Cuauhtémoc Cruz Isidoro

[dropcap]L[/dropcap]a semana pasada arrancó oficialmente el proceso electoral 2018. Con ello se avecinan las engorrosas campañas electorales que inundan los espacios televisivos y radiofónicos con cientos de spots y donde seguramente unos de los temas que acapararán la agenda serán la transparencia y el combate a la corrupción.

Veamos. Si algo ha caracterizado a la administración de Enrique Peña Nieto han sido los múltiples escándalos sobre presuntos actos de corrupción vinculados tanto a su persona, como el de la llamada Casa Blanca, como a la gente de su primer circulo, ahí está el reportaje La Estafa Maestra publicado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; o de su partido político, léase los exgobernadores de Veracruz, Quintana Roo o Coahuila. La mayoría de ellos revelados a partir de grandes trabajos de periodismo de investigación.

Aunado a ello, el Sistema Nacional Anticorrupción, una de las grandes promesas en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del extinto Pacto por México, no ha terminado de consolidarse para operar completamente. Entre los pendientes están los nombramientos del Fiscal Anticorrupción, así como de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se encargarán de sancionar en la materia. Nombramientos que seguramente tratarán de ser cooptados por los partidos políticos tal como está sucediendo con el tema del #FiscalCarnal.

En este contexto, es muy previsible que en la propaganda electoral escuchemos grandes promesas sobre estos temas. “Fulanito de tal se compromete a transparentar sus bienes”; “El partido tal consolidará el SNA”; “Ahora sí se castigará a los corruptos”; “No más gobernadores como Perenganito”; “Los diputados del partido X exigiremos más transparencia”, entre otros más, seguramente nos saturarán.

Lamentablemente, como sucede con muchas promesas electoreras, se quedarán ahí, como mero discurso político para buscar legitimación y obtención de votos. Muchas de ellas no se consolidarán una vez que los suspirantes lleguen a los cargos políticos. Pero, ¿por qué? Porque la transparencia y el acceso a la información pública siguen siendo un tema incómodo para los gobernantes; porque los ciudadanos tienen el derecho de pedir información y los servidores públicos, la obligación de entregarla.

Abrir a la escrutinio público información relacionada con la utilización de los recursos públicos o con el ejercicio de las funciones, sigue generando malestar en un sector de la función pública porque se reducen los espacios de discrecionalidad para realizar prácticas corruptivas y deja en mayor riesgo de exposición acciones como el desvío de recursos. Aunque es cierto que se han dado avances en la concientización sobre la importancia de transparentar el ejercicio público, aún existen resistencias tan básicas como poner un documento en datos abiertos o enviar un documento legible en respuesta a una solicitud de información.

Por ello, las grandes promesas electorales en la materia no son suficientes, no bastan para cambiar las cosas. Es indispensable que la ciudadanía, particularmente aquella agrupada en las Organizaciones de la Sociedad Civil, genere mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de esas promesas y que los aspirantes a un cargo público realmente se comprometan, con acciones concretas, para garantizar que las promesas no se queden en los spots. Porque en tiempos electorales es muy fácil pasar del discurso al olvido.