Foto: Marlene Martínez

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

“No hay justificación alguna para que un niño de 13 años (haya muerto), y no hay justificación alguna para que hoy por hoy los responsables estén libres y no haya una sola persona detenida con motivo del homicidio del menor”, pero a pesar de que no hay la justificación, como lo planteó el pasado viernes el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva tras la comparecencia del procurador poblano, Víctor Carrancá Bourguet, lo cierto es que a un mes del violento desalojo de San Bernardino Chalchihuapan en donde perdió la vida el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, no hay un solo responsable detenido o identificado.

Lo único que hay hasta el momento por parte de las autoridades estatales son 98 dictámenes periciales con los que se sostiene la hipótesis de la autoridad de que la herida mortal de Tehuatlie Tamayo fue provocada por la onda expansiva de un cohetón lanzado por los pobladores durante el violento desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, y ni siquiera esa hipótesis es concluyente como reconoció Carrancá Bourguet en su comparecencia en la CNDH.

De hecho, el gobierno tuvo que reconocer que no había pruebas que incriminaran las cuatro personas que detuvo la tarde del enfrentamiento entre pobladores y policías y que mantuvo recluidas en el penal de Cholula, y tras promover  “incidente de libertad por desvanecimiento de datos” –por los delitos de “motín; desobediencia y resistencia de particulares; delitos cometidos contra funcionarios públicos; privación ilegal de la libertad; lesiones dolosas; tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso”, de acuerdo a un comunicado emitido por la dependencia- el juez del juzgado penal limitó los cargos al delito de ataque a las vías de comunicación y les impuso una fianza de siete mil pesos que permitió que la tarde del pasado 6 de agosto Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero abandonaran la cárcel.

Entre las irregularidades que se documentaron en la detención está el caso de Santiago Pérez Tamayo, un hombre de 75 años de edad, quien aseguró que hace años que no vive en Chalchihuapan y que estaba de visitando a su familia en el junta auxiliar cuando obligado por la situación tuvo que cruzar la zona del conflicto y fue aprendido y después obligado por agentes ministeriales a declararse culpable.

Premian a policías

Pero mientras se detiene a pobladores y se busca desde las autoridades estatales responsabilizar a los pobladores de la muerte del menor, aunque después hayan tenido que dar marcha atrás. A los policías se les premia o simplemente se ignoran sus antecedentes criminales.

[pull_quote_right]“No hay justificación alguna para que un niño de 13 años (haya muerto), y no hay justificación alguna para que hoy por hoy los responsables estén libres y no haya una sola persona detenida con motivo del homicidio del menor”[/pull_quote_right] A finales del 2011 el propio procurador del estado presentaba a medios a varias personas detenidas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexuales contra menores, y entre los detenidos estaba Mario Tomás González Ricaño, un policía asignado al municipio de Tepexi de Rodríguez, al sur del estado, a quién se le acuso de administrar un bar clandestino en Huauchinango, en plena sierra norte.

El nombre de González Ricaño saltó de nuevo a medios tres años después, el 22 de julio cuando medios que se editan en la ciudad de México dieron a conocer la versión de un policía que con 26 años de servicio narraba desde la cama de un hospital como fue golpeado severamente por los participantes en la marcha del 9 de julio, su nombre: Mario Tomás González Ricaño.

Cuestionado al respecto, el procurador del estado, minimizó la situación señalando que: “el hecho de que el policía tenga o no tenga ese precedente, que no constituye antecedente, pero el hecho de lo que haya ocurrido en otra ocasión en relación con su persona en nada cambia la agresión de la que fue objeto, y en nada cambia los golpes que recibió y el peligro de perder la vida que tuvo”.

Y con esa respuesta, el funcionario estatal intentó hacer de lado el hecho de que entre las filas de la policía del estado hay agentes de seguridad con antecedentes criminales, pues lejos de explicar la situación legal de González Ricaño o las razones porque las que fue liberado Carrancá Bouguet pidió enfocarse en las conclusiones que presentaba sobre el asesinato de José Luis Alberto.

“Lo que estamos investigando en esta averiguación previa es lo ocurrido el día 9 de julio y lo que cada una de las personas que estuvo ahí realizó ese día, si es una protesta pacifica, una manifestación de pobladores nada más, o hay otros actos violentos que generan consecuencias de naturaleza penal, eso es a lo que yo me estoy concentrando”.

Unos días más tarde, el portal e-consulta daba a conocer que el gobernador del estado había entregado un bono de 12 mil pesos a los policías que habían participado en la marcha. La información fue complementada por el diario digital Central, quién aclaró que la cifra en realidad había sido de 7 mil pesos y que sólo se había entregado a los agentes que resultaron golpeados en el desalojo.

“Pura mentira”

En este mes son pocas las veces que se ha escuchado la voz de Elia Tamayo, la madre de José Luis Alberto, la mujer menudita que desde el pasado 9 de julio perdió al mayor de sus hijo, al único varón. Y esas pocas veces que se ha oído es para señalar y responsabilizar al mandatario poblano de la muerte de su primogénito.

Foto: @earoche

Ayer, al finalizar la manifestación que congregó a casi diez poblanos en las calles para exigir justicia y un juicio político a Moreno Valle, la mujer volvió a apuntar el dedo hacia la casa de gobierno.

“Acabó con la vida de mi hijo, y eso no se vale. Él pura mentira, lo que está haciendo es pura mentira. Yo tuve mucha presión cuando estaba en el hospital, pero yo dije jamás voy a recibir nada, como si hubiera vendido a mijo, mijo no tiene precio, jamás”.

Y continúa: “Hoy nos tocó a nosotros, si no quitamos todo esto (la #leybala) otro día podría pasar con otros pueblos. Pueblos unidos jamás podrá el señor gobernador contra nosotros. Él dice que va a cuidar a los niños y no lo está cumpliendo, acabó con la vida de mi hijo, y eso no se vale, él todo pura mentira, lo que está haciendo es pura mentira”.

Elia Tamayo habla desde la fuente de San Miguel, a su lado sus familiares la arropan, en un segundo circulo la acompañan otros vecinos de Chalchihuapan y en un tercer circulo concéntrico la rodea activistas de las organizaciones que convocaron -Contingente Puebla, Puebla Vigila, Bordados por la Paz, Tetela Hacia el Futuro y Unitierra- a la marcha mientras las grabadoras y video cámaras la graban.

Sí, han pasado ya 32 días y hasta el momento aún no hay responsables.