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Chihuahua.- El peor enemigo de un cacique -explica la activista Isela González- es un pueblo indígena dispuesto a luchar por el reconocimiento de su territorio ancestral. Amenazas, desplazamiento y la vida: el costo que deben pagar las comunidades.

Ese precio lo conocen muy bien los habitantes de Coloradas de la Virgen y Choréachi, quienes en 20 años de batalla legal contra el despojo se han enfrentado a un sin número de agresiones a niñas, niños y adolescentes, violencia sexual contra sus mujeres, cientos de familias desplazadas y, de 2010 a la fecha, el asesinato de nueve personas.

Quedarse callados tampoco es una opción. Ante sus ojos han arrasado con sus bosques, ríos y aguajes; la inseguridad les impide transitar libremente e incluso se les ha limitado el cultivo de sus tierras.

Ambos asentamientos fueron noticia la semana pasada. Choréachi se convirtió en la primera comunidad rarámuri de Chihuahua a la cual se le reconoce el derecho a su territorio. Coloradas de la Virgen se vistió de luto por el asesinato de su líder Julián Carrillo.

Victoria Agridulce

El semblante serio de Cayetano Bustillos Ramos no oculta su felicidad. Está rodeado por sus compañeros de batalla para anunciar que el Tribunal Superior Agrario reconoció a Choréachi el derecho a su territorio y a sus bienes naturales al demostrar ser preexistente al Ejido Pino Gordo.

En términos jurídico, se trata de una resolución sin precedentes y paradigmática por permitirles ejercer su autonomía al demostrar la posesión inmemorial. En cifras, hablamos de un terreno de 32,832 hectáreas de superficie, 56 ranchos mapeados en el que viven 850 personas, es decir, 130 familias de tres a cinco integrantes.

Para sus habitantes ese documento representa el reconocimiento de su lugar, de su esencia como rarámuri y la alegría de que ahora, con la victoria, su tierra les va a agradecer con más maíz y frijol pues, “de ahora en adelante, todo lo que vamos a cosechar será en abundancia porque ya tenemos este hecho por el que hemos luchado”.

“Para nuestros antepasados y nosotros, cuidar y preservar nuestro territorio es una parte importante de nuestra vida diaria y es para mí un gusto y una alegría decir que ya, que ya nos dicen que es un hecho, que es nuestro territorio, son nuestros bosques, nuestros ríos y nuestros aguajes (…) Estamos muy contentos, las palabras se me quiebran, pero es reconocer estos años de lucha y en nombre de mi comunidad muchísimo agradezco”, cuenta Cayetano al recordad a los compañeros que han dejado en el camino.

Como representante común en el litigio, agrega que este triunfo “no nada más es de nosotros y por nosotros, también es parte de ustedes y que ustedes conozcan esta parte es muy esencial porque nos están reconociendo y respetando, es una base fundamental como rarámuris”, por lo que pidió el apoyo de las autoridades estatales y federales para cuidar su comunidad.

La activista Isela González detalla que la resolución abre la pauta para que puedan ejercer en plenitud sus derechos colectivos, prohíbe la explotación del bosque y, al otorgarles una personalidad y legitimación como comunidad, sus habitantes podrán acordar con el gobierno la entrega de apoyos y servicios que requieren.

La también directora de Alianza Sierra Madre, organización que durante 20 años ha acompañado a las comunidades rarámuri de Guadalupe y Calvo, celebra que el Tribunal marca un precedente con el caso de Choréachi para los demás pueblos indígenas que luchan por el reconocimiento de su territorio.

Pero la batalla no termina aquí. Sus años de lucha contra el despojo y las constantes amenazas que han recibido de los particulares que buscan aprovechar su tierra, llevó a los habitantes de Choréachi a buscar la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual les otorgó medidas provisionales por las agresiones, el hostigamiento y los asesinatos de sus defensores comunitarios, entre ellos, Juan Ontiveros Ramos.

El llamado de Isela a la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación es claro: extremar las protecciones físicas para la comunidad rarámuri ante cualquier reacción que pueda detonar la resolución.

“Ha habido reacciones de amenazas y asesinatos de compañeros cuando se siente limitados en el ejercicio de su cacicazgo. No hay peor enemigo para un cacique, que una comunidad indígena que con su inteligencia y el acompañamiento de una organización les gane jurídicamente.

