Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Desde 2013 la organización Open Society Justice Initiative llegó al estado de Guerrero para investigar las violaciones a Derechos Humanos y conocer a fondo cómo se estaba impartiendo la justicia en la entidad mexicana. Con ayuda de los centros de Derechos Humanos Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, redactó el informe “Justicia fallida en el estado de Guerrero”, en el que desmenuza lo que ocurre en el estado desde hace años, y cuya crisis se destapó el 26 de septiembre de 2014 con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

El documento -dado a conocer este 1 de septiemnre- de más de 90 páginas hace un recuento del panorama de los Derechos Humanos e inseguridad en Guerrero, desde la época de la Guerra Sucia entre 1969 y 1972, en la que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad contra la población. Después, pasando por 2006, en el marco de la guerra contra el narcotráfico declarada por el ex presidente Felipe Calderón, cuando la violencia se agudizó en el estado con la infiltración del crimen organizado en las instituciones, como la policía.

De acuerdo con Open Society, en Guerrero, uno de los estados más pobres del país, lo que impera es el fracaso del sistema de justicia pues es casi imposible que los responsables de los crímenes sean declarados culpables y rindan cuentas.

Entre 2005 y 2014 se han reportado 19 mil 343 homicidios según la Fiscalía General del Estado de Guerrero (antes Procuraduría), un número bastante alto, dice el documento, para un estado con sólo 3.4 millones de habitantes. Sin embargo, las decenas de fosas comunes y entierros clandestinos hallados sugieren que podrían ser muchas más las personas asesinadas. De todos los homicidios registrados en la Fiscalía desde 2005 hasta el año pasado, las sentencias condenatorias jamás han rebasado el 10%, y de 2011 a 2013, periodo donde fueron las cifras más altas, las sentencias se redujeron en un 50%.

[quote_box_right]Entre 2005 y 2014 se han reportado 19 mil 343 homicidios según la Fiscalía General del Estado de Guerrero (antes Procuraduría), un número bastante alto, dice el documento, para un estado con sólo 3.4 millones de habitantes.[/quote_box_right]

Aunado al alto número de homicidios dolosos existen la desaparición forzada y la tortura, que se repiten constantemente. Pese a que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero documentó casos de tortura entre 1994 y 2014, no existe una sola consignación por este delito.

En cuanto a la desaparición forzada, perpetrada por agentes del Estado y cuyo epicentro durante la Guerra Sucia fue Guerrero, tampoco es un delito que haya sido castigado. El Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados y Desaparecidos y Asesinados en Guerrero tiene documentados 239 casos entre abril de 2005 y mayo de 2011, y en 70 por ciento de estos hay indicios de involucramiento de autoridades.

Por su parte, la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero da cuenta de 90 casos entre 1990 y 2014, de los cuales en 87 hubo participación de las autoridades. En 38 casos la presunta responsable fue la policía investigadora del delito, entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero; en 17 el Ejército; en 16 la Policía Preventiva Municipal; en 15 la Policía Federal; en otros 5 la Policía Preventiva del Estado y en 9 otras autoridades.

También la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) recibió entre 2008 y abril de 2014, 101 quejas por tortura y/o tratos crueles, hechos presuntamente por agentes del Estado. Lo anterior derivó en 54 recomendaciones entre 1994 y enero de 2013, de las cuales ninguna ha prosperado.

Además, el Poder Judicial no es verdaderamente independiente del Ejecutivo, lo que ha derivado en que las leyes contra la tortura y para proteger las garantías individuales se queden en el papel, como letra muerta. El informe concluye que el Congreso del estado no ha actuado como contrapeso del Ejecutivo y, dice que éste “en 2014, fue cómplice de la irregular neutralización por parte del ex gobernador Ángel Aguirre de la única institución estatal que denunciaba la impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos: la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.”

La investigación de Open Society apunta también que en Guerrero nunca ha funcionado bien el sistema de justicia. Los principales errores son la falta de rendición de cuentas que está presente en todo el sistema, aunado al uso generalizado de tortura por parte de las fuerzas de seguridad pública. Así como un marco legal deficiente, desde hace décadas, junto con la falta de garantías de seguridad en procedimientos legales, capacidades insuficientes, una incorrecta asignación de recursos y la manipulación de la ambigüedad jurisdiccional.

Un punto que el informe marca como preocupante para el acceso a la justicia es la falta de investigaciones independientes, pues cada vez que la Coddehum emitía alguna recomendación para que se investigaran posibles actos de tortura, la entonces Procuraduría reclasificaba el delito en otros como detenciones ilegales, abusos de autoridad o “el delito más cercano”, para que no existiera como tal ningún proceso o investigación por tortura.

La entidad, que colinda con Oaxaca y Michoacán, no ha logrado transitar al nuevo sistema penal acusatorio, y el actual marco legal en cuanto a las definiciones de delitos como tortura y desaparición forzada es débil y no ayuda a que se investiguen y sancionen correctamente estos delitos. La propia situación geográfica de la entidad propicia el cultivo de amapola: actualmente ahí se producen entre el 50 y 70 por ciento de toda la heroína que se cultiva en México.

Después de decenas de entrevistas y una exhaustiva investigación, el informe dice que el estado de Guerrero tiene como obligaciones el fortalecimiento de la rendición de cuentas, mecanismos del control del sistema de justicia, el marco legal y la seguridad en todo el territorio. Entre las recomendaciones para la nueva administración y Congreso estatales que están a punto de entrar está el que se modifique la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el estado de Guerrero para alinearla con estándares internacionales, además de crear una Vicefiscalía independiente para la investigación y sanción de violaciones a derechos humanos y atrocidades y reestructurar las fuerzas policiales.