Foto: ngpuebla.com

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

En el último año la administración de Rafael Moreno Valle aumentó en 74% el numero de expedientes reservados, esto fue dado a conocer por la organización Nodo de Transparencia, tras realizar decenas de solicitudes a los diferentes órganos de gobierno.

Lilia Vélez Iglesias, integrante del organismo explicó que «el año pasado, el Nodo de Transparencia documentó que el gobierno estatal había emitido 56 acuerdos de reserva, desde su inicio hasta el 3 de marzo de 2014. En menos de un año, dicha cifra aumentó a 98, con corte al 24 de febrero de 2015”.

Como resultado del ejercicio de transparencia, la organización que se compone de académicos, periodistas y ciudadanos interesados en el tema, concluye que “a más de cuatro años de la alternancia, la administración estatal ha brillado por su capacidad de bloquear el ejercicio del acceso a la información en lugar de favorecerlo, como lo prometió en campaña el hoy gobernador”.

Y revelan que “se enfrentaron a respuestas contradictorias de parte de las dependencias y entidades del gobierno estatal, distinguiendo como la práctica más nociva para el derecho de acceso a la información el cambio de modalidad en la entrega de los documentos solicitados”.

La información que se ocultó tiene que ver con auditorías al gasto corriente, procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores, expedientes relacionados con las obras de remodelación de Casa Puebla, los procedimientos de adjudicación de obra pública, los vehículos del gobernador, el costo de los elementos de seguridad que lo custodian y los PPS entre otros.

En rueda de prensa, Lilia Vélez Iglesias, presidenta también de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información capitulo Puebla, recordó que las prácticas de opacidad gubernamental como las que enfrentaron en el Nodo, fueron denunciadas recientemente en un informe que publicó la organización internacional Artículo 19

“El mismo informe llama la atención sobre el tipo de solicitudes de información que son objeto de prácticas dolosas, señalando que en la mayoría tiene que ver con recursos públicos. Según el ejercicio difundido, en esta categoría entran las secretarías de Finanzas y Administración, Infraestructura, Salud y Educación Pública, así como el organismo Convenciones y Parques”.

Y aunque los integrantes del organismo urgieron a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) para que en su papel de órgano garante de la transparencia tome cartas en el asunto, también reconocieron que los comisionados han sido omisos en sus obligaciones pues responden a los intereses gubernamentales.

En este punto conviene recordar que de acuerdo el informe de Artículo 19, «Transparencia, la deuda de Moreno Valle», el gobierno utiliza las siguientes estrategias para no entregar la información pública: la diferenciación del proceso de acceso de acuerdo con la calidad de los usuarios; el cambio de modalidad de entrega sin causa justificada; la declaratoria de inexistencia de información (notoriamente existente); la negativa de otorgar citas para el acceso directo a los documentos, y la cooptación del organismo garante.

La desaparición de expedientes, una violación grave

El pasado 1 de agosto de 2012 la comisión de Gobernación, presidida por el priista Gerardo Mejía, en ausencia del panista Juan Carlos Espina, quien estaba de vacaciones, decidió no sancionar al gobernador Rafael Moreno Valle por haber promocionado su informe de labores a través de salas de cine en 26 estados del país. Dos años y medio después la documentación del caso desapareció del Congreso, como si nunca hubiera existido. Esa fue la respuesta que ofreció la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo a una solicitud de información.

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Vélez Iglesias sostuvo que la desaparición de expedientes, lo mismo por el Congreso del estado que de dependencias de gobierno como Puebla Comunicaciones, es “una violación grave de la ley, y la CAIP es a quién corresponde verificar el cumplimiento de la ley. Lo que tendría que ocurrir es que las contralorías de cada uno de los sujetos obligados deberían investigar esas desapariciones. Lo que vemos es un órgano garante está totalmente callado, que lejos de levantar la voz y ordenar un investigación por la desaparición de información está por completo nulificado”.

Por su parte, Miriam Carrillo, académica de la Universidad Autónoma de Puebla, abonó al tema al señalar que además de la investigación tiene “que fincarse las responsabilidades a los servidores públicos que están violando la ley”.

Sobre el tema, Vélez Iglesias sostuvo que el Congreso del estado tendría que voltear a mirar lo que ocurre en la CAIP, pues si bien es un órgano autónomo también es cierto que los diputados fueron los que eligieron a los comisionados de transparencia, “y tienen facultades para responder por su actuación”.

“El Congreso tendría que escuchar las denuncias mediáticas pero también las que han realizado organizaciones como Artículo 19”.

¿PPS abiertos?

José Manuel Rodoreda, ex consejero electoral, recordó que con las modificaciones a las leyes fiscales a nivel federal que incluyeron a los fideicomisos como sujetos de transparencia, pues en la ley local los diputados omitieron esa figura jurídica, se podrá conocer finalmente lo que ahí se esconde.

Aunque recordó también que Antonio Gali Fayad, alcalde en funciones, en su paso por la Secretaría de Infraestructura reservó los contratos de los PPS, “habrá que ver si con la entrada en vigor de las adecuaciones esas reservas desaparecen o no”.