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Los migrantes que ingresaron a México, como parte de la caravana, tienen dos opciones: continuar su viaje sin un documento que acredite su estancia legal en el país o pedir a las autoridades mexicanas condición de refugiado, aunque esto signifique permanecer retenido más de cuatro semanas.
Autoridades mexicanas advirtieron que los migrantes que ingresaron al país deberán permanecer hasta 45 días en estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) mientras se procesa y resuelve si el país les reconoce la condición de refugiado o las medidas de protección complementaria.
El delegado del INM en Chiapas, Francisco Echeverría Rodríguez, dijo el domingo a reporteros que los migrantes que ingresaron al país “tendrán que estar ahí, tendrán que someterse a la legislación de la COMAR (Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados)”.
En comunicado emitido el 17 de octubre por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el INM, las autoridades señalan que la COMAR será la encargada de procesar y analizar las solicitudes.
“La legislación nacional vigente establece un periodo de hasta 45 días hábiles, prorrogables por un periodo igual, para resolver sobre las solicitudes. Durante este tiempo el solicitante deberá permanecer en una estación migratoria”, detalla el texto.
Migrantes han denunciado que son incomunicados y no pueden salir una vez que inician los trámites ante las autoridades del INM.
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La Segob informó que del viernes al domingo recibió en total 1,028 solicitudes de refugio de migrantes centroamericanos que ingresaron al país por el puente internacional que conecta Tecún Umán (Guatemala) y Ciudad Hidalgo (México), quienes fueron trasladados a albergues. En el lugar permanecen poco más de medio millar de migrantes, según la AFP.
Otras 3 mil personas ingresaron irregularmente al país a través de otras vías y este domingo, después de caminar más de siete horas, llegaron a Tapachula, Chiapas, y se instalaron en la plaza principal, reportó la agencia.
Ellos partieron este lunes a Huixtla, otra localidad chiapaneca, donde recobrarán fuerzas para seguir su caminata hasta Tijuana o Mexicali, aledañas a Estados Unidos, su destino final a más de 3,000 kilómetros.
Ellos no acudieron a una estación migratoria pues si transcurrido el tiempo que marca la ley su trámite de petición de refugio es rechazado son repatriados a sus lugares de origen.
Foto tomada de AFP
Un comunicado firmado por seis organizaciones defensoras de los derechos migrantes, entre las que se encuentra Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), señala que las autoridades migratorias y policías federales, estatales y municipales, han obstaculizado el acceso a territorio mexicano bajo diversos medios y gestionan únicamente el ingreso bajo la condición de someterse a una detención migratoria.
Las organizaciones acusan que la respuesta del Estado tiene un enfoque militarista que afecta a las personas “que también sufren el impacto provocado por las condiciones en la que realizan el recorrido sin ninguna asistencia humanitaria y atención a la salud”.
En el caso de los albergues de la sociedad civil en Tapachula, el comunicado señala que están rebasados y que cuentan con recursos que son insuficientes, mientras la asistencia humanitaria gubernamental se condiciona a la detención migratoria.
¿Qué dice la ley?
La “Ley sobre sobre Refugiados y Protección Complementaria” establece que todo extranjero que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado por temores de ser perseguido o porque han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público. El trámite se realiza ante la COMAR y es gratuito.
La Protección Complementaria, por otro lado, proporciona un recurso para no ser devuelto al territorio de otro país en donde su vida peligre o en donde existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El trámite se realiza ante la COMAR y es gratuito.
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