Mely Arellano

@melyarel

1474 mujeres fueron víctimas de violencia en los primeros cinco meses de este 2013 en Puebla. Esto significa, en promedio, 10 mujeres cada día. La violencia económica se registró en 345 casos, la física en 246, la psicológica en 704, la sexual en 42 y otros tipos de violencia en 58 casos. La capital del estado es el municipio que más incidencia registra, con 863; le siguen Huauchinango, San Pedro Cholula y Cuautlancingo.

Los datos fueron obtenidos por el Programa de Género y VIH del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Ibero, a través de solicitudes específicas vía Infomex al Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), al DIF estatal y a la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH).

Aunque, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 2011 Puebla es  el quinto estado con más casos de violencia hacia la mujer, en proporción poblacional, con 951 mil 390 registros; es decir, una de cada dos poblanas. La misma encuesta reveló que sólo una de cada cuatro mujeres denuncia las agresiones en su contra.

La frialdad de los números impide, quizás, ver el reflejo de una realidad que persiste más de lo que la sociedad está dispuesta a reconocer, pero que no se olvide: detrás de cada cifra hay una historia, un rostro.

La violencia hacia la mujer, explica Karina Iliana Adame Márquez, responsable del Programa de Género y VIH del Ellacuría, está “naturalizada”.

–Socialmente se ve como algo normal dentro del sistema patriarcal. Son prácticas que desde hace muchísimo tiempo existen y que se han naturalizado. Con todos los trabajos que se han realizado, desde la corriente feminista, poco a poco se ha ido visibilizando esta problemática y tan es así que se han hecho leyes y demás, pero sigue siendo una situación bastante desfavorable en la que nos encontramos, en todos los niveles socioeconómicos.

Se trata de un problema que puede escalar hasta su forma más extrema que es el feminicidio. En el estado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) reporta sólo cuatro casos de feminicidio y 44 homicidios dolosos de mujeres de enero a junio de este año, una cifra 34 por ciento mayor a los casos registrados en el mismo periodo del año pasado.

–Son mujeres asesinadas por una cuestión de género dentro de esta permisividad social que hay ante la violencia contra las mujeres. En su mayoría los asesinatos son cometidos por las propias parejas –dice Adame Márquez-, y en esas relaciones muy probablemente había una situación de violencia, de control, de dominio por parte de la pareja sobre ellas. Incluso, al estar constantemente violentándolas, llega un punto en el que la mujer puede decidir suicidarse como una forma de escapar de esta situación que también es una forma de feminicidio, o ellos llegan a asesinarlas como una forma de total control sobre sus vidas.

Imagen tomada de texitiani.blogspot.mx

Es un problema grave y de urgente atención sobre el que incluso ya se ha legislado a niveles federal y estatal. Puebla cuenta desde el 2007 con una Ley Para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que describe mecanismos específicos de carácter institucional para prevenir y erradicar la violencia tanto en el ámbito público como en el privado que, en concordancia con los pactos internacionales, prevé una coordinación entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).

–El feminicidio se puede evitar si se trabaja en prevención de la violencia contra las mujeres, si se atendieran adecuadamente los casos y se modificara este orden social en el que nos encontramos de enormes desigualdades y violencia hacia ellas. Es un gran logro que se haya tipificado el delito de feminicidio, hay  muchas cosas que todavía se tienen que aclarar y que trabajar, pero es importante trabajar aún más con la prevención.

En el 2011, el Instituto Ellacuría analizó la Ley Para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y recomendó la gestión de “acciones transversales no sólo de carácter formal-normativo, porque aunque se cuente con leyes proveedoras de herramientas jurídicas, se carece de solidez a nivel estructural, por lo que la interpretación y aplicación de las leyes no será el adecuado”.

También consideró “vital que se establezca de forma clara los procesos de registro y sistematización de la información, porque además de acercarnos a una realidad que describa los actos más recurrentes hacia ellas, se pueden concretar políticas criminales y políticas públicas preventivas que diriman situaciones para que las mujeres no tengan que llegar al sistema penal cuando éste no garantiza sus derechos, su seguridad y su acceso a la justicia”.

–Estuve trabajando muchos años como terapeuta en el área de atención y prevención a la violencia familiar del DIF municipal –recuerda Iliana Adame- y es una situación constante a la que te enfrentas: ellas manifiestan la situación de riesgo en la que se encuentran y acuden constantemente a las instancias legales, competentes para darles esa protección y no se hace absolutamente nada. O son procedimientos muy largos, desgastantes, tardados, que al final de cuentas, de aquí a que salga la orden de restricción la pareja ya la volvió a violentar, la sigue amenazando, acosando, lastimando y están totalmente desprotegidas. Por más que se trabaje con ellas para que tomen medidas de autoprotección, sí tendría que haber una protección por parte de instancias legales. En un caso que tuve, ella vivía violencia severa y en algún momento él llegó a amenazarla con un arma, entonces cuando va y levanta la denuncia al MP, la respuesta es «¿pero entonces está armado?», y ella se dio cuenta que no querían ir por temor a esta persona que estaba armada, ¡imagínate la situación en que ella se encontraba!

