Ocho de las 32 entidades federativas del país es donde se han hecho 81% de las averiguaciones previas (AP) en delitos de fuero común sobre el tema de trata de personas: Puebla es una de ellas.
Aunque esta cifra muestra una incidencia mucho más alta en una ruta específica que va de Chiapas y pasa por Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y va hacia Aguascalientes, como una ruta de paso y traslado, los datos recabados en el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México, hecho por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) sólo encontró 629 averiguaciones previas por este delito entre 2009 y 2011. De éstas, 343, lo que equivale al 81%, están concentradas en ocho estados.
En total, en Puebla hay 39 averiguaciones previas, ocupando así el tercer lugar a nivel nacional después de Aguascalientes, con 89, y Chiapas, con 88. Pese al alto número de casos denunciados y seguidos ante la ley del delito de trata de personas, Puebla es una de las tres entidades –junto con Chiapas y el Distrito Federal– en donde mayor cantidad de averiguaciones previas se han traducido en consignaciones con responsables detenidos. Puebla es parte de las entidades con mayor índice de averiguaciones, y está en el rango de entre 25 a 89 AP por trata de personas.
En el diagnóstico de la Segob se explica que pese a las legislaciones sobre trata hay una falta de estadísticas de la incidencia de este delito a nivel nacional. Además, de las 629 averiguaciones, 32% fueron denuncias del fuero federal. En algunos estados ni siquiera hay datos, lo que se explica porque no tiene mucho tiempo que varios estados tipificaron el delito de trata de personas –Puebla ya lo tipificó y tiene una legislación específica para el mismo–, lo que ha contribuido a limitar la capacidad institucional para perseguirlo y castigarlo.
La baja tasa de denuncias también se debe, de acuerdo al análisis, porque muchas veces las víctimas siguen amenazadas por los tratantes o por el temor a ser revictimizadas por las propias autoridades. Y generalmente los funcionarios (agentes del ministerio público y jueces) suelen clasificar diferente el delito.
[quote_box_left]La baja tasa de denuncias también se debe, de acuerdo al análisis, porque muchas veces las víctimas siguen amenazadas por los tratantes o por el temor a ser revictimizadas por las propias autoridades.[/quote_box_left]
Para el diagnóstico, la Unodc se apoyó con cifras de otros delitos relacionados con la trata de personas, de contexto y también con cifras generales de violencia. Los estados donde hay más averiguaciones por delitos relacionados con trata son, de acuerdo al diagnóstico, donde hay menos incidencia de delitos, especialmente los que tienen que ver con el crimen organizado, y es en las entidades con mayores cifras de violencia en general donde hay menos averiguaciones por trata.
De acuerdo a un informe de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, México está entre los países de Nivel 2, lo que significa que el gobierno nacional no cumple con la Ley de 2000 de Protección a las Víctimas de la Trata (TVPA, por sus siglas en inglés), pero que de acuerdo a los estándares de las Naciones Unidas “hace esfuerzos considerables para cumplirlas”.
A nivel país, Puebla es uno de los estados que cumple con la mayoría de los lineamientos del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), y uno de los primeros en México en tipificar el delito de trata de personas desde el congreso local.