Aunque hay una ley desde 2007 que mandata la creación de un sistema dedicado a la prevención, éste funciona desde hace sólo dos años

Foto: Mely Arellano

Mely Arellano

@melyarel

Aunque la Ley Estatal para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia existe desde 2007, el sistema encargado de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia comenzó a sesionar hace apenas dos años, aunque las organizaciones desconocen los resultados de dichas reuniones a las que está obligado el sistema dos veces al año.

“Nos dicen que sí se reúnen que no han hecho públicas la minutas (de las sesiones) que porque no tienen una página web, que están trabajando en cómo hacer una base de datos fidedigna”, explica Lourdes Pérez Oseguera, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla.

De hecho aunque la Ley se aprobó y publicó en noviembre del 2007, durante el gobierno de Mario Marín, el reglamento correspondiente se publicó dos años después. Y en el gobierno de Rafael Moreno Valle la primera sesión del Sistema se llevó a cabo un año y cinco meses después de iniciada la administración.

[pull_quote_right]“Hay muchas resistencias, y lo entendemos porque el feminicidio en su definición responsabiliza al Estado, pero entonces este Estado que se siente aludido debería de actuar de otra manera, debería de reconocerlo y tener un trabajo coordinado con todas las instituciones, están obligados a hacerlo y eso tienen que entenderlo bien, no es por voluntad, es por obligación”[/pull_quote_right]

“Desde el 2007 que se publicó la Ley –continúa Lourdes Pérez- se supone que se iba a empezar a trabajar en ello. En el periodo de Marín creo que se instaló pero no tuvimos noticias de que trabajara. Y luego con Moreno Valle es muy reciente, nos dicen que se empiezan a reunir desde hace 2 años pero no vemos ningún resultado o producto de esas reuniones, creo que en ese sentido no están actuando de acuerdo a la Ley. Y creo que no se vale decir no tenemos página web, porque el sistema debe ser un recurso muy importante en materia de política y programas preventivos”.

La Ley establece la obligación del Estado de crear el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, que debe estar conformado por varias dependencias, como la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Poblano de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras, y encabezado por la Secretaría General de Gobierno.

El Sistema debe instrumentar el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra  las Mujeres traducido en campañas de difusión de la ley, capacitación, educación, promoción de investigaciones sobre violencia y estadísticas que ayuden a evaluar la eficiencia de las medidas de prevención, por mencionar sólo algunas de sus responsabilidades.

Foto: Mely Arellano

“Hay una mirada muy estrecha sobre lo que es la prevención –dice Ariana Larrondo, investigadora del Observatorio Social y de Género-, poner un cartelito, ofrecer una plática… La prevención tendría que ser no sólo a nivel de publicidad sino a nivel estructural, habría que hacer labor de equidad. Por ejemplo el tema de la publicidad sexista está establecido en la Ley y no ha habido nada al respecto, seguimos teniendo publicidad donde objetivizan el cuerpo de la mujer para vender.”

Sin prevención, apuntan las especialistas, seguirá habiendo todo tipo de violencia incluyendo, por supuesto, la feminicida. El Observatorio cuenta 67 feminicidios en lo que va del año, aunque la Procuraduría General de Justicia reconoce 20 durante de 2013 a la fecha.

“Hay muchas resistencias, y lo entendemos porque el feminicidio en su definición responsabiliza al Estado, pero entonces este Estado que se siente aludido debería de actuar de otra manera, debería de reconocerlo y tener un trabajo coordinado con todas las instituciones, están obligados a hacerlo y eso tienen que entenderlo bien, no es por voluntad, es por obligación”, insiste Pérez Oseguera.