El proceso de negociación que culminó el 31 de julio de este año entre representantes de comunidades y la empresa Hidroeléctrica Santa Rita es, hoy por hoy, un papel mojado. El acercamiento que comenzó con la onegé Ceder, contratada por la empresa para mediar con los pobladores, ha concluido con la intervención directa del Estado que intenta garantizar una inversión que, tras los desalojos y tres muertos, sigue en el aire.

Foto: James Rodríguez.

Bill Barreto | Plaza Pública

@PlazaPublicaGT

43 kilómetros de la cabecera de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz, y a 265 kilómetros de Ciudad de Guatemala, se ubican las fincas Xalaha Canguinic y Santa Rita, en esta última estaba prevista la construcción de la hidroeléctrica Santa Rita. Para llegar al proyecto hay que desviarse de la carretera asfaltada a la altura de la comunidad de Secocpur y adentrarse por una brecha de terracería durante alrededor de 30 minutos. Los árboles, a ambos costados del camino, son interrumpidos por milpas, que luego dan paso a más árboles y arbustos entre colinas. Mientras la brecha se estrecha, y los kilómetros pasan, los guías indican la cercanía de la comunidad de Monte Olivo. Epicentro de los conflictos en la zona.

Se visita el territorio 15 días después, de realizado un desalojo en las dos fincas, y de un enfrentamiento entre pobladores y policías en la comunidad de Samacoch, alejada del conflicto, donde fueron asesinadas tres personas —según los pobladores a manos de policías y según la policía en un conflicto entre los mismos vecinos—.

A la entrada de Monte Olivo, la comunidad que ha concentrado buena parte de la conflictividad por el proyecto, un grupo de hombres hace guardia.

Es una tarde de principios de septiembre con cielos nublados,  tensión  en las miradas vigilantes y en los restos de troncos usados para cerrar el paso. Una veintena de hombres, en su mayoría jóvenes, aguardan. Autorizan el ingreso del vehículo al área, sólo piden, exigen, que se cuente su historia, que no se crea todo lo que dicen sobre ellos y su oposición a la construcción de la hidroeléctrica.

A menos de cinco kilómetros del punto de control en Monte Olivo los árboles casi cierran el paso. De pronto, como si de un animal prehistórico se tratara asoman los restos de una excavadora mecánica amarilla. La pala se deja ver como el cuello de una bestia entre enredaderas. Hemos llegado a Nueve de Febrero, el asentamiento formado en oposición al proyecto hidroeléctrico Santa Rita.

La composición de Nueve Febrero, una improvisada comunidad formada por una veintena de familias de sitios vecinos, juega un papel clave, significó una presencia permanente en dos fincas, una donde se realizaría la obra y otra que daba acceso al lugar de construcción. Su ocupación de hecho conmemora el desalojo de un campamento militar instalado en ese sitio luego de que los vecinos expulsaran a trabajadores de la empresa.

¿Qué es la hidroeléctrica Santa Rita?

Santa Rita es un proyecto sin arrancar, una obra sobre la que hay informes, estudios, planos, reportes y muchos conflictos sociales, pero poco o casi ningún trabajo sobre el terreno. Hidroeléctrica Santa Rita S.A. fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 de agosto de 2008 por Roberto Carlos Antonio López Roesch, de 33 años en ese momento,  y José Gregorio Presa Rodríguez, de 29 años. La empresa fue formada con apenas Q6 mil, con un tercio de las acciones a nombre de López Roesch y dos tercios de Presa Rodríguez. Pero autorizada para tener un capital de hasta Q100 mil.

La empresa fue creada con apenas Q1 mil más del mínimo para constituir una sociedad anónima (Q5 mil). Pese a estos frugales comienzos, un año después, el 31 de agosto de 2009, la compañía pidió un incremento en su capital para alcanzar los Q25 millones.

El primer registro de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto data del 27 de enero de 2009 y da cuenta del uso del río Icbolay, conocido también como Dolores, para la generación de entre 18 y 22 megavatios.  En este  se detalla que la hidroeléctrica  tiene un esquema de generación “al filo del agua”, es decir que no requeriría de una presa para almacenar el agua, sino que aprovecharía el caudal natural del río y su caída. Además  la totalidad del proyecto transcurriría dentro de la propiedad de la hidroeléctrica en la finca Santa Rita.

El esquema de producción de la hidroeléctrica incluye desviar una porción del afluente con una presa de 64 metros y una altura de 13.5 metros, ocho de ellos sumergidos en el río, lo cual conduciría el agua por un canal de 600 metros de largo con cuatro metros de profundidad y cuatro de ancho. Este canal correría paralelo al río, el cual mantendría su cauce, siempre dentro de los límites de la propiedad a ambos lados del afluente, y luego de transferir su energía mecánica en la casa de máquinas regresaría al río. En teoría, sin afectar el abastecimiento de agua de las poblaciones río abajo, ni inundar ninguna zona.

El río Icbolay, se transforma más abajo en el río Dolores y en uno de sus desvíos hacia el oeste se convierte en el Canguinic, una maraña de afluentes; corre entre las montañas de Alta Verapaz como una cinta verde abriéndose camino por quebradas. De un caudal estable durante la mayor parte del año y situado en una región de lluvias permanentes, la ubicación de la represa buscaba aprovechar el desnivel natural del río. Este tendría entre el punto de desvío y la casa de máquinas donde se generaría la energía un desnivel de 22 metros, caída suficiente para sus metas de producción. Esas eran las proyecciones, los planes abortados sucesivamente.

