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Amnistía Internacional

El menoscabo y la violación sistemáticos del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación han sido el sello distintivo de la trayectoria de Vladimir Putin en materia de derechos humanos durante el primer año de su tercer mandato como presidente de Rusia, ha dicho Amnistía Internacional en un informe publicado hace unos días.

La oleada de protestas a raíz de las elecciones a la Duma (Parlamento), en diciembre de 2011, y el intercambio de cargos entre Putin y Medvedev, dieron lugar a una gran cantidad de restricciones sobre estos derechos. Se han introducido dos nuevas leyes y se han modificado otras 11 en una amplia campaña represiva de la disidencia, las críticas y las protestas.

El informe de Amnistía Internacional, Freedom under threat: The clampdown on freedom of expression, assembly and association in Russia (Libertad bajo amenaza: Represión de la libertad de expresión, asociación y reunión en Rusia), analiza las novedades legislativas y los casos en los que se han aplicado vulnerando las obligaciones jurídicas internacionales de Rusia.

“El objetivo declarado de estas recientes iniciativas legales es garantizar el orden público y la protección de los derechos de los ciudadanos, pero su efecto ha sido el contrario: destacados críticos del gobierno, voces de la oposición, organismos reguladores y ciudadanos de a pie que se han manifestado sobre diversos asuntos han visto restringidos sus derechos durante el último año”, ha dicho John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central.

Las enmiendas hechas a la Ley Federal sobre Reunión en junio de 2012 han complicado excesivamente los procedimientos de aprobación y han incrementado notablemente las condenas para los delitos administrativos. Además, han impuesto responsabilidades adicionales sobre los organizadores, cuya responsabilidad por la actuación de los participantes ha aumentado. La prohibición o la disolución ilegal de las manifestaciones se ha convertido en algo habitual.

El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las detenciones arbitrarias han deslucido protestas como las de las plazas de Pushkinskaya y Lubianskaya, en marzo de 2012, y la de la plaza de Bolotnaya en mayo, además de las organizadas por el movimiento Estrategia 31 o las marchas populares de mayo de 2012.

 “Los gobiernos están obligados a permitir y salvaguardar las reuniones pacíficas, pero actualmente la postura de partida de las autoridades rusas es no permitir las manifestaciones con las que no están de acuerdo. Las ocasionales excepciones sólo confirman la regla”, ha dicho Dalhuisen.

En un lenguaje deliberadamente similar al de la guerra fría, una ley aprobada en 2012 exige que las organizaciones que reciban financiación del extranjero se describan como “agentes extranjeros” si se considera que participan en “actividades políticas” no definidas. Esta ley y la reciente “Ley Dima Yakovlev” restringen la financiación que reciben las ONG desde Estados Unidos y la capacidad de los ciudadanos estadounidenses de trabajar para organizaciones que tienen actividades en Rusia, imponiendo restricciones a la libertad de asociación que no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos.

La oleada de inspecciones de ONG –más de 200 desde el inicio del año en 50 regiones del país– ha afectado a todos los grupos de derechos humanos más destacados de Rusia y parece haber puesto en marcha la aplicación de esta ley.

La primera ONG que se enfrenta a actuaciones legales por presunta violación de la ley de “agentes extranjeros” es la Asociación de Defensa de los Derechos de los Votantes Golos (Voz), que desempeñó un destacado papel en la organización de las tareas de observación y la notificación de denuncias de fraude electoral en las elecciones parlamentarias de 2011 y las presidenciales de 2012.

Se han adoptado y modificado numerosas leyes que ponen en peligro la libertad de expresión. Con su extenso ámbito de aplicación y su amplia formulación, la Ley Federal sobre Espionaje y Traición puede utilizarse fácilmente para procesar a defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil rusos que cooperan con organizaciones internacionales.

 “La cantidad de nuevas restricciones que pretenden limitar la financiación extranjera y la influencia de las ONG en Rusia se ha justificado reiteradamente por la necesidad e preservar la estabilidad del país y protegerlo de intereses extranjeros hostiles. Éste es el típico discurso de los regímenes represivos de todo el mundo y no es nuevo en Rusia. Sin embargo, aunque el discurso de la estabilidad podría haber tenido resonancia en los primeros años de Putin en el gobierno, cada vez parece más un mecanismo para favorecer los intereses de unos pocos a costa de los derechos de la mayoría”, ha dicho Dalhuisen.

El hecho de que se haya vuelto a penalizar la difamación inhibe las críticas legítimas del gobierno o de los funcionarios, mientras que el proyecto de ley sobre la “blasfemia”, en reacción al caso Pussy Riot, impondría, de aprobarse, restricciones intolerables a la libertad de expresión.

 “Poco después de ocupar su cargo, el presidente Putin se declaró favorable a una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Pero su presidencia parece de hecho más una caza de brujas contra la disidencia o las voces críticas, mientras la sociedad civil corre peligro de verse asfixiada y aislada, esta vez no detrás de un telón de acero, sino legal”, ha dicho Dalhuisen.

 “La participación de la sociedad civil es un capital social de gran valor y a Rusia le interesa invertir en él. Sin embargo, el actual gobierno la está reprimiendo mediante toda una gama de violaciones de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, una tendencia que debe invertirse urgentemente.”