posible explicación del aumento en la incidencia de los delitos sexuales es el aumento de violencia familiar, pues es en el hogar donde muchas veces inician las agresiones sexuales.

Puebla capital está entre los primeros lugares nacionales en denuncias por violencia familiar, delito que generalmente es invisible.

De acuerdo con los datos del Centro de Integración Ciudadana (CIC) del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, se pasó de tener 2 mil 686 Carpetas de Investigación (CDI) -antes averiguaciones previas- durante 2016 por este delito, a 3 mil 509 para el 2018.

La activista y psicóloga Rubí Cervantes coincidió al considerar que los delitos sexuales y la violencia familiar tienen una muy estrecha relación, pues el hecho de que la violencia sexual suceda dentro del entorno de la violencia familiar hace más difíciles los procesos de denuncia y posteriormente de sanación.

Esto, según Cervantes, tomando en cuenta que vivimos en una cultura en la cual la familia es muy importante, por lo que se tiene que hacer todo lo posible para que “se mantenga unida”, no importando el costo, normalizando así muchas formas de violencia dentro de la misma.

Hostigamiento y acoso sexual

Estos delitos al ser de reciente tipificación en el Código Penal aún siguen causando confusión respecto a su diferencia, Galilea Cariño Cepeda explicó que la principal diferencia es que en un hostigamiento siempre hay una figura de autoridad, es decir una posición jerárquica de la que se vale la persona que comete este conducta y hay una relación previa con la víctima, ya sea laboral, doméstica o dentro de espacios escolares, la intención en este tipo de conducta es de naturaleza sexual ya sea mediante lenguaje lascivo o de manera física.

Por otra parte cuando se habla de acoso sexual no hay una relación de poder y muchas veces el agresor es un desconocido, una tercera persona, en esta conducta al igual que el hostigamiento  hay una connotación sexual ya sea por medio de palabras o tocamientos.

El comportamiento de este ilícito durante el periodo analizado (2011-2018) fue de una tendencia en “U”, ya que durante 2015 hubo 68 CDI y para el  2016 hubo una tendencia a la baja del 19.11%, es decir 13 CDI menos que en 2015.

En 2017 la tendencia siguió a la baja ya que hubo 33 CDI, lo que representa el 40% menos que las registradas durante 2016, sin embargo hubo un repunte en 2018.

Mientras que las cifras sobre hostigamiento sexual durante 2015 fueron de 14 CDI, para el 2016 la cantidad bajó a 13, lo que se traduce en un 7.1% menos.

En 2017 la tendencia a la baja se mantuvo, ya que hubo una reducción del 23.07% del total de CDI. Sin embargo hubo un repunte significativo para 2018, al incrementarse las CDI en un 71.4%, llegando a registrarse 24 carpetas de investigación. Tomando en cuenta el periodo de 2015 a 2018 se encontró que el delito tuvo una tendencia en “U” con un pico alarmante para 2018.

Violación

Los datos de la antigua metodología utilizada por el SNSP van del 2011 al 2017. Al hacer una revisión encontramos que en 2011 se registraron 285 CDI mientras que para 2012 la cantidad se redujo a 269, lo que se traduce en una disminución del 5.6%. La tendencia a la baja se siguió manteniendo para el 2013 con 138 registros,lo que representa un 48.6% menos.

En 2014 nuevamente se redujeron las CDI con 73 casos, equivalente al 47.1% menos. Sin embargo para 2015 hubo un repunte significativo pues se abrieron 154 Carpetas de Investigación, lo que representa un aumento del 110.9% en la incidencia. La tendencia se siguió manteniendo a la alza, presentando otra vez un repunte significativo para 2016 aumentando en un 49.3% (76 CDI más). En 2017 la cifra incrementó a 48 CDI, lo que representa una alza del 20.8%.

El comportamiento de este delito también es a la alza, ya que si bien hubo disminución en la incidencia durante el 2013 y 2014 los repuntes que tuvo durante los demás años analizados tuvieron un aumento significativo.