[quote_left]De cumplirse el acuerdo en un periodo de tres años de construcción en total las 14 comunidades recibirían Q31 millones 500 mil; y durante 20 años de operación Q294 millones.[/quote_left]

Como restos de esos planes quedan cuatro máquinas abandonadas,  dos palas mecánicas y dos aplanadoras, desperdigados en el camino hacia Nueve de Febrero. Quedan también, desde 2008, dos niños y dos hombres muertos en conflictos por las disputas sobre este proyecto, al menos otros cuatro heridos de bala… y muchas, muchas incógnitas.

Una autorización, negociaciones  y vuelta a empezar

—Lo que queremos es que el proyecto deje algo a la comunidad. Primero nos opusimos, luego lo apoyamos. Hay un grupo que todavía se opone son 30 o 40, en su mayoría familiares. Otros que no se meten  —afirma uno de los dirigentes del movimiento, el cual los demás identificaran como David Chen.

—Lo que queremos es estar paz —dirá en español el hombre moreno de bigote delgado, luego de que durante más de una hora junto a otro acompañante, por medio de un intérprete q´eqchi’ den su versión de los conflictos.  Esto lo dice sin la intermediación del traductor que nos asiste en un café de Cobán, 15 días después del desalojo de agosto. Mostrará luego un carné que lo acredita como integrante del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la comunidad y pedirá se reserve su nombre por temor a represalias.

Pocos podrían prever las consecuencias de los trabajos de exploración de 2008, al que siguió un Estudio de Impacto Ambiental en 2009 y la autorización definitiva del proyecto en 2010  por medio del acuerdo del Ministerio de Energía y Minas, 115-2010, para “el uso de bienes de dominio público”, (el río) por 50 años.

Los primeros acercamientos de la empresa con las comunidades vecinas al proyecto fueron en 2008, pero se intensificaron en 2009. El 25 de septiembre de 2008 la directora de la organización no gubernamental Centro Para el Desarrollo Rural (Ceder), Claudia Villagrán, dirige una carta al alcalde del municipio de Cobán, Leonel Arturo Chacón, para informarle del “Plan de inversión social para el desarrollo comunitario de las comunidades del municipio de Cobán, Alta Verapaz”.  La misiva fue enviada tanto a nombre de Ceder como de “Inver-Hidro S.A.”, de la cual Carlos Antonio López Roesch era presidente del consejo de administración.

Entre 2009 y 2013, según Villagrán, Ceder recibió US$200 mil anuales para invertir en proyectos de desarrollo en el área de influencia de la hidroeléctrica. Al principio en las comunidades de San Isidro, Yilquiché Canahú, Monte Olivo y Santo Domingo Cunixpur, y luego se extendió hasta alcanzar a 16 localidades aledañas.

El modelo desarrollado allí, en cualquier caso, y en eso coinciden tanto opositores al proyecto como población a favor, fue convencer a los pobladores. Entrevistaron a vecinos sobre sus necesidades y se promovió la construcción de la presa como una alternativa de trabajo temporal y de desarrollo. Ampliar el camino, vender derechos de paso para las líneas de transmisión del tendido eléctrico y, finalmente, aunque eso no dependía de la empresa sino del Programa de Electrificación Rural, se prometió llevar energía a las comunidades.

En la práctica, entre 2009 y 2011 los programas que Ceder pudo llevar a las comunidades fueron paliativos: remodelación de una escuela rural, útiles escolares para los niños, pago del salario de maestros cuando la municipalidad se atrasa, entrega de tinacos (depósitos para almacenar agua en las casas)… Con todo y eso Villagrán, asegura que era mucho más de lo que los vecinos recibían de sus autoridades.

Ceder ocupó  un espacio donde el Estado estaba ausente. Entre 2008 y 2011 no hay reportes en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de la ejecución de proyectos con fondos municipales en la zona del proyecto, excepto la instalación de una tubería para agua potable hace cinco años, por un costo de Q1 millón 800 mil, y la construcción de un puente colgante por Q30 mil. Eso en 2009.  Mientras que con fondos de los Consejos de Desarrollo sólo se tiene constancia de la construcción de un sistema de agua potable en Yiquiche Canahu en 2010, por Q1,202,919 con un aporte de Q527,974 de la misma comunidad, nada más.

En un acta suscrita en Monte Olivo el 21 de enero de 2009, el representante de Ceder informa a los vecinos de la adquisición de una parte de la finca Xalaha Canguinic, de la familia Ponce, la cual se convertirá en finca Santa Rita. “Hace saber también que tienen contemplado ayudar o apoyar a las comunidades circunvecinas en algunos proyectos de beneficio social. Y que son promesas que la empresa cumplirá, no como otras que ofrecen y no cumplen”, reza el acta suscrita a mano y sellada en su mayoría con huellas digitales.

Irónicamente en la misma acta la empresa ofrece un equipo de paneles solares para que la comunidad de Monte Olivo utilice el equipo de Telesecundaria que tenían pero no podían usar por falta de electricidad. Se ofrece, además, mejorar el camino que conduce al poblado, introducir el agua potable y gestionar ante el Fondo Guatemalteco de la Vivienda (Foguavi) la construcción de viviendas mínimas.

En el documento, sin embargo, se deja constancia ya de las futuras resistencias. Un representante de la  “oficina Turcios Lima (…) insta a que la misma aldea tiene que formar su propio comité para  luchar por el desarrollo personal y social y no creer en ofrecimientos de asociaciones que muchas veces solo vienen a estafar a la población”.

[quote_box_left]Extracto del texto originalmente publicado en Plaza Pública. Click aquí para seguir leyendo. [/quote_box_left]