Humberto Márquez* | Cimacnoticias, IPS

Caracas. Venezuela se apresta a aprobar una nueva ley contra la discriminación a personas con VIH/Sida, mientras cada año la epidemia deja casi 4 mil muertes y más de 11 mil nuevos casos en el país, en su mayoría jóvenes y, cada vez más, mujeres.

La unicameral Asamblea Nacional legislativa aprobó en una primera lectura el proyecto que presentó la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez. Lo hizo por unanimidad de la mayoría gobernante y la minoría opositora, algo inusual en este país extremadamente polarizado.

La “Ley para la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH o Sida y sus familiares”, aseguró Ramírez al presentar el texto el pasado 8 de julio, “le da oportunidad al Parlamento de promover la igualdad y reducir la vulnerabilidad de un sector de la población que ha padecido discriminación”.

“El estigma y la discriminación relacionados con VIH (virus de inmunodeficiencia humana) son la principal barrera en la lucha contra esta epidemia en todo el mundo”, dijo a IPS/Cimacnoticias la oficial para Venezuela del Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida), Alejandra Corao.

Por ello, “lo más importante es que 30 años después de la llegada de la epidemia, el Estado reconoce que hay un grave problema de discriminación”, dijo Alberto Nieves, director de la no gubernamental Acción Ciudadana Contra el Sida, en diálogo con IPS/Cimacnoticias.

Entre 1982 y 2013, recordó la defensora Ramírez, hubo hasta 31  mil 512 casos oficialmente registrados de portadores del virus. Nieves considera que el número actual de casos está en el rango más alto de los estimados por Onusida, unas 160 mil personas.

El proyecto de ley garantiza a pacientes con VIH, en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía, los derechos al trabajo y a la función pública, a la educación, la salud, cultura y deportes, a gozar de beneficios de programas sociales, créditos bancarios, así como confidencialidad sobre su situación de salud y respeto a su vida privada.

También se establece que vivir con Sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) no será causal para suspender derechos de patria potestad sobre las y los hijos e incorpora, como exhortación, la responsabilidad de los familiares para cuidar, acompañar y proteger a la persona enferma.

Al garantizar la igualdad, la ley enfatiza ese derecho para las y los jóvenes, porque 40 por ciento de las nuevas personas portadoras tienen entre 15 y 24 años.

También lo hace en el caso de las mujeres, para quienes ordena atención especial durante el embarazo, parto y puerperio, al igual que las personas con discapacidad y las privadas de libertad.

Se establecen sanciones penales, disciplinarias y pecuniarias a los responsables de discriminación en todos los campos señalados.

Eso evitará que se repitan situaciones como la de una maestra de una ciudad del occidente venezolano, de la que no se dan más detalles a su pedido, que terminó despedida tras la campaña en su contra de los padres de familia, cuando descubrieron que había acudido a la unidad de Sida de un hospital a realizarse unos exámenes.

Sin embargo, de las disposiciones protectoras contra la discriminación quedan exceptuadas todas las fuerzas militares y policiales del país.

“Con esa excepción no estamos de acuerdo. Nadie debería ser excluido y esperamos progresos en ese punto cuando estudie el proyecto la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento y lo lleve a la plenaria para la segunda discusión”, artículo por artículo, dijo a IPS/Cimacnoticias el activista Estevan Colina, de la Red Venezolana de Gente Positiva.

Nieves confía en que la segunda discusión enmiende la excepción militar-policial “pero más importante es lo positivo de la ley, comenzando por la aceptación de un tema de Derechos Humanos en forma unánime por formaciones políticas tan contrapuestas en el marco de la polarización que vive Venezuela”.

La ley, cuya sanción las organizaciones y activistas esperan que se produzca este año, daría un espaldarazo a las campañas contra el flagelo, de similares dimensiones a la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela, que en julio de 1998 ordenó a los órganos estatales de salud el suministro gratuito de los tratamientos de antirretrovirales a las y los pacientes con Sida.

En Venezuela, con 30 millones de habitantes, actualmente lo reciben 43 mil personas, equivalente a 73 por ciento de cobertura o de personas que requieren el tratamiento, dijo Corao. El promedio mundial es de 37 por ciento y el latinoamericano de 45 por ciento, según Onusida.

El gasto público venezolano frente al VIH/Sida se cifra en unos 100 millones de dólares anuales, y aproximadamente la mitad de esa suma en medicamentos, un esfuerzo que según diversas organizaciones civiles se resiente por desorganización de la burocracia.

“En ocasiones no hay personal capacitado en todas las regiones para manejar el programa sobre VIH/Sida, falla la coordinación o los transportes entre la capital y las regiones, o la industria farmacéutica se abstiene de acudir a licitaciones”, ejemplificó Nieves.

El desabasto de los antirretrovirales genera cíclicas protestas de las y los pacientes afectados, en un país donde “la escasez de medicamentos puede cifrarse entre 35 y 50 por ciento”, detalló a IPS/Cimacnoticias el infectólogo Julio Castro, de la no gubernamental Médicos por la Salud.

Las campañas de prevención y educación también requieren renovados refuerzos, a juzgar por el alza de nuevos casos: 4 mil 553 en 2004 y 11 mil 181 en 2012, según el Ministerio de Salud. En mujeres hubo mil 408 nuevos casos en 2004, y 2 mil 236 en 2012.

“Hay una feminización de la epidemia, situación no exclusiva de Venezuela, pues en 2003 era mujer uno de cada cinco casos y en 2007 ya uno de cada tres”, señaló el representante de Onusida.

“Las mujeres que de manera creciente resultan afectadas no son sólo ‘trabajadoras sexuales’, sino amas de casa, empleadas, profesionales o estudiantes. Y uno de los principales problemas asociados es el de la violencia doméstica”, agregó Corao.

Otro campo de avance de la enfermedad ha sido el de adolescentes y jóvenes, el grupo etario de 15 a 24 años, “pues en toda América Latina hay una percepción de disminución del riesgo y los jóvenes que no vivieron el ‘boom’ de la epidemia en los años 80 se comportan como si se tratase de un problema del pasado, ya superado”, comentó la experta.

En 2013 perecieron en todo el mundo 1.5 millones de personas por causas relacionadas con el Sida, 35 por ciento menos que los 2.4 millones de 2005. Pero Onusida señaló en un reporte publicado en julio pasado que de los 35 millones de personas con VIH, unos 19 millones ignoran que viven con el virus.

*Este artículo fue originalmente publicado por la agencia internacional de noticias IPS.