“El costo es el riesgo y el desgaste de una comunidad. Le cuesta la vida de sus compañeros, la inseguridad y la descomposición de su comunidad; tiene costos económicos porque no p

ueden ejercer libremente sus actividades agrícolas porque su territorio está tomado de facto por quienes se sienten dueños de él”, explica.

Recuerda que, en los últimos cuatro años, por lo menos 40 familias se han visto obligadas a salir de su comunidad.

La ruta del desplazamiento inicia con las redes familiares en ejidos cercanos, pero si no hay condiciones de seguridad se trasladan a municipios como Guachochi, Parral y Chihuahua, en donde comienza otro tipo de acompañamiento por el estado de indefensión en el que llegan.

La defensora lamenta que el único camino que les permitiría a esas familias regresar a sus lugares de origen es que termine la impunidad, que se castigue a los responsables de la violencia que viven y que se imponga un estado de derecho, una solución que ve lejana para la Sierra Tarahumara.

Julián Carrillo, ícono de la lucha por el territorio

Dos días después de la noticia de Choréachi, el 24 de octubre, integrantes de la Organización Alianza Sierra Madre recibieron una llamada telefónica: Julián había sido asesinado.

Antes de su crimen, narraron en un comunicado de prensa, Julián huyó a un cerro para informar que varios sicarios lo estaban persiguiendo.

Fue uno de los hijos de Julián quien volvió a comunicarse, desde el teléfono satelital que tienen como parte de las medidas de protección, para informar que había escuchado una balacera y creía que habían asesinado a su papá. Una hora más tarde, se encontró el cuerpo de Julián.

Carrillo Martínez era beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación desde febrero de 2014, sin embargo, tardaron 17 meses en otorgarle la protección ya que no se trasladaron a Coloradas de la Virgen por las condiciones de orografía e inseguridad que enfrenta la comunidad.
En décadas de trabajo por la defensa del bosque, acompañó a varios de los líderes indígenas que también han sido asesinados en Chihuahua, entre ellos Julio Baldenegro y su hijo Isidro Baldenegro.

Además de sus compañeros de lucha, En febrero de 2016, Julián presenció a corta distancia el asesinato de su hijo Víctor Carrillo Carillo y sólo libró el ataque porque se encontraba

fuera de la vivienda donde sucedió el crimen.

La tragedia no terminó ahí. En julio del mismo año mataron a su sobrino Guadalupe Carrillo, en septiembre de 2017 a su sobrino Alberto Quiñones Carrillo y en julio de 2018 a su yerno Francisco Chaparro.

Organizaciones civiles del país se unieron para denunciar que el riesgo en el que vivía Julián era conocido tanto por la Secretaría de Gobernación, como de la Fiscalía General de Chihuahua, y por ello, su muerte se podía prevenir.

En un posicionamiento conjunto, las organizaciones lanzaron cuatro puntos de acción a las autoridades estatales y federales, las cuales, “bajo las obligaciones internacionales, constitucionales y legales, las autoridades mexicanas tienen el deber reforzado de prevenir, atender, proteger, procesar, sancionar y erradicar los ataques contra personas de derechos humanos”.

Primero: Expresamos nuestro total repudio ante el asesinato de Julián Carrillo Martínez, líder indígena defensor de derechos humanos que estaba bajo la protección del Mecanismo de Protección.

Segundo: Solicitamos a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección que agende la revisión urgente del caso y una evaluación sobre el actuar del mismo, en el marco de siguiente reunión ordinaria a celebrarse a los días 30 y 31 de octubre.

Tercero: Urgimos a la Fiscalía General del Estado a investigar oportuna y diligentemente el caso, con el fin de identificar a todos los autores materiales e intelectuales, con el fin de procesarles y sancionarles respetando las garantías del debido proceso.

Cuarto: Solicitamos se revise, a la brevedad, la implementación del plan de contingencia tendiente a la identificación y erradicación de las causas estructurales que permiten los ataques a personas defensoras de derechos humanos, con miras a fortalecer las medidas necesarias para garantizar el trabajo de personas defensoras de derechos humanos colectivos en regiones con alta presencia del crimen organizado y ausencia de las autoridades competentes.