Foto: gobierno de Puebla

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El pasado 1 de noviembre el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Montiel Solana firmaron un convenio de colaboración que, de acuerdo con el boletín que envió la oficina de comunicación social de la gubernatura, tuvo como objetivo “fortalecer la transparencia y erradicar la corrupción en la entidad”.

El boletín fue acompañado de fotografías en donde se observa a la cúpula empresarial en las instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, y fungieron como testigos el entonces presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública, Javier Fregoso Sánchez y el titular de la Auditoria Superior del Estado, David Villanueva Lomelí. Tres meses después la firma del documento quedó sólo en un acto mediático, pues dicho documento no forma parte de los archivos de gobierno.

El pasado 25 de enero, al amparo de la Ley de Transparencia, se pidió a la oficina de la gubernatura una copia de dicho documento (folio 40517), la respuesta que fue entregada el 8 de febrero, es decir ya en la administración que encabeza Antonio Gali Fayad, se asegura que “de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos de este Sujeto Obligado, no obra registro alguno de la información solicitada”.

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La ley en la materia señala que si la dependencia en cuestión no es responsable del archivo o la información solicitada es su obligación orientar al solicitante hacia la dependencia que pudiera tener la documentación, esto significa que si la oficina de la gubernatura, a cargo de Javier Lozano Alarcón, no tiene la información entonces nadie más la tiene en la administración de Gali Fayad.

El artículo 151 en su fracción primera dice: “I. Cuando se determine la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información deberán comunicarlo al solicitante dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalará al solicitante el o los Sujetos Obligados Competentes”.

Es decir, si no contestaron en los tres días hábiles siguientes a la solicitud, se da por descontado que el sujeto sí es responsable de la información que se le solicitó.

El documento sí existe

Pero aunque la administración de Gali Fayad asegura que no cuenta con registro alguno del documento, este sí aparece en los archivos del CCE, y ahí se señala que se trata de un convenio que “tendrá vigencia indefinida a partir del día de su suscripción”.

En el documento se plantea que el acuerdo firmado tiene como objetivo “llevar a cabo acciones conjuntas, así como compartir e intercambiar información, herramientas tecnológicas, conocimientos, estrategias y mejores prácticas, que contribuyan en materia de transparencia y combate a la corrupción”.

Incluso se plantea la obligación de establecer una comisión técnica conformada por personal de la Contraloría del estado y la presidencia del CCE para darle seguimiento al acuerdo.

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