México, Distrito Federal. Es claro el mensaje a la sociedad civil movilizada, lanzado a través de la represión contra la marcha del 2 de octubre de 2013: las autoridades no permitirán que la inconformidad social se manifieste en la plaza pública más importante de México, valora el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
En un informe realizado a propósito de las violaciones a derechos humanos cometidas por la policía en la marcha conmemorativa de la masacre de 1968, los defensores de derechos humanos documentaron agresiones al derecho a la vida, la libertad, la seguridad jurídica, entre otros, y advierten: “La criminalización de la protestas no es una expresión del estado de derecho, hay una racionalidad política y la intención de eliminar los conflictos de la esfera política para llevarlos al campo penal”.
En el informe “45 años de impunidad conmemorados bajo represión estatal”, el centro de derechos humanos remarca que “El castigo ejemplar, la represión disuasiva y sistemática y la construcción de un discurso de justificación del estado de excepción, son elementos para atajar al pensamiento crítico y disciplinar a la sociedad”, y advierte que es una estrategia deliberadas de las autoridades, que exhiben un fuerte tinte autoritario.
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