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Camboya. (Periodismo Humano).- Hace siete años, unos hombres vinieron a hacer un agujero en las tierras en las que Chay Ty solía plantar su arroz. Ella se extrañó y preguntó al jefe de la comunidad. “Sólo toman muestras para hacer unos análisis”, le respondió. Unas semanas después, las máquinas empezaron a aplastar y a limpiar el terreno, sin previo aviso. Así es cómo se enteró de que le iban a quitar la tierra.

El gobierno de Camboya otorgó en julio de 2006 la gestión sobre el terreno donde plantaba Chay Ty y otras 200 familias, en Srae Ambel, al sur del país, a dos empresas azucareras, la Koh Kong Sugar Industry y la Koh Kong Sugar Plantation. Las empresas limpiaron el terreno de arroz y otros vegetales y plantaron caña de azúcar para abastecer a la refinería que instalaron en el mismo pueblo. Las familias se quedaron así sin su principal medio de subsistencia y sin ningún tipo de compensación.

Tras la concesión, la vida cambió radicalmente en la comunidad. Sin tierra en la que cultivar, las familias se quedaron sin dinero. Muchos emigraron y los que se quedaron ya no pueden pagar ni el colegio de sus hijos. “Antes podía permitirme enviar a todos los niños al colegio. Ahora he dejado sólo a los chicos. Las niñas ya no van”, asegura Chay Ty, que tiene cinco hijos, dos de los cuales son niñas. La tierra y el agua se fueron contaminando poco a poco por los químicos que se usan en los cañaverales y en la fábrica. Los ríos dejaron de tener peces que pescar y en los campos aledaños a los cañaverales todo lo que crece muere al poco tiempo.

Las nuevas plantaciones de caña tampoco les han dado trabajo.“A nosotros no nos quieren, porque se piensan que nos vamos a vengar. Traen trabajadores de otras provincias. Tienen una oficina especial sólo para buscarlos”, asegura Song Ram, una joven de 27 años cuyo marido estuvo trabajando algunas semanas para la empresa por las que nunca fue pagado. Matthieu Pellerin, investigador de la ONG local de derechos humanos LICADHO, explica que las empresas funcionan como una especie de mafia en la que agentes recorren el país para buscar a familias desesperadas que acepten las duras condiciones de trabajo en los cañaverales. Los trabajadores son luego alojados en campos dentro de las propias plantaciones de las que no pueden salir sin permiso. “Sabemos que los trabajadores viven en condiciones de semi-esclavitud. Los reclutan en las zonas rurales de todo el país y se les impide salir de las plantaciones”, asegura Pellerin.

Continúe leyendo el reportaje completo de Laura Villadiego y Nazaret Castro, publicado en Periodismo Humano, en el siguiente link.