Para Galilea Cariño parte de la prevención de la violencia debe de realizarse desde tres elementos: un enfoque de derechos humanos, una perspectiva de género y una perspectiva de interseccionalidad, agregando que en el caso de la violencia sexual  se requieren campañas diversificadas tomando en cuenta los distintos actores y espacios donde se cometen estas conductas.

Feminicidio

El feminicidio se tipificó en 2013, aunque hasta 2015 se incluyó como delito en el reporte del SNSP. Con los datos disponibles encontramos que para 2015 se registraron 5 CDI mientras que para 2016 hubo un repunte significativo del 80% con 9 registros. En 2017 esta cantidad disminuyó en un 33.3% al registrarse 6 CDI y finalmente en el 2018 hubo un leve aumento en la incidencia con 7 Carpetas de Investigación, lo que se traduce en un 16.6% más.

Este delito sigue un patrón similar a los anteriores ya que solo hubo una disminución en uno de los años analizados (2017) mientras que para los demás años la incidencia fue a la alza.

Aunque si consideramos las cifras de las organizaciones de la sociedad civil sobre este delito en particular, se puede calcular que la cifra negra es de alrededor del 90 por ciento.

Imagen: Internet.

Casi una década de omisiones

Al realizar una búsqueda hemerográfica y una revisión de las campañas llevadas a cabo por  el municipio para detener la violencia hacia las mujeres, encontramos que de 2011 a 2018 no hay evidencia de acciones específicas que hayan incidido en la disminución de los delitos sexuales.

El único programa del que tanto activistas como el actual ayuntamiento tienen registro, se llevó a cabo en 2017 y 2018, en el marco de los esfuerzos para conseguir que se emitiera la Alerta de Género en la entidad, llamado Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas en el municipio de Puebla, realizado con la participación de ONU mujeres, la UAM y el Ayuntamiento de Puebla en ese entonces gobernado por Luis Banck.

El objetivo era que, mediante la participación de estos organismos y organizaciones de la sociedad civil, se impulsaran políticas públicas y acciones específicas que ayudaran a crear espacios públicos libres de violencia hacia las mujeres y niñas.

De acuerdo con el informe realizado durante enero de 2018 por la UAM, el Ayuntamiento de Puebla y ONU mujeres, con este programa se llevó a cabo un análisis cualitativo y diagnósticos enfocados en seis rubros principales: Percepción de inseguridad, victimización por acoso sexual, estrategias de enfrentamiento, actitudes frente a la denuncia, efectos del acoso sexual en la vida urbana de las mujeres y dimensiones físico-ambientales.

Según ese documento, a partir de estos resultados se definieron cuatro ejes de acción y se hizo un cronograma con diversas acciones programado entre septiembre de 2017 y abril de 2018, sin embargo, pese a tener programadas diversas actividades a realizar, no hubo un seguimiento como tal y sólo se hizo una campaña contra el acoso sexual en el zócalo de Puebla y una mesa de trabajo con varios organizaciones de la sociedad civil.

Rubí Cervantes, psicóloga e integrante de El Taller A.C. formó parte del trabajo en esas mesas de trabajo, pero como le contó en entrevista a LADO B, después de eso “no se volvió a tener contacto con las organizaciones civiles ni mostraron interés en realizar un trabajo en conjunto”.

Cervantes explicó que en las mesas de trabajo se hizo un árbol de problemas y un árbol de soluciones pero no hubo un contacto posterior y lo único que supieron después fue que realizaron una campaña sobre acoso en el Zócalo de la ciudad.

Por otra parte se hizo la campaña titulada “Freno al acoso”, cuyo objetivo era implementar un protocolo de actuación contra el acoso en el transporte público así como una aplicación móvil en la cual las mujeres pudieran denunciar situaciones de acoso y ser auxiliadas de manera inmediata por las autoridades.

Esta tampoco trascendió; de acuerdo con una entrevista realizada por el Sol de Puebla a la ex directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Rosa María Carmona, a medio año de su implementación no se había recibido ningún llamado de auxilio por medio de la app.

*Foto de portada tomada de PxHere