En Puebla, de enero del 2011 a junio del 2012 se conocieron 6 mil 237 casos de violencia contra mujeres y a ninguna se le concedió orden de protección. Sin embargo, la investigadora advierte que no es un asunto sólo de los jueces que deben expedir dichas órdenes.

–Hay muchas dependencias de gobierno que trabajan en atención directa de mujeres, para diferentes situaciones o necesidades y en específico en atención a la violencia. Una de las terribles deficiencias es que no se trabaja en conjunto, las instituciones están totalmente desvinculadas. Ni siquiera entre DIF’s, el municipal de Puebla, el de Cholula no sabe lo que está haciendo el estatal, tampoco conocen cuáles son las actividades programadas del IPM y demás. Sí creo que se tendría que llevar una agenda en conjunto para poder atender las diferentes necesidades por parte de las instancias públicas.

Es decir, si la Ley para el Acceso se aplicara obligaría a modificaciones incluso en la currícula para que desde el prescolar se trabajara en “la desconstrucción de los géneros”, lo mismo en el sector salud e, incluso, se podría incidir en los medios de comunicación para evitar que un mal manejo informativo reproduzca o promueva la violencia.

–Los medios satanizan o dan una imagen negativa de las mujeres, por ejemplo: “la matan por infiel”, justificando el feminicidio o “sí, como andaba en la calle a altas horas de la noche, qué esperaba”. Es muy inadecuado cómo se maneja la información.

Y volviendo a los feminicidios

Tomada de desdeabajo.org.mx

Iliana Adame reconoce que por tratarse de un delito de reciente tipificación aún hay muchas lagunas que revisar, sobre todo en cuanto a los protocolos de investigación y clasificación, “para saber qué está sucediendo, ante qué dificultades se están enfrentando para poder detectar los delitos desde un inicio como feminicidio y qué seguimiento se les da”.

El seguimiento hemerográfico de casos que realiza el Programa de Género reporta una “enorme diferencia” con las cifras oficiales. Lo mismo sucede con el registro del Comité contra Feminicidios en Puebla, que ya cuenta 33 feminicidios en lo que va del año.

–Desde la forma en cómo se presentan las notas ahí accedes a un montón de información que deslumbran que muy probablemente es un caso de feminicidio, sin embargo se están registrando en un inicio como homicidios dolosos. A partir de un trabajo que realizó la maestra Lourdes Pérez Oceguera junto con Ariadna Larrondo sobre feminicidios en Puebla, se plantea que hay tres elementos fundamentales para clasificarlos: la forma en que son asesinadas, de manera brutal, demasiado violenta; el lugar donde es encontrado el cuerpo, que en su mayoría es dentro de los domicilios o cuando son exhibidos en zonas públicas de forma exagerada y la tercera, y la relación entre la víctima y el victimario. Desde que analizas la nota encuentras esos elementos, sin embargo las cifras oficiales son muy diferentes.

–¿Por qué no se están reconociendo los feminicidios?

–Son muchos factores. No hay una base de datos sobre los casos de violencia a la que todas las instancias públicas tengan acceso. Todo está en papeles, en archivos gigantescos. No hay vinculación entre instituciones. Si se encuentra el cuerpo de una mujer asesinada e inmediatamente en la base de datos se detecta que ya estaba asistiendo a terapia psicológica porque ya tenía un antecedente de violencia de pareja, entonces vas encuadrándolo como delito de feminicidio. También influye el agotamiento, el desgaste por parte de los empleados de las instancias públicas. Y está la cuestión política, claro que tiene que ver, igual que sobre la problemática de trata, es algo que mientras menos se hable de ello… y mientras menos datos haya que reflejen de forma realista la realidad en la que vivimos… es como para mantener una imagen política, pública.

La académica sabe, y lo dice, que si bien la crítica tiene la intención de evidenciar un problema, también existe la disposición para ayudar a las instituciones a dar soluciones.

–Pero no hay esta apertura para decir “tenemos este problema, no sabemos cómo registrar los datos, que intervengan las organizaciones sociales, civiles, que intervenga una institución académica para que en conjunto podamos construir algo”. Luego en los foros se menciona, pero en la realidad no se lleva a la práctica.