Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

La existencia de más de 50 presos políticos en Puebla, a los que recientemente se añadió Javier Montes Bautista, de 24 años, presidente de San Bernardino Chalchihuapan, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan, revela una circunstancia anómala en un gobierno ausente de democracia, dijeron investigadores a Lado B.

Montes Bautista fue detenido por autoridades estatales la madrugada del 21 de noviembre bajo las acusaciones de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación; y es el tercer presidente auxiliar encarcelado, le antecedieron el de La Resurrección, Sabino Leonardo Báez, y el de Canoa, Raúl Pérez. Los tres han sido parte de la lucha y resistencia contra las reformas a la Ley Orgánica Municipal, que limita las facultades de las juntas auxiliares y que, a decir de algunos académicos, tiene como trasfondo la centralización del poder en las cabeceras municipales.

El antropólogo Julio Glockner considera que en Puebla “estamos frente a un fenómeno, digamos la ausencia total de democracia”, pues aunque existe una democracia electoral “hasta esa nos falla en México, y mucho, las elecciones siempre son cuestionadas, hay dudas sobre los resultados; pero me refiero sobre todo a la democracia social, es decir, al acto fundamental de consultar a la gente cuando se va a llevar a cabo una política pública, una obra pública que va a afectar la vida de los habitantes. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo reiteradamente aquí, es decir, no saben hacer política, el gobierno imponiendo su voluntad y a quien se opone a eso, se le castiga, se le aprehende, se le trata como a un delincuente. Todos los presos políticos que hay, que según entiendo ya llegan a cerca de 80 en el estado de Puebla, digo, están detenidos cerca de 20 pero están procesados cerca de 80, están sometidos a un juicio injusto, totalmente antidemocrático”.

[quote_box_right]“me parece que la exacerbación del conflicto social va a hacer que se dispare este malestar social en el estado, entonces un posible escenario es que se amplíe la brecha entre el gobierno del estado y la sociedad civil poblana y esa ampliación, esa distancia entre unos y otros, no puede provocar más que conflicto social”[/quote_box_right]

Al respecto, el politólogo de la Universidad Iberoamericana Puebla, Juan Luis Hernández Avendaño, recordó que los presos políticos o “presos sociales, por tener una agenda de defensa y cuidado del territorio” se inscriben en una circunstancia de represión social y agudización de los conflictos sociales que no se había vivido en Puebla, “ni tampoco este nivel de número de presos por defender derechos culturales, derechos sociales de las comunidades”.

“A mí me parece –agrega- que el hecho de que el estado esté aumentando el número de presos sociales habla de esta circunstancia anómala, de tener un gobierno que cree más en la fuerza pública, en la coerción, que en el diálogo”.

Un diálogo que entre sus obstáculos no sólo está la indiferencia del Estado, sino la ausencia de una oposición saludable y necesaria en las democracias, como lo apunta Glockner: “Otro rasgo de la antidemocracia en Puebla es que el Poder Ejecutivo dispone del Poder Judicial y del Poder Legislativo a su antojo, es decir, no hay división de poderes en el estado, por lo tanto no hay contrapesos y eso es muy importante en una democracia”.

En un contexto de crisis como el que se vive no sólo a nivel local sino nacional, los gobiernos tienen la tarea de garantizar la gobernabilidad democrática, lo que supone agotar y privilegiar el diálogo, insiste Hernández Avendaño y lamenta que el gobierno de Puebla esté actuando al revés, con acciones contra la sociedad civil que protesta, lo cual es “un error en términos de política gubernamental”.

Un ejemplo de la persecución de opositores políticos, dice Glockner, es la detención de los cuatro detenidos en San Andrés Cholula –Adán y Paul Xicale, y Primo y Albino Tlachi–, durante el desalojo de la toma de la presidencia municipal sanandreseña la madrugada del martes 7 de octubre. A Adán Xicale le pretenden dar una sentencia de 54 años de cárcel por su defensa de la zona arqueológica de Cholula y el Santuario de la Virgen de los Remedios, acusado entre otras cosas de motín, despojo y ataques al orden constitucional.

Foto: Marlene Martínez

“Esto de los ataques al orden constitucional, es el equivalente en los años 60, en el gobierno de (Gustavo) Díaz Ordaz, de lo que se llamaba el delito de disolución social, es una fórmula que se inventa para detener a la gente, a los opositores políticos”, advierte el antropólogo y califica las detenciones como “un cuadro de injusticia escandalosa”, que refleja el escenario que se vive hoy en Puebla.

Despertar social

Pese a la represión, son cada vez más las personas de la sociedad civil que se suman a las distintas luchas y exigencias, desde las locales, como la oposición al Parque Intermunicipal o de las 7 culturas en los terrenos que rodean a la pirámide de Cholula, contra la construcción del Gasoducto Morelos que pasaría por zona de riesgo volcánico, contra la privatización del agua y contra las encarcelaciones injustas, a las nacionales, que demandan la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Las calles llenas de gente, para Glockner, son sinónimo de que el estado vive una madurez a nivel social que antes no se veía, ni siquiera en la BUAP, cuyos estudiantes ahora, luego de “décadas de apatía y movilidad, han reaccionado”, organizándose por facultades y asambleas, participando con otros estudiantes a nivel nacional. “Este es un signo muy saludable, porque en una democracia si no hay esta movilidad, esta discusión, esta reflexión, el cuestionamiento a las políticas públicas, es una sociedad muerta, intelectual y políticamente muerta”.

Juan Luis Hernández comparte la visión de Glockner respecto al despertar de la sociedad poblana: “Es lo que hemos visto, una organización y respuesta social frente a la represión gubernamental” que, además, considera probable que sigan en aumento. “Ha habido un par de años en que el gobierno del estado ha agudizado su represión frente a las protestas sociales y sin embargo las protestas sociales no bajan, al contrario, se incrementan, justamente por esta agudización de la represión social”.

Para el investigador de la Ibero, el escenario posible para Puebla es incluso que se radicalicen más los actores sociales frente al gobierno del estado, y muy probablemente haya una mayor confrontación. Aunque es un escenario poco deseable, Hernández dice que sería a causa de una falta de voluntad política para atender la protesta social desde “una perspectiva inteligente, de diálogo y negociación”. Por eso, “me parece que la exacerbación del conflicto social va a hacer que se dispare este malestar social en el estado, entonces un posible escenario es que se amplíe la brecha entre el gobierno del estado y la sociedad civil poblana y esa ampliación, esa distancia entre unos y otros, no puede provocar más que conflicto social”.

En opinión de Glockner esta ausencia total de democracia en Puebla es evidente porque “en el fondo tenemos la misma naturaleza de un Estado incompetente, de un Estado autoritario”.