Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Después de la agresión y el violento desalojo del campamento de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap) del zócalo de Puebla el domingo 8 de febrero en la madrugada, este martes 10 los agraviados interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Con el testimonio de 20 de los 23 jóvenes que estaban en el campamento del Colectivo Universitario por la Educación Popular (Cuep), exigiendo a la universidad salones para brindar cursos gratuitos de preparación para el examen de admisión, alrededor de las 5 de la tarde ingresaron varios estudiantes heridos a la PGJ para denunciar por robo, lesiones, amenazas, amenazas cumplidas, tortura, asociación delictuosa y privación ilegal de la libertad.

Foto: Marlene Martínez

Fidel Sánchez, uno de los ocho jóvenes que fue secuestrado por varias horas, dijo antes de entrar a las instalaciones de la Procuraduría que tienen identificados a algunos de los agresores, y aseguran que son gente de la propia universidad. Además, relató durante los hechos ocurridos el domingo, otro de los estudiantes pidió auxilio a una patrulla que, en vez de ayudarlo, lo esposó, lo detuvo y después de dar de vueltas por alrededor de 20 minutos, lo dejaron en la calle 18 Poniente y le dijeron que mejor se regresaba a su casa, “porque está bien cabrón”.

Fidel, quien tiene lesiones en el rostro, pecho, espalda y brazos -uno lo tiene inmovilizado-, cree que ese nivel de agresión se debe a una represión focalizada contra un grupo específico dentro de la Buap: la Liga Estudiantil Democrática (LED), a la que pertenecen él y otros de sus compañeros.

–Es una organización estudiantil que se ha dedicado al trabajo político dentro de la universidad para recuperar los espacios que los neoliberales, así les llamamos, los que quieren vender la educación, han quitado. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando nos subieron a la camioneta escuché que dijeron, suban a todos los de la LED.

Foto: Marlene Martínez

Ivonne, estudiante de Derecho, dijo que el domingo los médicos legistas del Hospital Universitario estaban dando diagnósticos falsos respecto a las heridas de los estudiantes. De los 23 que estaban en la acampada del Cuep, dos prefirieron quedar en calidad de testigos y el testimonio de otro más no será parte de la declaración.

Iván Ojeda, miembro de la comisión jurídica de la unión interuniversitaria que está a cargo del proceso legal de los jóvenes, dijo que no han podido establecer contacto con el otro estudiante pues él y su familia están “aterrados”. 

Por la tarde, el grupo de estudiantes acompañado por algunos padres de familia salió de la PGJ después de que quedara la declaración conjunta en la Averiguación Previa AP100/2015/BGMZS, para interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH). Aún falta que otros de los agraviados ratifiquen y que sean vistos por los médicos legistas. Aunque no creen que el actuar de la CDH sea imparcial, dijo Iván, van a interponer la queja de todas formas, “por requisito legal”, y también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

–Como consideramos que hay implicadas autoridades de los ámbitos estatal y municipal pues consideramos que no va a haber una cuestión muy parcial de la CDH -y continuó- no creemos que sea un acompañamiento digno para el caso y la magnitud que tiene en este momento. También cabe destacar que a la estatal se le hizo conocimiento desde las 4 de la mañana, se apersonaron hasta las 7 y nos pedían que hubiera alguien en el zócalo que les dijera qué es lo que había pasado. Eso demuestra que existe una incompetencia y una falta de tacto al resolver, aunque ya le habíamos dicho que habían sido desalojados con violencia (…) ya sabíamos que el zócalo estaba completamente cercado, entonces durante la madrugada no podía apersonarse ningún compañero de nosotros.

Foto: Marlene Martínez

Los universitarios estuvieron acompañados por el estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, Omar García, uno de los sobrevivientes de la llamada noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014, quien recordó que ya habían advertido que este tipo de represión se iba a intensificar, además de que ocurría en todo México.

Sobre las amenazas hechas a los ocho jóvenes raptados el domingo por unas horas, de que los iban a desaparecer “como a los de Ayotzinapa”, dijo que no es la primera vez, sino que al parecer “es una advertencia real de las autoridades hacia los estudiantes y hacia quien lucha. “Yo creo que hasta el más telenovelero sabe que las cosas andan mal en el país.”

Intimidación

Una madre de familia que pidió, por temor, mantener su identidad en el anonimato, relató también que este martes al salir de la casa de estudiantes Emiliano Zapata, a donde fue a donar ropa, comida y medicinas, cuando iba a subir a su automóvil, a unas cuadras del lugar, se dio cuenta que la veían cuatro hombres desde un vehículo deportivo gris plata con quemacocos y placas del Distrito Federal, por lo que decidió regresar a la casa por ayuda, y cuando los jóvenes le abrían la puerta, el automóvil plateado fue en sentido contrario y se quedó en la entrada, viéndolos, intimidándolos, y después se fue.

La señora, pese al miedo, dijo que seguirá ayudando a la causa noble de los muchachos que sólo están luchando por la educación, y responsabiliza a las autoridades de cualquier cosa que pueda pasarles tanto a ellos como a quienes se solidarizan.